3 de septiempre de 2013
De Guindos vale como ministro
De Guindos fue miembro del consejo asesor del banco de inversión Lehman Brothers para actividades en Europa, y director de la filial de ese banco para España y Portugal. Los antecedentes de la quiebra de Lehman Brothers debieran haber bastado para que ninguno de sus consejeros ostentara cargo público alguno, y menos relacionado con la economía. Por ello se criticó en su momento que Rajoy (que sin duda seguía instrucciones de fuera) lo nombrara ministro de Economía y Competitividad.
La troika, por su parte, ha colocado a exdirectivos de la banca de inversión al frente de dos Gobiernos (Luckas Papademos en Grecia y Mario Monti en Italia) y el Consejo de Europa ha colocado al frente del BCE a Mario Draghi, que entre 2002 y 2006 fue vicepresidente para Europa, con cargo operativo, del cuarto banco de inversión del mundo, el Goldman Sachs (precisamente el que aconsejó a Kostas Karamanlis cómo ocultar el verdadero importe del déficit griego).
Al mismo tiempo excomisarios de la Comisión Europea han ido pasando a ocupar altos cargos en la banca de inversión.
Ahora el ministro de Guindos dice (entrevista en El País de 14 de julio pasado) que el Gobierno no tiene la menor connivencia con la banca.
Ha dicho eso sin sonrojarse y es precisamente esa cualidad la que todo político que aspire al poder tiene que manifestar en grado sumo. Al fin y al cabo ha de ser un servidor y buen practicante de la mentira sistemática. ¿Alguien ha oído alguna vez a un político en el poder hablar, como tal, con sinceridad? De Guindos vale como ministro.
Yo no creo en la justicia. ¿Hay quien la conozca y crea en ella?
En el discurso políticamente correcto es de rigor proclamar que se confía en la justicia. Yo, que la he conocido por dentro, proclamo que no confío en ella. Y como no vivo de este sistema, no me siento obligado a decir que acato las sentencias. Sencillamente, las sentencias firmes se cumplen de grado o por fuerza, y tenemos que aguantarnos con ellas aunque no nos gusten, aunque nos parezcan injustas.
Son muchas las razones para la desconfianza:
La primera es que muchas veces las sentencias tienen repercusiones económicas y políticas tan fuertes que es inevitable que el juez reciba presiones económicas y políticas equivalentes. Hay que tener una consistencia moral muy fuerte para resistir esas presiones.
Ahora bien, la forma de recluta de los jueces (una oposición) hace que pueda ser juez cualquier licenciado en derecho que, no importan sus condiciones de inteligencia y carácter, repita de memoria 500 temas.
Añádase que son los jueces los que han de juzgar el comportamiento de los jueces y por ello, dado que forman una comunidad corporativista, resultan impunes en la práctica. De manera que pueden ceder a las presiones sin mucho riesgo. Pocos jueces han sido condenados por prevaricación y no es razonable pensar que los jueces sean de superior constitución moral que los políticos. Un juez que ha sido condenado por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero está ejerciendo como juez después de una leve condena. Curiosamente, entre los condenados por prevaricación está el juez Garzón, que en la acción por la que lo condenaron no había prevaricado, pero que fue castigado por meterse en terrenos inconvenientes.
Otro motivo de desconfianza es el sistema de nombramientos de los altos cargos de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombra a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden, así como a los magistrados, presidentes de sala y presidente del Tribunal Supremo, y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
Los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado, que también eligen a 8 miembros del Tribunal Constitucional. Dos miembros de este tribunal son elegidos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Y aunque no es criticable que sean los representantes del pueblo quienes hagan estas elecciones y no los propios jueces, que no tienen legitimidad democrática directa, viene ocurriendo que la mayoría de 3/5 que se exige no ha conducido a que los partidos que pueden componer esa mayoría elijan en atención a valores profesionales, morales y de independencia, sino, por el contrario, a que entren en cambalaches para nombrar cada uno a los que le corresponden eligiendo entre jueces ideológicamente afines y manejables. Precisamente una prueba de que debemos tomarnos a broma la justicia es el desmedido interés que los partidos políticos tienen en colocar a estos o aquellos jueces en el Tribunal Constitucional y en el CGPJ, colocaciones de las que depende el sentido de muchas resoluciones importantes.
