Tuvieron que pasar más de 30 años desde la muerte de Franco para que en tiempos de Zapatero se dictara la Ley de Memoria Histórica, gracias a cuyas ayudas se abrieron 2.800 fosas comunes y se identificó a 41.000 personas desaparecidas.
Llegó luego el PP al gobierno y alardeó de haber suprimido esas ayudas económicas. Ahora, con el gobierno de coalición, se retoma el asunto y hay un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado en septiembre en Consejo de Ministros y recién sometido a periodo de sugerencias antes de ser enviado al Parlamento.
Esta ley permitirá la creación de fondos para reabrir fosas, un banco de ADN para las víctimas del franquismo y la resignificación del Valle de los Caídos para contribuir a la recuperación de la memoria con una función educativa y preventiva. Asimismo hará posible que se ilegalicen asociaciones fascistas como la Fundación Francisco Franco.
Según informe de Amnistía Internacional tiene además estos aspectos positivos:
-Crea una Fiscalía especializada desde la que deberán impulsarse procesos legales de búsqueda, identificación y localización de las víctimas.
-El Estatuto de la Víctima incluye expresamente a los niños y las niñas sustraídos y adoptados sin autorización, y a sus familiares.
-Se anulan las sentencias injustas dictadas por los Consejos de Guerra o el Tribunal de Orden público.
-Se incluye la memoria histórica en los contenidos curriculares de la ESO, Bachillerato y profesorado.
Parece una vergüenza que todavía, con los años transcurridos desde la ensalzada transición, estén por hacer estas cosas elementales y más aún que este anteproyecto, lo mismo que en su momento la ley de memoria histórica, despierte gran oposición.
Dos malos argumentos
Unos detractores vienen a decir que los dos bandos cometieron desafueros, que España es un país de cainitas, que lucharon hermanos contra hermanos y que todos fueron igualmente culpables. Por tanto váyase lo uno por lo otro y lo mejor es olvidar el asunto.
Otros añaden que la transición fue un pacto de reconciliación que cerró las heridas, y que estas leyes vienen a reabrirlas en mala hora.
Estos argumentos no sólo son sostenidos por la derecha heredera del franquismo, sino también por dirigentes del PSOE que llevaban muchos años creyendo que habían pasado a la historia como artífices de un proceso histórico ejemplar y admirado en el mundo entero, y ahora sufren la natural frustración y resentimiento porque la modélica transición se ha puesto en entredicho. José Bono, por ejemplo, considera un “riesgo” hurgar en la historia y someterla a debate público. Él se siente “más cómodo” escuchando a historiadores y académicos que “leyendo editoriales de conveniencia o los tweets de la planta de oportunidades de los extremistas de Podemos o Vox”.
Por esta línea van otros muchos que no tienen pasado político que reivindicar, como el novelista Pérez Reverte, cuya argumentación desacomplejada en medios y redes sociales puede atraer a muchos a una manera cruel y necia de ver el tema.
Entrevistado en El Mundo hace diez años con motivo de la publicación de El Asedio, arremetió contra la “dictadura impuesta con la Ley de Memoria Histórica” alegando que “España es un país gozosamente inculto, deliberadamente inculto, que incluso alardea de ser inculto, y con gente así, hacer esa ley de memoria histórica es ponerle una pistola en la mano”. Y añadió: “Mi memoria histórica tiene tres mil años ¿sabes?, y el problema es que la memoria histórica analfabeta es muy peligrosa, porque contemplar el conflicto del año 36 al 39 y la represión posterior como un elemento aislado, como un período concreto y estanco respecto al resto de nuestra historia es un error, porque el cainismo del español solo se entiende en un contexto muy amplio”.
Decía también:
“Atribuir los males de un período a cuatro fascistas y dos generales es desvincular la explicación y hacerla imposible […]. Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido hijos de puta. TODOS”.
