3 de septiembre de 2013
Los que menos ganan deben renunciar a una parte
Resulta que Japón está haciendo lo que no hace Estados Unidos ni Europa: un programa integral que implica políticas monetarias, fiscales y estructurales, así como regulaciones ambientales, y de salud y seguridad. Dentro de ese programa, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha pedido a las empresas que aumenten los salarios de los trabajadores.
Entre nosotros la historia es diferente. El FMI recomienda al Gobierno español una merma del salario nominal de un diez por ciento (además de medidas de estímulo fiscal temporales, reducción de la contribución de las empresas en un 1,7 % y un aumento del IVA con dos años de gracia).
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, apoya esta propuesta y ha venido a decir que aquellos actores que la rechacen frontalmente cargarán sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de los costes sociales y humanos.
El FMI da por supuesto (en una de esas prospecciones suyas, por lo general erróneas) que las medidas que ha propuesto elevarían el PIB un 5% en tres años, con una subida y posterior reducción del déficit fiscal, un aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones, y una bajada del desempleo entre el 6 y el 7% en 2016.
Para los dirigentes del FMI, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo no es suficiente que cuatro de cada diez familias sobrevivan en España con prestaciones y ayudas públicas. Hay que conseguir que el que gane 600 euros se avenga a ganar 540.
No se les ocurre en cambio pedir un aumento de impuestos a los que más tienen. Sabemos que en España los grandes grupos consolidados apenas tributaron en 2011 un 3,5 % por los beneficios. Declararon 85.984 millones de beneficio y pagaron a Hacienda 3.012 millones. Y ello en parte por la reforma que el gobierno de Zapatero introdujo en 2007 bajando el impuesto de sociedades del 35 al 30%, pero sobre todo por las deducciones que convierten el pago final en sólo un 3,5 %. En 2012 la recaudación ha subido al 12 % de los beneficios declarados de las empresas, pero porque el gobierno se ha visto obligado a buscar ingresos desesperadamente. En cuando la situación mejore, los empresarios volverán a exigir un mejor trato. La tendencia está clara. Antes que aumentar los impuestos a los que más tienen, nuestros dirigentes prefieren recortar prestaciones sociales y obtener ingresos con subidas del IRPF que pagan las clases medias, y del IVA, impuesto indirecto que paga igual el pobre que el rico. El pobre que tiene que comprar pañales para sus hijos contribuye a los ingresos públicos pagando un 21 % de IVA.
Todo el mundo sabe que con los ingresos que el Estado obtendría si los impuestos gravaran a la población equitativamente podría acometer políticas de reactivación de la economía y de creación de empleo público en sectores de interés social y sin “recortar” los derechos fundamentales de nadie. ¿Y…?
La estabilidad en el empleo es un privilegio a eliminar
En un balance lleno de eufemismos que hace el ministro de Guindos, la reforma laboral ya realizada es estupenda, porque permite crear empleo con un crecimiento menor y mejorar la competitividad gracias a la moderación salarial y a la flexibilidad.
Pero a Juan Rosell, presidente de la patronal, no le parece esto suficiente y propone eliminar los “privilegios” de los trabajadores con contrato por tiempo indefinido.
Los derechos elementales que los trabajores consiguieron en otro tiempo, y de los que ya ha sido desposeída la mayoría de ellos so pretexto de que vivimos en un mundo “absolutamente flexible”, son en opinión del señor Rosell un privilegio del que siguen disfrutando los trabajadores estables que quedan. En nombre de la equidad hay que igualar por abajo, hasta conseguir que todos los trabajadores pierdan “privilegios” como el de la estabilidad laboral.
El obrero puede ser despedido cuando interese al patrono (la llamada flexibilidad consiste básicamente en esto), y esa amenaza le hace obediente a las órdenes del jefe y temeroso de reclamar cualquier derecho. La opción que se está generalizando es esta: o parado, o esclavo laboral mal pagado.
Observemos la complacencia con que nuestros gobernantes (todos ellos económicamente boyantes y beneficiarios de muchos verdaderos privilegios) se felicitan por el descenso de parados.
No se les ocurre que la forma correcta de aumentar el empleo y la productividad consiste en un mayor gasto público en educación e investigación, y en una adecuada implicación de los empleados en el funcionamiento y los beneficios de la empresa.
Los inconvenientes de la transparencia
Seguimos sin conocer el patrimonio de la familia real. En la herencia de don Juan había, según el diario Pueblo, 1100 millones de pesetas, de los que 728 estaban en bancos suizos, correspondiendo al rey 375 de ellos. ¿Pagó el rey los correspondientes impuestos? ¿Cuánto tiempo estuvo ese dinero en bancos suizos? ¿Adónde fue luego?
Un portavoz de la casa real ha dicho que no han encontrado pruebas documentales de que se cumplieran las obligaciones tributarias derivadas, pero que tienen “la convicción” de que así se hizo. ¿Y por qué no solicita la casa real a Hacienda esas pruebas documentales y las hace públicas? Y aún más allá, ¿por qué no ofrece a la sociedad una relación de los bienes de su patrimonio y de sus declaraciones a Hacienda?