El precedente de la condena a Garzón sirve para asustar al juez que quiere ir por un camino que no conviene, pero hay formas también de animarle a ir por caminos que convienen a base de facilitar ascensos y puestos codiciados. Ocultando ser militante del PP, Pérez de los Cobos ha llegado a la presidencia del Tribunal Constitucional. Previamente ha estado incumpliendo la ley, al compatibilizar durante más de quince meses el cargo de magistrado con el de asesor de la Organización Internacional del Trabajador (OIT). Y según informa el semanario El Temps tiene oscuros antecedentes antidemocráticos. Por añadidura es autor de un libro de torpes aforismos que revelan una personalidad poco fiable para la administración serena e imparcial de la justicia, pero seguramente muy del gusto del PP, partido que lo propuso para magistrado del Constitucional.
Para aumentar la desconfianza están luego las leyes procesales, que permiten que abogados expertos desactiven la justicia (alargando el proceso para que el delito prescriba, encontrando motivos formales de nulidad, etc.).
Pero supongamos que salimos de todos estos vicios. ¿Serviría de algo? La judicatura está para hacer cumplir la ley. De manera que si las leyes son injustas, como lo son en el sistema capitalista, los jueces, incluso los más competentes e íntegros, se verán obligados a dictar sentencias injustas. Las leyes vigentes salvaguardan la riqueza del potentado y los resultados económicos del mercado. El juez más honorable se verá obligado a desahuciar a personas a las que primero se animó a suscribir un préstamo hipotecario y luego se privó del trabajo con cuyo salario tendrían que pagarlo, o a condenar por delito al empleado que gana 800 euros y hurta 500 a quien acaba de obtener 100 millones especulando en bolsa.
“¡Populismo y demagogia!”, se apresurarán a gritar muchos. En cinismo no se puede llegar más lejos. Enhorabuena.
He querido decir que los jueces están obligados a defender la propiedad privada de enormes fortunas; que no pueden considerar que esas fortunas son un robo a la sociedad; y que han de considerar que es un delito sustraer de esas grandes fortunas una cantidad que exceda de 400 euros.
Y si no hubiera tanta corrupción… ¡sería peor!
Quienes comentan la situación política dicen estar muy preocupados por el descrédito de las instituciones, y parecen pensar que si no fuera por los casos de corrupción, por la lenidad con que se los trata, por la desconfianza en la justicia, y por otros vicios semejantes, aparentemente propios de los últimos tiempos, las instituciones estarían legitimadas.
O están mal informados, o son ingenuos, o disimulan.
Si se acabara con la corrupción, si los gobernantes no incurrieran en mentiras flagrantes, si los jueces fueran honestos… estaríamos en el mismo mundo, pero con un agravante: que la injusticia sería menos evidente. La ventaja de los excesos de nuestros gobernantes es que en esta etapa en que actúan sin cortapisas están dejando claro qué es lo que hay bajo las apariencias.
¿Quién es Europa?
Cuando se dice que Europa nos pide o nos exige esto o aquello no se está en realidad hablando de Europa (Europa no es un sujeto que pueda pedir o exigir), sino de los intereses de los grandes grupos económicos que gobiernan el espacio europeo, intereses representados por los políticos de la derecha (tanto de la derecha dura como de la socialdemócrata).
Cuando en España se acusa a Merkel o a Obama de la política que se nos está imponiendo desde fuera, no se suele tener en cuenta que ellos no son más que personas que quieren poder y que, para conservar el que han conseguido, tienen que seguir obedeciendo al poder que está sobre ellos, el que gestiona los intereses económicos de las élites americanas y europeas. Se ha dicho muchas veces que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso de la tierra. Es sólo una persona adecuada para, siendo un mandado, fingir el máximo poder con la destreza necesaria para que su pueblo lo vea poderoso. De Merkel puede decirse lo mismo: es la persona adecuada porque sabe fingir que manda al tiempo que obedece.
Nota sobre el lenguaje machista
Si digo que Obama es el hombre más poderoso de la tierra se entiende que es la persona más poderosa de la tierra. Decir que Merkel es la mujer más poderosa de Europa no descarta que haya en Europa hombres más poderosos que ella. Como no cabe decir que Merkel es el hombre más poderoso de Europa, hay que eliminar en estos contextos “hombre” y “mujer” y utilizar “persona”. No volvamos a decir, y no sólo porque sea mentira, que el presidente de los Estados Unidos es el “hombre” más poderoso de la tierra.