Dicho esto, le vino a Pérez Reverte un ataque de conocimiento, y de manera incongruente olvidó que todos somos cainitas e hijos de puta y asignó este papel a una de las partes. A diferencia de Francia “no hubo una guillotina en la Puerta del Sol que le picara el billete a los curas, a los reyes, a los obispos y a los aristócratas… y al que no quisiera ser libre le obligara a ser libre a la fuerza”. O séase, que “hemos fusilado tarde y mal, y no ha servido de nada. El momento histórico era ese, el final del siglo XVIII. Las cabezas de Carlos IV y de Fernando VII en un cesto, y de paso de algunos obispos y unos cuantos más, habrían cambiado mucho, y para bien, la Historia de España”.
Ahora, en la presentación de Línea de fuego, ha vuelto a ocuparse del tema para decirnos que en esa novela intenta una aproximación a la parte humana de la Guerra Civil, única forma que puede salvarnos del discurso “partidista y miserable” que unos y otros “se empeñan en colocar” a los ciudadanos. Su impresión personal es que con el proyecto de Ley de Memoria Democrática se ha reabierto una herida que estaba cerrada, porque justamente quienes hicieron la guerra querían cerrarla y la cerraron aunque fuera en falso, pero la cerraron. “Y eso estaba resuelto, era historia.”
“Pero ¿sabes qué pasa? Cuando no hay una base intelectual seria en la política, cuando no hay una ideología concreta, basada en argumentos intelectuales solventes, en lecturas, en conocimiento, en estudios, en talla política, entonces hay una tendencia bastarda, pero comprensible, a utilizar el blanco y el negro, y lo fácil y lo simplón y lo elemental, como argumento político […]. Y claro, la guerra civil es perfecta, tratada como buenos y malos, como blancos y negros, como cuatro generales contra el pueblo español y ese tipo de cosas, ¿no?”
Concluye que “el actual receptor de esos mensajes es un joven sin la lucidez crítica suficiente para distinguir, para defenderse o para razonar respecto a esos discursos facilones y los compra. Entonces resulta que unos jóvenes están comprando unos discursos falsos, emitidos por irresponsables ignorantes. Y eso es muy peligroso.”
En estas declaraciones está implícito que Pérez Reverte considera que él no es un irresponsable ignorante, que ha leído lo suficiente y que es poseedor de una base intelectual seria y de opiniones basadas en argumentos solventes.
La visión superficial de un reportero
Pérez Reverte cubrió varias guerras civiles como reportero y hubo un momento en que descubrió algo que pone en boca de uno de los personajes de su novela: que una guerra civil no es la lucha del bien contra el mal… Sólo el horror enfrentado a otro horror.
Su visión, la de periodista sobre el terreno, puede servir para escribir una novela como la suya, pero no aborda el tema oculto. ¿Qué hay por detrás de esos dos horrores enfrentados?
Es evidente que, si nos limitamos a narrar una batalla, veremos en ambos bandos personas con ilusiones, proyectos y sentimientos semejantes, y maltratadas de manera semejante.
Sólo que no es ese el tema a que se refieren las leyes de la memoria histórica.
Si Pérez Reverte no hubiera limitado su narración a personas atrapadas en la batalla del Ebro, si con suficiente conocimiento de la historia se hubiera remontado años atrás y hubiera recreado los conciliábulos del rey con banqueros, obispos, terratenientes y militares, si hubiera tenido en cuenta las presiones de las oligarquías estadounidense, francesa, inglesa o belga, no sólo habría constatado lo que ya sabe, que el golpe militar y la guerra civil española no fueron efecto de la voluntad de cuatro fascistas y dos generales, sino que habría aprendido lo que parece no saber, que la causa no fue un cainismo abstracto, sino la fuerza de un consorcio típico: la oligarquía industrial y financiera, una parte del ejército, la jerarquía católica y los grandes terratenientes, que veían en el Frente Popular una amenaza insoportable a sus privilegios.
Pérez Reverte califica de analfabeto, partidista y miserable el relato que se sigue del material acumulado por historiadores fiables (entre otros Paul Peston, John Gibson, Antony Beevor, Hugh Thomas, Javier Cervera, Ángel Viñas, Julián Casanova, Stanley G. Payne o Eduard Malefakis). Teniendo en cuenta los hechos que estos historiadores han conseguido investigar, los argumentos de la equidistancia y de la reconciliación quedan disueltos.