El Congreso ha vetado todas las preguntas de IU y UPyD sobre la herencia del Rey. Los principales partidos políticos, tan opacos hasta ahora y tan corruptos, se ven obligados a hacer propósitos de transparencia, pero con límites, y por nada del mundo extenderían la transparencia al pasado. Jesús Posada, presidente del Congreso, ha dicho que antes de meter a la familia real en la ley de transparencia hay que sopesar las ventajas y los inconvenientes. Pero ¿dónde están los inconvenientes sopesables de la transparencia, es decir, de que la sociedad sepa cuál es el patrimonio del rey, dónde y cómo lo ha adquirido y en qué lo emplea?
Así que a los ciudadanos que contemplamos las acciones y omisiones de nuestros políticos no nos queda sino sospechar que si se insistiera en exigir transparencia a la casa real, respecto al presente y al pasado, lo que llegara a saberse provocaría una crisis política definitiva en el Estado Español.
Dos casos de discriminación internacional
Aún admitiendo que el integrismo religioso musulmán es censurable (tanto como el judío o el cristiano), hay que reconocer que los Hermanos Musulmanes ganaron en Egipto las elecciones limpiamente. Aceptemos que quisieran imponer a toda la sociedad su ideología religiosa. Es algo criticable, pero no más que lo que hacen los partidos de la derecha que ganan elecciones entre nosotros y que imponen a toda la sociedad su ideología neoliberal. ¿Acaso no supera esta ideología a las demás en efectos criminales?
El ejército egipcio ha dado un golpe de estado que no ha sido condenado por Estados Unidos y ha dejado las cosas donde interesa a la política estadounidense. Ya se sabe que hay dictaduras buenas y malas, golpes de estado buenos y malos, victorias electorales buenas y malas.
La injusticia desata una violencia a veces incontenible. La ira de los Hermanos Musulmanes era de esperar. La réplica ha sido brutal. Quienes los han desposeído violentamente del poder que ganaron en las urnas los acusan de actuar violentamente. Presentarlos como terroristas justifica cualquier medida que se tome contra ellos. Y claro está: muchos de ellos terminarán siendo terroristas.
Segundo caso de discriminación:
¿Por qué se niega a Irán el derecho a enriquecer uranio?
El Tratado de No Proliferación (TNP) concede el derecho a tener armamento nuclear a sólo cinco países, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia (como heredera de la URSS). ¿Y por qué? Porque son los únicos países que habían detonado un ensayo nuclear hasta 1967. Como se ve, una razón nada convincente.
India, Paquistán e Israel, que no son signatarios del TNP, disponen de armas nucleares, y también Corea del Norte, que suscribió el Tratado y que se ha separado de él.
El TNP reconoce en su artículo V el derecho inalienable de todos los Estados a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, que es lo que dice Irán que está haciendo. Pero se da por supuesto que Irán enriquece uranio para fabricar bombas nucleares.
Por razones geopolíticas (Israel se siente amenazado) se aplican a Irán sanciones que no se aplican a otros países que tienen armamento nuclear, y se le amenaza con la intervención militar. Mientras India, Pakistán e Israel mantienen una estrecha colaboración nuclear con Estados Unidos y otros países occidentales, se han impuesto sanciones a entidades iraníes, como el banco central, y se ha embargado el petróleo iraní por parte de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Incluso a Corea del Norte se le han impuesto sanciones menores. En cualquier caso: ¿por qué Israel tiene derecho a un arsenal atómico e Irán no?
Dejando aparte esta discriminacion, el TNP sólo tendría sentido si estableciera la pohibición general de disponer de armas nucleares, pero de forma que los que actualmente las tienen se comprometieran a eliminarlas en un plazo tan breve como la tecnología permita. Sólo entonces se podría condenar con justicia al país que intente fabricarlas.
El artículo VI y el preámbulo del TNP indican que los Estados Nuclearmente Armados (los cinco antes indicados) se comprometen de buena fe a la reducción y liquidación de sus arsenales nucleares. Pero desde 1968, fecha en la que se abrió a la firma el Tratado, han pasado 45 años y ahí siguen esos cinco países conservando sus arsenales. Es cierto que los han reducido, pero sus dimensiones actuales son suficientes para liquidar la vida terrestre muchas veces, y dan a esos países una ventaja injustificable sobre los demás.
No hará falta decir que cuando la Asamblea General de la ONU ha pedido a Israel que firme el Tratado (es el único Estado de Oriente Medio que no lo ha hecho y la firma le obligaría a prescindir de sus 200 o 300 cabezas nucleares), Estados Unidos ha votado contra tal resolución.
Normas de interpretación
Cuando habla un político, la norma de interpretación más útil es sencilla: si dice que algo es blanco debemos interpretar que no es blanco. Siguiendo esta norma podemos equivocarnos alguna vez, pero acertaremos de ordinario.
Si nos dicen que Siria ha pasado la línea roja, vale la pena creer que no la ha pasado. Y además, ¿por qué la línea roja está precisamente ahí, en el uso de armas químicas? Los muertos son muertos, tanto si lo fueron a machetazos, mediante lanzamiento de bombas convencionales o por armas químicas.
