Agosto 2014
Llevamos tiempo en que las apelaciones a la democracia son continuas. Se habla de que la democracia se está devaluando, o de revitalizar la democracia, se dice que el derecho a decidir es un derecho democrático, se propone democratizar la vida interna de los partidos. Se afirma que Venezuela o Cuba no son países democráticos. En todos estos casos se da por supuesto que nosotros sí, nosotros vivimos en una sociedad democrática.
Y no es cierto, nunca hemos conocido la democracia, de la misma manera que nunca la han conocido en Estados Unidos, Reino Unido o Francia.
Esto es algo que los marxistas sabían muy bien, y que proclamaban hasta que llegó el eurocomunismo. Asustados por la amenaza mediática, pobres de teoría, deseosos de ser aceptados, los eurocomunistas prefirieron pensar que la democracia burguesa es una democracia sustantiva y no sólo formal. Hoy está muy claro para todo el que sepa ver que los poderes que controlan las decisiones básicas no surgen del voto ciudadano. El sistema político al que llamamos democracia es una plutocracia demagógica dulcificada por el compromiso de respetar ciertos derechos humanos. Y algo más: esta situación no puede cambiar mientras sigamos en el sistema capitalista.
Para fundamentar esta afirmación empecemos por una breve historia.
Rasgos formales de la democracia
El antecedente próximo de las actuales democracias es la que surge con la independencia de EEUU en 1776 con estos rasgos básicos:
-División de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) como garantía de que cada poder está sometido a un sistema de fiscalizaciones y contrapesos.
-Constitución que limita los diversos poderes y establece el Estado de Derecho.
-Derecho a votar y ser votado, bajo el supuesto de que los distintos poderes del Estado no tienen otra legitimación que la que descansa, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores libres.
-Libertad de asociación en partidos políticos (no partido único).
-Libertad de expresión.
-Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativas a las del Gobierno.
-Ciudadanos educados e informados acerca de sus derechos y deberes.
Recordemos que esta democracia no fue pensaba en atención a los intereses del pueblo, sino de la burguesía ascendente. Para el desarrollo del capitalismo eran necesarias ciertas libertades, freno al absolutismo y protección de los propietarios frente a las exacciones del Estado. Conseguido esto por la burguesía, la mayoría de la población (mujeres y negros, pero también no propietarios) quedó en condiciones de sumisión económica, social y política.
N. Chomsky, con apoyo en numerosa documentación y en trabajos como los de Lance Banning, no se ha cansado de demostrar que la Constitución americana fue intrínsecamente un texto legal aristocrático «pensado para refrenar las tendencias democráticas de la época». Esto es, para entregar el poder a los «buenos» y excluir a quienes no fueran ricos, bien nacidos ni prominentes por haber ejercido el poder político. James Madison, cuarto presidente americano y reconocido padre de la Constitución, dejó bien sentado que la primera responsabilidad del gobierno es «proteger la minoría de los opulentos frente a la mayoría», principio que ha guiado al sistema político americano desde sus orígenes hasta hoy.
Se puede decir lo mismo de las restantes democracias, que tomaron a la americana como modelo.
Y es que los diseñadores del nuevo orden tenían una idea optimista de la racionalidad del pueblo y, en consecuencia, pensaban que quienes carecían de propiedades aprovecharían su mayoría para legislar contra la propiedad de la minoría. Por ello, para asegurar la inviolabilidad de un derecho de propiedad sin límites, se dejó excluidos del derecho de voto a quienes no tenían “apuestas en el país” (esto es, propiedades).
A partir de ahí, la extensión de los derechos políticos fue en gran medida, tanto en Estados Unidos como en Europa, el resultado de las presiones de los movimientos obreros, de las sufraguistas y de los partidos de izquierda. El movimiento cartista de la clase trabajadora del Reino Unido entre 1830 y 1840, que pretendía la ampliación de voto, fue reprimido, y lo mismo otros intentos de revolución democrática en Europa entre 1848 y 1852.
El crecimiento de la resistencia en las últimas décadas del siglo XIX hizo más difícil mantener excluida de los derechos políticos a la mayoría de la población. Así que las élites se fueron aviniendo a conceder el derecho de voto primero a más votantes varones, y por último, bien entrado el siglo XX, a votantes mujeres y a votantes negros.