Hubo violencia por ambas partes, pero no son violencias equiparables
En sociedades como las nuestras (elitistas) hay que distinguir por un lado, como causa, la violencia que ejerce la minoría explotadora sobre una mayoría de la población; y por otro lado, como efecto, la violencia que ejercen miembros de esa mayoría como reacción cuando no pueden aguantar más.
Por esta razón la violencia que los revolucionarios franceses ejercieron sobre monarquía y aristocracia se considera el comienzo de un nuevo tiempo esperanzador, mientras que no hay forma de justificar la violencia que esa monarquía y aristocracia ejercieron previamente contra el pueblo.
En la España del año 36 la situación era insoportable para muchos, y por eso se puede justificar su violencia ocasional, por ejemplo la de los jornaleros del campo parados, que no es equiparable a la de los terratenientes que usaban a la guardia civil para reprimirlos a tiros mientras mantenían sus fincas en barbecho. En ningún caso hubo cainismo, es decir, una suerte de enfermedad crónica del español. Hubo violencia para mantener privilegios frente a violencia para acabar con ellos.
La violencia de la izquierda como falso pretexto
Para justificar el golpe militar y la guerra civil que siguió, se apeló en 1936 al desorden político y las luchas callejeras, y a ello sigue apelando la derecha filofranquista.
Olvida que nada más conocerse el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, hubo dos intentos fallidos de “golpe de fuerza”, los propuestos por Gil Robles y por el general Franco, entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército. Pretendían declarar el estado de guerra, anular los comicios y frenar así la entrega del poder a los vencedores.
Una vez que estos intentos fracasaron por la oposición de militares fieles a la República, se pasó a la estrategia de tensión, iniciada por la Falange con el atentado el 12 de marzo contra un diputado socialista, Jiménez de Asúa, que costó la vida a su escolta. La réplica fue una manifestación con el incendio de dos iglesias. En todo caso, de los 262 muertos por violencia política entre febrero y julio de 1936, 148 víctimas fueron militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 45 sin identificar y 19 de las fuerzas de orden público, las cuales causaron 112 víctimas. Es también significativo que el número de víctimas fuera disminuyendo, de 93 en marzo a 24 en junio y 15 en julio (Julián Casanova, República y guerra civil). Lo que quiere decir que no había justificación alguna para el golpe militar de julio, sino que la había, por el contrario, para reprimir con más fuerza la violencia de la derecha.
La violencia durante la guerra civil: diferencias en cantidad y en inspiración
Durante la guerra la represión en los territorios ocupados por los rebeldes franquistas triplicó la de la zona republicana. Pero sobre todo, “la caótica violencia del bando republicano tuvo lugar a pesar de las autoridades, no gracias a ellas. De hecho, los esfuerzos de los sucesivos gobiernos republicanos para establecer el orden público lograron contener la represión por parte de gente incontrolada que, en términos generales, en diciembre de 1936 ya se había extinguido” (Paul Preston, El holocausto español).
Una cosa es la Matanza de la cárcel Modelo de Madrid y otra la violencia genocida emprendida por los franquistas. La primera fue motivada por el odio justificable que sentía la masa, pero desaprobada por dirigentes como Indalecio Prieto, que llegó a decir: «La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra».
En cambio la violencia del bando franquista era estimulada por los jefes militares y falangistas y adoptada como una estrategia. De hecho Franco dilató la guerra todo lo que pudo porque, en sus propias palabras, “en una guerra civil, una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, es preferible a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infestado de adversarios.” No se pueden leer sin horror las arengas que emitían por radio generales franquistas como Millán Astray, Mola, Yagüe o Varela, cuyos llamamientos a la crueldad más despiadada resultan sobrecogedores. Y por supuesto, inimaginables en líderes de la izquierda.
Tal diferencia puede percibirse en el hecho más reprobable de los ocurridos en zona republicana, el fusilamiento en Paracuellos de 2.500 presos sacados de las cárceles de Madrid del 7 de noviembre al 4 de diciembre de 1936. Se trataba de trasladar estos presos a Valencia para evitar que pudieran aumentar el potencial ofensivo de los sublevados si éstos, que estaban luchando a las puertas de Madrid, tomaban la capital. Pero al estar cortada la carretera de Valencia por tropas enemigas se decidió fusilarlos en Paracuellos. Esta brutalidad bélica tenía su lógica en la defensa propia, pero ofendía a la conciencia moral. Y por ello las sacas acabaron cuando el anarquista Melchor Rodríguez fue puesto al frente de la Dirección de Prisiones.