Irak no tenía armas de destrucción masiva, pero nos decían que sí para justificar una guerra que ya vemos para qué ha servido.
Si nos dicen que tienen que actuar contra Siria por razones morales, es claro que lo hacen por razones inmorales. No tienen derecho a hablar de moral los dirigentes de un país que ha lanzado dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles, que, so pretexto de que el “Mundo Libre” estaba luchando contra el comunismo, cometió en Vietnam matanzas de civiles y usó armas incendiarias y químicas en aquella guerra que ocasionó entre 3,8 y 5,7 millones de muertos vietnamitas, la mayoría civiles; que ha utilizado en Irak napalm y fósforo blanco, que ha dado a El Salvador armas químicas para que se emplearan contra la guerrilla, que ha respaldado el uso de armas químicas por Israel contra los palestinos de Gaza, y que ha amparado a las dictaduras más sangrientas si ello le reportaba beneficios.
¡Que los que han hecho todo esto vengan ahora a hablarnos de líneas rojas infranqueables!
Por supuesto, no estoy justificando lo que quiera que haya ocurrido en Siria, que no sé qué ha sido. Si se demuestra que se han empleado armas químicas, a saber dónde está el responsable, aquí o allí. Sólo digo que me niego a creer lo que me cuentan los portavoces oficiales de Occidente.
Cada cosa que hacen tiene su motivación secreta, que no suele coincidir con el pretexto que alegan. Y siendo esto así ¿de qué tontería estamos hablando cuando hablamos de democracia? No cabe hablar de democracia cuando los pueblos son permanentemente engañados por sus gobernantes y no disponen de medios para desenmascarar a sus engañadores.
El problema no está en los grandes sueldos
David Roth propone en Suiza la fórmula 1:12, que significa que ningún empleado de una empresa gane en un mes más que cualquier otro empleado en un año. Ahora la relación llega a superar el 1:100. Directivos de grandes corporaciones reciben sueldos record. Según informe de la firma Equilar para el New York Times, la remuneración media de esos directivos rondó el año pasado los 10,7 millones de euros. En la cúspide se encuentra el patrón de Oracle, Larry Ellison, con 73,9 millones de euros de salario.
Pero la reducción de sueldos no aborda el asunto básico, que es poner un límite a la riqueza privada, no importa por qué medio se haya obtenido. Si se reduce el sueldo nominal de los altos directivos, ellos se encogerán de hombros: cobrarán en negro o por otros procedimientos. Pero es que además la riqueza personal de los ricos no proviene de sueldos y otros emolumentos oficiales. Por ejemplo, el citado Ellison tiene una fortuna personal, según Forbes, de 33.080 millones de euros. Está claro que no puede haberla obtenido ahorrando año tras año parte de su sueldo. Y esa fortuna, y no su sueldo, es la que le otorga un poder subterráneo.
Recordemos: los grandes bancos de inversión no sólo nos han llevado a la crisis actual, sino que luego han seguido haciendo de las suyas (algunos con mayoría de capital público por ayudas estatales para salvarse de la crisis). En los últimos años se ha ido comprobando que han conspirado para alterar el libor en su beneficio, han estafado capitales, han vulnerado la ley antimonopolios de la UE, han ignorado las leyes antiblanqueo, han facilitado la evasión fiscal, han cometido abusos en seguros. Claro está que todo esto no es más que la parte que ha podido ser probada (y por la que, en el peor de los casos, pagan multas muy inferiores a los beneficios que obtienen).
Todavía están esperando en Estados Unidos que la fiscalía formalice alguna acusación en procesos penales contra altos ejecutivos de las entidades financieras por su responsabilidad en la crisis (pese a que, por el retraso, varios de los delitos investigados pueden haber prescrito o estar a punto de hacerlo). Pero al menos allí los bancos se avienen a pagar multas e indemnizaciones. En España ni eso.
Si los bancos son empresas sistémicas a las que hay que salvar con dinero público para que no caiga con ellos la economía entera, ¿cómo es que no pasan a ser de dominio público bajo control social? 61.300 millones de euros nos ha costado hasta ahora a los españoles la crisis bancaria, de los que el FROP da por perdidos cerca de 37.000. Y aún se prevén mayores pérdidas. Pero el dinero no se pierde, solamente cambia de manos.
Se valen de que no hay un clamor mundial que exija una limitación razonable a la riqueza privada, y que exija además la propiedad pública y el control social de bancos, bolsas y demás antros donde se practica la especulación irresponsable y el crimen económico con la sola motivación de la codicia.
¿Qué sería una limitación razonable de la riqueza privada? La que consiga una distribución de la riqueza social que no deje a nadie sin todo lo necesario y que no dé a nadie tánto que pueda concurrir a la vida pública con capacidad para controlar la actividad política. Que es lo que en nuestro mundo ocurre hoy.
¿Queda algo de costa española que destruir en aras del negocio?
El Gobierno del Partido Popular a lo suyo: ha rebajado la zona de protección de la costa de 200 a 20 metros.