Otros requisitos
El caso es que el derecho de voto ha terminado siendo universal. ¿Se puede decir por ello que ya tenemos democracia?
Digamos, para empezar que, según vemos la cosa hoy, a los requisitos antes señalados tendríamos que añadir los siguientes:
Que los representantes tengan limitada su libertad de acción por el programa para el que pidieron el voto; que cualquier decisión importante no contemplada en el programa electoral sea consultada a la población o refrendada una vez tomada por los representantes; que el pueblo conserve la capacidad para promover en cualquier momento un referéndum sobre un asunto específico; que conserve la capacidad para promover leyes (iniciativa popular); y que pueda revocar el mandato o destituir a los representantes (el llamado por los anglosajones recall).
Evidentemente si la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, en la democracia representativa estas condiciones son imprescindibles. De todas ellas en España sólo se cumple una, la de iniciativa legislativa popular, y sin incidencia en la vida política (de 66 iniciativas sólo ha tenido éxito una que modifica un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal). Las demás condiciones se incumplen, como bien sabemos.
Entrando en el fondo del asunto
Pero, suponiendo que se cumplieran todas ellas, tampoco podríamos hablar de democracia, porque hay una condición básica ausente: la educación e información de los ciudadanos acerca de sus derechos y deberes. Y hay dos características que se toman como dogmas en toda sociedad capitalista, y que son incompatibles con una democracia sustantiva: la libertad de prensa (léase propiedad privada de los medios de comunicación) y la inexistencia de límites legales a la riqueza privada.
Comencemos por la educación e información de los ciudadanos, asunto sobre el que los padres de la Constitución americana hicieron un ejercicio de cinismo notable. Es de sentido común que la libertad para votar ha de ir acompañada en cada votante de conocimiento suficiente de las implicaciones del voto que emite. ¿Qué vale en otro caso su voto? Es también previsible que la clase política se dedique a promover la ignorancia de la ciudadanía en su propio beneficio. Todo esto lo tenían presente los fabricantes de la democracia americana. ¿Y cómo lo solucionaron? Estableciendo que la clase política está obligada a dedicar parte del patrimonio gubernamental a publicar en boletines oficiales las nuevas leyes y las sentencias judiciales, así como a hacer campañas informativas antes de celebrar un referendum. Hecho esto, se dio por cumplida la condición de que los ciudadanos estén educados e informados acerca de sus derechos y deberes, y libres de las asechanzas de la clase política.
Claro está, no podemos pensar que aquellos padres de la patria fueran tan ignorantes como para creer que la educación y el conocimiento del votante se consigue por el mero expediente de publicar disposiciones legales y sentencias en un Boletín Oficial. ¿Qué ocurre si una gran parte de la población no está capacitada para entender el significado de esas disposiciones legales y sentencias?
¡Ah, pues mire usted! Eso era justamente lo necesario para que la democracia resultara inofensiva a los intereses de la burguesía. En realidad se concedió el derecho de sufragio universal en parte por la presión de la gente, pero sobre todo porque la élite fue comprobando que sus temores eran infundados, que la mayoría es manipulable y resulta fácil hacerla votar a favor de los intereses de la minoría si se sabe jugar con los tres ingredientes con que ha venido siendo fabricada tradicionalmente: ignorancia, egoísmo y miedo. Basta para ello disponer de la ayuda de políticos y medios de comunicación influyentes. Y estas dos cosas se consiguen con dinero, dinero para financiar partidos y para poner en marcha medios de comunicación, dinero para hundir a todo partido o medio que resulte peligroso.
De manera que la posesión del dinero por la minoría y el estado intelectual de la mayoría es lo que convierte a la democracia representativa en una forma política inofensiva para los intereses burgueses.
Mirando alrededor
En las sociedades actuales, para entender lo que ocurre en el espacio político es necesario un conocimiento de economía, historia y ciencia social que no se dispensa en el periodo de educación obligatoria. En consecuencia, muchos de los que van a votar libremente no tienen capacidad para relacionar sus intereses cotidianos con medidas legislativas y económicas complejas, ni para discernir la verdad de la falsedad en el ámbito de las estrategias informativas. Son incapaces de distinguir entre lo que es aparentemente favorable pero desfavorable en el fondo, y lo que es favorable en el fondo pero aparentemente desfavorable (por ejemplo, significativamente, en la complejísima legislación sobre la propiedad y la política fiscal).
