ZAPATERO RECIBE ÓRDENES
Un buen día de mayo de 2010 el presidente Zapatero recibió instrucciones telefónicas de Obama, Merkel y Wen Jiabao. En seguida, disciplinado, compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar el giro de 180 grados en su política económica con un argumento: evitar el rescate. Zapatero marcaba distancias respecto a Grecia e Irlanda (que ya habían pedido el rescate) y Portugal (que se encaminaba al mismo) y asumió una agenda de recortes.
Pero lo que le exigían desde fuera era tan contrario a su ideología socialdemócrata que obedeció haciéndose un poco el remolón. Así que el Presidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet le dirigió el 5 de agosto de 2011 una carta en la que, extralimitándose en el uso de sus funciones, le pedía rebajar los salarios, facilitar el despido, debilitar a los sindicatos y limitar por ley el gasto público como condición para que el BCE comprara deuda española.
Inmediatamente, por Decreto-Ley del 19 de agosto, Zapatero se apresuró a cumplir las exigencias del BCE. En la sesión del 23 de agosto de 2011, en la que pidió al Congreso que convalidara aquel Decreto-Ley, Zapatero se felicitó de que las recientes compras de deuda por parte del BCE hubieran aliviado la presión sobre la prima de riesgo, pero se negó a responder a preguntas sobre la existencia de la carta y negó que hubiera cualquier tipo de condicionalidad entre el Decreto-Ley y la compra de deuda.
Al mismo tiempo anunció una inminente modificación de la Constitución española para introducir en ella la regla del techo de gasto, cosa que se hizo a toda prisa mediante un acuerdo de los dos grandes partidos. El artículo 135 de la Constitución Española pasó a establecer, entre otras cosas, que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, que su pago gozará de prioridad absoluta, y que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
¿Qué quiere decir esto? Que por decisión constitucional (algo que queda por encima de toda posible Ley futura) la banca tendrá prioridad absoluta a la hora de cobrar del Estado, y que, si no hay dinero suficiente en los presupuestos, lo sufrirán las pensiones, los sueldos de funcionarios, la sanidad y la educación públicas antes que los acreedores que hayan comprado deuda pública ajustándose a la Ley de emisión (no importa que los intereses, por abusivos, constituyan una deuda ilegítima). Con esta modificación de la Constitución, muy difícil de enmendar en el futuro, Zapatero y el PSOE, que no protestó, han traicionado todo aquello que estaban obligados a defender.
Esa modificación de la política económica y de la Constitución se hizo, claro está, sin dar explicaciones. Por ello, ya que Zapatero no hacía público el contenido de la carta de Trichet, el abogado español Isaac Ibáñez exigió a través del Defensor del Pueblo Europeo su publicación, argumentando que en un sistema basado en la legitimidad democrática tanto las autoridades públicas de la UE como las nacionales deben ser responsables de sus actos ante el público. Pero el BCE argumentó que la difusión de la carta “perjudicaría a la protección del interés público en lo relativo a la política monetaria de la Unión” y que “podría afectar a la eficacia de los mensajes que el BCE pudiera dirigir a los Estados miembros”. Dos inspectores del Ombudsman Europeo obtuvieron acceso a la carta en la sede del BCE en Francfort y explicaron al abogado Ibáñez que, aunque esa carta “invitaba” al Gobierno español a “mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo” y “garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, no pedía expresamente modificar la Constitución.
Finalmente la carta se ha conocido, pero porque Zapatero, tomándola como de su propiedad, la ha hecho pública en su libro El dilema, en el que intenta justificar sus lamentables decisiones de presidente de gobierno.
Se ha dicho que esa carta es una humillación, y Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha llegado a decir: “La carta entera es una pesadilla”. Una carta semejante se envió con la misma fecha a Roma, y es posible que haya otras que aún se desconocen. “Los irlandeses llevamos tres años pidiendo explicaciones, y no hemos recibido ni una respuesta satisfactoria”, dice el economista Karl Whelan.