¿Y la violencia de la posguerra?
Malefakis cree que no hay duda alguna de que “la represión de la posguerra se debió a un espíritu de venganza y un deseo casi genocida de erradicar a los elementos antiespañoles de la sociedad.”
Francisco Moreno Gómez (La victoria sangrienta 1939-1945) analiza pormenorizadamente las distintas variables represivas que utilizó el franquismo para acabar con los vencidos o someterlos.
En la que él llama “primavera negra” (abril y mayo de 1939) hubo directrices directas del cuartel general de Franco en Burgos “que instaban a llevar a cabo lo que no admitía demora”, y que ejecutó el Servicio de Información de la Policía Militar (SIPM). 40.000 personas fueron víctimas de ejecuciones sumarias, fueron paseadas o se les aplicó la ley de fugas antes de que empezaran a funcionar los consejos de guerra.
Parte de aquel genocidio ha terminado siendo investigado, pero aún queda mucho por investigar (como las terribles actuaciones de la Legión en Andalucía) y muchos archivos siguen inaccesibles, sobre todo los eclesiásticos.
Moreno Gómez habla de “multi-represión” para referirse a todo un catálogo de crímenes contra la humanidad cuando ya había terminado la guerra, entre otros:
-apresamientos masivos con 300.000 presos en 1940 y 507.000 detenidos emplazados en 188 campos de concentración;
-traslados de presos en trenes borregueros cerrados, sin comer ni beber en varios días y sin médicos para atender a los reclusos;
-hambre como instrumento represivo, aplicando a los presos una “dieta hipocalórica de 800 calorías, a sabiendas de que con menos de 1.200 no se puede sobrevivir”, lo que produjo una elevada mortandad en las grandes cárceles desde finales de 1940.
-90.000 integrantes de batallones de trabajadores;
-al menos 400.000 obligados a partir hacia el exilio;
-humillación de las mujeres usando el rapado y el aceite de ricino;
-robo y desaparición de niños en número cifrado por la ONU en 30.000, desde 1940 con la cobertura legal que impedía que estuvieran con sus madres niños de más de tres años y que desde 1941 facilitaba el cambio de nombre de los menores;
-represión económica para arruinar a los vencidos con apropiación indebida de propiedades y bienes, así como con fuertes sanciones y multas;
-represión ideológica y laboral con listas negras para trabajar, etc.
Según Preston, Franco queda como dictador muy por arriba de Mussolini y es comparable a Adolf Hitler en el tratamiento de sus conciudadanos.
Segundo argumento falso: que la transición fue efecto de una reconciliación que cerró las heridas
En la llamada Causa General, incoada por el franquismo, todas las víctimas de la violencia republicana fueron bien contadas y, en palabras del historiador Enrique Moradiellos, “tuvieron su restitución oficial, sus muertes reconocidas, sus tumbas honradas, sus deudos gratificados.”
No en cambio las otras víctimas, las del bando republicano, muchas sepultadas en fosas comunes sin el reconocimiento de sus nombres, otras condenadas por sentencias sumarias no revisadas ni anuladas.
Ya en el año 1953 el Partido Comunista defendió una política de reconciliación nacional, consistente en que no se exigiría a nadie legitimidad republicana, sino sólo una actitud contraria a la dictadura fascista, no importa cuál hubiera sido su pasado político o el de su familia. No significaba amnistiar al franquismo ni olvidar sus crímenes, ni dejar en el olvido a sus víctimas.
¿Puede alguien creer que familiares y compañeros de esas víctimas aceptaron en 1976 dejarlas en el olvido y sin castigar a los criminales, es más, honrando a muchos de ellos con medallas y premios?