Ciertamente, el tono de esa carta y sus exigencias sobrepasan con mucho el mandato del Eurobanco, convertido en un actor político que, sin credenciales democráticas, da órdenes explícitas y directas a un Gobierno democráticamente elegido e incluso a un Parlamento supuestamente soberano. Pero esto no es nuevo. Sin legitimidad democrática para ello, como parte de las troikas, el FMI y el BCE vienen exigiendo decisiones de gasto público e impuestos en varios países. Se justifica esta ingerencia diciendo que tiene por finalidad devolver la credibilidad a esos países ante los mercados de capitales, o que el BCE sólo pretende “proteger la integridad y eficacia de su política monetaria en beneficio de los ciudadanos de la zona del euro”, pero lo cierto es que las medidas que se exigen van todas en la dirección de la política neoliberal: preservar los intereses de la gran banca mundial, asegurando el cobro de sus créditos abusivos, y crear condiciones para que las empresas puedan obtener mayores beneficios a costa del salario de los obreros y de sus derechos. Para colmo, la receta impuesta, la de recortar “sean cuales sean las circunstancias”, ha sido discutible desde el principio, pero con el tiempo se ha mostrado tan perniciosa para millones de ciudadanos del Sur de Europa que ya ni siquiera Bruselas la defiende.
JP MORGAN DECIDE QUE HAY QUE LLEGAR MÁS LEJOS
A la banca Morgan pertenece el grupo “Europa Economic Research”, que ha elaborado un documento conocido a finales de mayo pasado y titulado: “El ajuste de la Zona Euro, una tarea a medio hacer”. El Informe muestra su satisfacción por lo ya hecho en Europa desde que se inició la crisis en 2008. Tal satisfacción es comprensible, puesto que la financiación de los bancos con miles de millones de euros de dinero público sin retorno previsible, la privatización de servicios públicos, los recortes, la legislación laboral son medidas que pretenden garantizar, entre otras cosas, que “servicios de inversión”, como JP Morgan, continúen obteniendo beneficios.
Sin embargo para los analistas de JP Morgan esto no es suficiente, hay que ir más lejos. El informe subraya la necesidad de una mayor intervención por parte del BCE, del que exigen una respuesta más espectacular ante la crisis, así como que las medidas de ajuste de los países en crisis aumenten y sean más eficaces, lo que implica que los derechos sociales (sanitarios, educación, beneficencia social) se recorten aún más.
Pero aparte de pedir más medidas financieras y recortes en el viejo continente, el informe se plantea la necesidad de reformas políticas para acabar con las reacciones sociales que previsiblemente aumentarán. Sus autores explican lo que entienden por reforma política: “Al principio de la crisis creíamos que estos problemas heredados del pasado se debían en gran parte al orden económico reinante; sin embargo, se puso de manifiesto que hay problemas políticos que están profundamente arraigados en los países de la periferia, que según nuestra opinión deben ser cambiados si la Unión Monetaria se considera que debe seguir vigente”.
El documento apunta particularmente a Grecia, España, Portugal e Italia, cuyos Sistemas Políticos tienen las siguientes características comunes que favorecen el clientelismo político y el derecho a la protesta: unos dirigentes débiles, corruptos e incontrolados que no representan realmente a los ciudadanos; unos Estados centrales débiles en relación con las distintas regiones; sistemas que buscan el consenso; y protección constitucional de los derechos de los trabajadores. Esto último se debe a que, dada la fuerza política que los partidos de izquierda adquirieron después de la derrota del fascismo en esos países, sus Constituciones tienen un fuerte sesgo socialista.
Las lagunas de esta herencia política han quedado al descubierto por la crisis. JP Morgan considera que, para imponer una política que genera grandes costes sociales, deben ser recortados los derechos políticos de manifestación, de libertad de expresión y de representación democrática. Pues es previsible la ingobernabilidad de ciertos Estados miembros cuando los costes sociales sobrepasen determinado umbral. Así que aconseja derogar las “Constituciones Democráticas burguesas” de esos países europeos, y sustituirlas por sistemas políticos restrictivos y autoritarios como los que se están implantando en el Norte de África, aunque sin el adorno de la variable religiosa.
Digamos para terminar este punto que en marzo pasado una Comisión del Senado estadounidense hizo público un Informe de 300 páginas que recogía las prácticas criminales y el fraude realizado por JP Morgan, que no sólo es uno de los bancos más grandes y más antiguos de los Estados Unidos (opera desde mediados del siglo XIX) sino el mayor agente de productos derivados del mundo, y que ha obtenido enormes ganancias por su actividad especulativa en países sumidos en la crisis a la que ella misma colaboró. A pesar de las revelaciones que se hacían en ese Informe sobre los ocultamientos dolosos de su Consejero Delegado Jamie Dimon, no se ha ejercido ninguna acción contra él (tal vez porque goza de la confianza personal del Presidente estadounidense). Y para nada ha mermado el grado de influencia de ese banco en las altas esferas de la política y la economía americana, al punto que es una de las entidades claves en la configuración del Nuevo Orden Mundial económico. Es sabido que la JP Morgan Chase expresa el parecer de los que realmente mueven los hilos en el mundo (los cuales no sólo generan las crisis, sino que diseñan las salidas indicando a los políticos cuál debe ser su comportamiento).
LEY MORDAZA
La eficacia de esa indicación ya hemos empezado a verla. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente Ley Corcuera.
La futura Ley Fernández, denominada por los movimientos sociales ‘Ley Anti 15-M’, ‘Ley Mordaza’ o ‘Ley del miedo’, es un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal: se eliminan muchas de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarán a considerarse infracciones administrativas. Pueden ser leves (castigables con una sanción de entre 100 y 1000 euros), graves (castigables con una sanción de entre 1.001 y 30.000 euros) y muy graves (castigables con una sanción de entre 30.001 y 600.000 Euros).
Que se elimine el carácter penal de ciertas conductas no es una ventaja para el ciudadano, ya que lo que se intenta es de poder castigarlas en vía administrativa lejos del control judicial. Se pretende así acabar con la impunidad de algunas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.
Añádase que si alguien comete tres infracciones leves en un plazo de dos años, será castigado como si hubiera incurrido en una grave, y si incurre en tres graves en el mismo periodo, como si su infracción hubiera sido muy grave, lo que autoriza al Ministerio del Interior a poner en marcha un registro o fichero policial de infractores, incluidos los desobedientes.
En muchos de los artículos de este proyecto de Ley subyace la pretensión de eliminar las protestas callejeras de la población indignada. Por ejemplo:
-Se faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas (para evitar los escraches en torno a la vivienda de políticos).
-El gobierno podrá imponer enormes multas a quienes convoquen y asistan a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación (para evitar algo semejante a lo que ocurrió, por ejemplo, el 13-M tras los atentados del 11-M).
-Se podrá castigar con grandes multas a quienes graben y difundan imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente (con lo que se pretende evitar que se difundan actos de brutalidad policial).
-Grandes multas amenazan también a quienes se concentren sin autorización ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad (con lo que se pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales), y a quienes protagonicen “actos de obstrucción” a la ejecución de una decisión judicial o administrativa a cargo de una autoridad o cargo público (con lo que se pretende evitar que se impidan los desahucios).
Si para eludir tan fuertes castigos a alguien se le ocurre ponerse una capucha o cualquier elemento que dificulte su identificación, eso será una falta añadida, lo mismo que si insulta al policía que lo agrede, o si se niega a identificarse. Pero para ser objeto de sanción ni siquiera es preciso hacer algo de todo esto. El convocante de una manifestación, por Twitter o cualquier otro medio, también podrá ser multado aunque no aparezca por allí.
Claro está que, una vez impuesta la sanción, el ciudadano puede acudir a los tribunales. Pero para dificultar este recurso ahí está la ley de tasas judiciales, que sumadas al costo en abogados hace que acudir a los tribunales sea prohibitivo para muchos. La sanción administrativa quedará ejecutable cuando falten medios para recurrir. De manera que ya tienen el panorama completo.
Llega esta Ley a tiempo, pues algunos consideran que lo que está ocurriendo en Burgos es premonitorio de lo que puede ocurrir en cualquier momento en el país entero, dado el grado de desesperanza e indignación que está anegando a la mayor parte de la población una vez que los costes sociales han sobrepasado el umbral pacíficamente soportable.
MORALEJA
La relación entre estos tres asuntos, como tantas otras cosas del presente, deja muy claro que las decisiones políticas básicas no se toman transparentemente por el gobierno y el parlamento elegidos por los ciudadanos, sino de manera oculta por instancias que no tienen credenciales democráticas y que actúan al servicio y dictado de los grandes poderes económicos. Oímos una y otra vez a personas que se dicen preocupadas porque tal o cual episodio “daña la calidad de nuestra democracia”. Pero no tenemos democracia cuya calidad pueda ser dañada. Utilizar la palabra “democracia” para caracterizar a los sistemas políticos capitalistas es una fantasía. Hay elecciones, sí. Elegimos a nuestros representantes, pero no para que actúen en interés de sus votantes, sino de otros que están más allá. Y no sólo ahora, también antes, aunque se notara menos. También mañana, cuando salgamos de esta crisis, e incluso si la política neoliberal es sustituida por una política socialdemócrata, en cuyo caso se notará aún menos (se disimulará mejor). ¿Democracia en el capitalismo? Sonrían, por favor. Fíjense con atención en lo que va ocurriendo y complétenlo con la causa que inevitablemente actúa entre bastidores, pero que es detectable si se tiene buena vista. Comprobarán que democracia y capitalismo son términos contradictorios.