Versión tan inverosímil ha de dejar paso a la verdadera: que la transición fue un apaño entre dirigentes políticos no ratificado por los afectados. Recordemos que la monarquía fue metida con trampa en la Ley para la Reforma Política porque, pese al enorme y unilateral uso de los medios de comunicación, las encuestas encargadas por el gobierno de Suárez indicaban que un referendum sobre la monarquía se perdería. Y que la constitución no avala el olvido de las víctimas de la represión franquista ni la persistencia real del franquismo en las instituciones.
Pero es que además para que haya reconciliación tiene que haber reconocimiento mutuo de los daños infligidos al otro y arrepentimiento. Y esto es algo que nunca hizo la derecha ni puede hacer.
Pruebas suficientes tenemos ya de que ni existió ni existe reconciliación entre derecha franquista e izquierda. Los que militan en Vox o el PP siguen siendo irreconciliables con esa izquierda a la que llaman comunismo bolivariano.
¿Fue la transición un pacto irremediable?
1. Una segunda forma de justificar la transición consiste no tanto en alabar sus virtudes como en proclamar que no hubo otro remedio dada la correlación de fuerzas. Es decir, que la izquierda no pudo negarse a suscribir los Pactos de la Moncloa porque cualquier alternativa hubiera sido peor.
Pero ¿qué quiere decir que no hubo otro remedio? ¿Otro remedio a qué?
Hasta marzo de 1976 la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista, defendía la «ruptura democrática» a base de una movilización ciudadana, que se esperaba que culminara en una «acción nacional» o una huelga general. Tal ruptura implicaba el rechazo a Juan Carlos y a la monarquía «franquista», la formación de un gobierno provisional, la convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno —para decidir si republicana o monárquica— y la depuración de responsabilidades de los franquistas actores de la represión, a los que no alcanzaría la amnistía, que en cambio permitiría la excarcelación de los presos por delitos políticos y la vuelta de los exiliados.
Ángeles Maestro (en Pactos de la Moncloa: la gran estafa otra vez, no) nos recuerda que en abril de 1976 los trabajadores organizados por sindicatos y partidos de izquierda ilegalizados y con centenares de miembros en la cárcel, habían conseguido imponer mediante luchas durísimas la Ley de Relaciones Laborales más progresista que se ha conocido. Y se hizo en plena crisis económica.
Esa ley establecía, entre otras cosas, que todo contrato era indefinido, salvo excepciones tasadas. Prohibía y sancionaba el prestamismo laboral y las empresas de trabajo temporal; reducía la jornada laboral, ampliaba el permiso de maternidad, etc. Pero sobre todo, regulaba el despido improcedente con prohibición de que el empresario pudiera sustituir a voluntad la readmisión por indemnización económica, lo que fue esencial para luchar contra las “listas negras” y la represión a líderes sindicales.
Esa ley demuestra, dice Ángeles Maestro, que la correlación de fuerzas no era la que se ha venido contando para justificar una rendición incomprensible.
Recordemos que, en efecto, la universidad y las fábricas estaban en pie de guerra, los periodistas y los abogados exigían democracia, la UMD progresaba en los cuarteles, Comisiones Obreras y el Partido Comunista movilizaban a miles de personas (más de 100.000 se congregaron en el entierro de los abogados asesinados en Atocha), y a la vista de todo ello, Estados Unidos y Alemania presionaban para una transición pacífica a un sistema político homologable con los europeos.
Pero de repente el partido Comunista cambió de estrategia y adoptó la «ruptura democrática pactada» que defendía el PSOE y la oposición moderada. Carrillo adujo que habían comprobado que la movilización popular no derribaba al Régimen. Y seguramente era cierto que en 1976 la izquierda no tenía fuerza suficiente para obligar a un proceso como los que ocurrieron en Alemania, Italia o en la Francia del régimen de Vichy, donde los autores de los crímenes fascistas fueron enjuiciados y condenados, y se produjo una depuración en policía, ejército, judicatura, funcionariado y clase política.
Pero ¿obligaba eso a aceptar que los franquistas dirigieran el proceso de transición y consiguieran todo lo que querían a costa de la verdad y la justicia? Pues consiguieron amnistía para sus crímenes, mantenimiento de sus puestos y riquezas, control de las instituciones del Estado y silencio sobre el pasado, mientras la otra parte sólo conseguía la vuelta de los exiliados, la legalización de los partidos y de los sindicatos, elecciones “libres”, recuperación de las autonomías y amnistía para los presos políticos, es decir, cosas que a la derecha franquista no le importaba conceder a cambio de lo que consiguió.
Los que durante la dictadura habían luchado contra el fascismo arriesgándose a discriminaciones, torturas policiales, cárcel o muerte fueron traicionados, al punto de que de ellos no se volvió a hablar en muchos años. Evidentemente, el Partido Comunista no estaba obligado a aceptar esto.
Sin duda sus dirigentes sabían de sobra que, si se negaban a aceptar aquel pacto de transición, el PSOE de Felipe González tendría que arriesgarse a dejar claro que se rendía a las exigencias de los franquistas para hacer un simulacro de democracia en la que medrar a cambio de financiación y apoyo de Estados Unidos y Alemania. Sabían de sobra que entonces sólo quedaría una voz, la del PC, encargada de algo más importante aún que la paz, la verdad.
2. Imaginemos que el PC se niega a suscribir aquellos pactos y exige un juicio al franquismo, una depuración de ejército, policía, judicatura y otros cuerpos funcionariales, liquidación de las bases americanas en España y un trato a la iglesia católica sin privilegios. Naturalmente, no lo habría conseguido, pero al PSOE le habría costado más prestarse a la gran traición. Y el partido comunista hubiera quedado libre para denunciar un día sí y otro también la gran estafa de una Transición que amnistiaba al franquismo, y para seguir movilizando a estudiantes y obreros en la exigencia de una democracia republicana. A esta presión se habría unido la exterior y antes o después habría llegado un régimen homologable con los europeos, y con un partido comunista libre para jugar su papel a favor de las clases populares.
Y sin duda preveían que antes o después el nuevo régimen tendría que homologarse con las “democracias” europeas, porque así interesaba a las oligarquías económicas de dentro y de fuera. Y que entonces el PCE tendría que ser legalizado, pero conservado libertad para denunciar el pacto y seguir exigiendo una verdadera “ruptura democrática antifascista”.
Sin embargo esos dirigentes prefirieron medrar en el régimen político diseñado por los franquistas. ¿Ambición política personal a corto plazo? ¿Ceguera ideológica? Es significativo que casi todos los que dirigían al PCE en aquellos momentos fueron derivando hacia posiciones socialdemócratas cuando estuvo claro que éstas eran más rentables.
El error teórico del eurocomunismo, y el cálculo incomprensible de Santiago Carrillo pusieron al partido comunista en un camino que lo llevó rápidamente a la inoperancia, lo mismo que ocurrió a los de Francia e Italia.
No es digno de encomio ese partido, como ahora se dice, por haber comprendido en aquellos momentos que por encima de todo estaba el interés del país. ¿Quién define tan chapuceramente el interés del país como para afirmar que aquellos pactos estuvieron a su servicio?
Consecuencias
Es ahora ¡cuarenta años después! cuando Pedro Sánchez se plantea anular los títulos nobiliarios concedidos por Franco, y el ducado de Franco concedido a la hija del dictador por Juan Carlos. Ha sido este año cuando se ha pedido en el Congreso retirar medallas y condecoraciones a torturadores que durante la dictadura cometieron crímenes de lesa humanidad. Durante este tiempo el rey nombrado por Franco no ha tenido empacho en decir que no toleraba que ante él se hablara mal del dictador. La familia de Franco sigue dueña de las riquezas robadas a la sombra del poder dictatorial, entre otras muchas la casa Cornide de La Coruña y el pazo de Meirás (que parece que por fin va a perder si los jueces no dicen lo contrario en apelación). El genocida general Queipo de Llano sigue enterrado en la iglesia de la Macarena de cuya cofradía es hermano honorífico, y sus herederos siguen dueños del cortijo de Gambogaz en Camas, finca de 950 hectáreas obtenida durante la guerra civil por el mismo procedimiento de presión dictatorial.
El ejército sigue siendo en gran parte franquista y, por miedo a su reacción, hasta el año pasado no se ha conseguido sacar los restos de Franco del gran mausoleo que él mandó construir a su honra y gloria. Todavía tenemos que soportar el bochorno y el temor que inspiran esos altos mandos militares jubilados que escriben al rey pidiéndole un golpe de estado y que creen que para salvar a España hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta. O los militares en activo que se solidarizan con éstos porque comparten sus sentimientos, o los futuros oficiales de la armada que cantan un himno fascista de la División Azul haciendo el saludo nazi en una fiesta de la Escuela Naval de Marín, o los miembros de la Brigada de Paracaidistas que graban un vídeo cantando ese mismo himno. Y no hay reacción adecuada de mandos militares, ni del gobierno, ni del rey. Y la ultraderecha franquista con gran presencia en el parlamento, se manifiesta en las calles sin complejos y afirma que esos militares que quieren fusilar a la mitad de la población son de los suyos. Y hasta ahora los gobiernos no se han atrevido a retirar símbolos franquistas que persisten en cuarteles de la guardia civil, nueve años después de que estén prohibidos por la ley de memoria histórica.
¿Cuál sería hoy el mal menor y por qué no es posible?
Es una sandez eso de que España es un país gozosamente inculto, deliberadamente inculto. Por el contrario, es un país condenado a la incultura, y en parte porque en la escuela no se ha enseñado la historia de la España del siglo XX (se supone que para no abrir heridas). Una gran parte de la población, expuesta a una incesante propaganda, sólo sabe que los comunistas son muy malos, que Juan Carlos nos trajo la democracia y nos libró de un golpe de Estado y que ahora hemos dado un peligroso paso atrás con un gobierno comunista-bolivariano.
El problema es que la reciente historia de España no se podrá enseñar mientras la derecha tenga fuerza suficiente para impedirlo.
Ni siquiera se puede llegar a la transacción de enseñar dos historias, la de la derecha y la de la izquierda, que ya sería un progreso.
Supongamos que, como solicita Amnistía Internacional, se crea el mecanismo independiente recomendado por Naciones Unidas al Estado español, que podría adoptar la forma de comisión de la verdad, órgano oficial temporal de carácter no judicial con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, para garantizar el reconocimiento de los hechos que se vienen negando.
Se podría acordar que a partir de esos hechos, e integrándolos todos, la derecha escribiera una historia y la izquierda otra, enseñándose ambas en las escuelas para ofrecer al alumnado una alternativa generadora de reflexión.
Pues también esto es imposible, porque para ello es necesario que cada parte admita el mal que causó el bando con que se identifica. Y ese reconocimiento es fácil para la izquierda pero imposible para la derecha. La derecha no aceptará nunca que es heredera de un régimen genocida. Jamás aceptará el relato avalado por los historiadores solventes y, mientras tenga fuerza, impedirá que ese relato se enseñe en las escuelas. Seguirá recurriendo a panfletistas desprestigiados como Cásar Vidal o Pío Moa.
Y entretanto hay otras cosas imprescindibles a las que ¡todavía a estas alturas! el gobierno no se atreve
Amnistía Internacional encuentra en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aspectos negativos que lo desvían de los estándares internacionales, entre ellos éstos:
-Que falta la comisión de la verdad antes descrita.
-Que no se remueven los obstáculos que la Ley de Amnistía de 1977 interpone a la investigación de graves violaciones de derechos humanos en España, y a investigaciones iniciadas en otros países, como la querella en Argentina que investiga los crímenes del franquismo con base en el principio de jurisdicción universal.
-Que el derecho a la reparación se establece sin indemnización, y se niega cualquier tipo de responsabilidad patrimonial del Estado respecto a personas a las que se les incautó su patrimonio, o que realizaron trabajo forzado, así como a quienes sufrieron condenas injustas.
-Que no se garantiza el acceso efectivo a la información y documentación de los diferentes archivos y registros, tanto públicos como privados, entre éstos los eclesiásticos.
-Que no hay planes de formación en memoria democrática para la judicatura y fuerzas de seguridad del Estado.
No hay otra forma de acabar este relato que con un lamento triste por el odio oscuro que se vive en el país. España sólo podrá salir a paisajes más claros si la derecha franquista evoluciona hasta desaparecer y si la izquierda anticapitalista evoluciona hasta reaparecer. Muy difícil parece.