Un pueblo intelectualmente inerme queda sometido a la permanente campaña de propaganda de los medios privados de comunicación influyentes, que son todos ellos procapitalistas, qué casualidad. Estos medios, que conforman una opinión pública dependiente, no cesan de promover el miedo a todo lo que amenace al sistema, haciendo creer que cualquier medida razonable es utópica y peligrosa, y no cesan de promover el egoísmo codicioso haciendo creer a todos que lo más desable es la riqueza y que cualquiera puede llegar a ella (en último caso con un golpe de suerte en la lotería). Una vez aleccionados adecuadamente, se puede dejar que los ciudadanos acudan a votar “libremente”. Votarán contra sí mismos con todo celo.
Lo que es funcional persiste
Esto es así, pero además ha de ser así y no puede ser de otra forma en este tipo de sociedad. El sistema capitalista nunca nos sacará de esta situación, nunca proporcionará a la población una educación adecuada. Y es que para cualquier sistema elitista, donde una minoría necesita dominar a una mayoría, es funcional que esta mayoría permanezca en un estado de postración intelectual desde el que es imposible discernir aquello que se ventila en el espacio político.
Los políticos son los primeros convencidos del estado infantil de las masas, y por ello se comportan como vendedores de una mercancía que no se defiende con argumentos racionales, sino apelando a resortes emotivos. De ahí que el dinero con que cada partido cuenta para hacer su campaña publicitaria es más importante que la oferta de medidas políticas.
Esto sería suficiente para concluir que no vivimos una democracia, pero es sólo una pequeña parte del argumento.
Volvamos al punto básico: propiedad privada sin límites
Que todos puedan concurrir a la actividad política en igualdad de condiciones y que todos sean iguales ante la ley es un requisito esencial de la democracia, pero no basta que la ley afirme esa igualdad, sino que ha de existir de hecho, algo imposible si la distribución de la riqueza social no guarda suficientes dosis de equidad. Y ocurre que las distintas Constituciones democráticas hechas en países capitalistas, lo mismo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aceptan implícitamente el derecho a una propiedad privada a la que no se pone límites.
Este derecho injusto, que unido a la economía de mercado hace que los ricos sean cada vez más ricos (y, en consecuencia, los pobres cada vez más pobres), es causa de casi todos los males sociales. El dinero proporciona a hijos y herederos oportunidades educativas y de formas de vida que no están al alcance de los demás. En Estados Unidos los blancos tienen seis veces más riqueza que los negros y, qué casualidad, los negros tienen seis veces más probabilidades de ir a la cárcel, siendo las sentencias 19,5 veces más severas para ellos que para los blancos en situaciones similares. En todos los países “democráticos” ocurre algo semejante por relación con la desigualdad económica.
Pero, por lo que afecta a la imposibilidad de democracia, es aún más importante el hecho de que quienes tienen poder económico suficiente ejercen un control decisivo, y no público, sobre la legislación y la política.
El control capitalista del ámbito estatal
Siempre ha existido control del capital sobre los Estados, pero ha aumentado de manera escandalosa desde el predominio de la ideología neoliberal, y se ha hecho tan visible que resulta muy incómodo para los defensores del capitalismo.
Entre las principales palancas actuales de ese control están la privatización de empresas públicas que controlan los principales espacios económicos (comunicaciones, energía, crédito, finanzas, etc.); la independencia de los Bancos Centrales (que equivale de hecho a su privatización, pues los saca del control democrático y los pone bajo control de los llamados mercados); y el funcionamiento de empresas multinacionales y de fondos de inversión en un ámbito mundializado libre de regulaciones.
Si las grandes empresas (esas a las que se llama sistémicas) son de propiedad privada, ello otorga a sus propietarios control sobre la naturaleza de las inversiones económicas básicas y, consecuentemente, sobre la forma y el carácter del desarrollo económico. La democracia no tiene acceso a las salas de junta empresariales en las que se toman decisiones que afectan al proceso productivo en general.
De cómo la independencia de los Bancos Centrales es incompatible con la democracia ya he hablado en otra entrada de este blog del pasado junio.
Por su parte las multinacionales van colocando parcelas de la economía nacional bajo control privado extranjero. El inversor exige previamente una cantidad abusiva de beneficios, ayudas e infraestructura que han de ser financiados por el país receptor y se reserva una capacidad de chantaje contra cualquier medida que resulte perjudicial a sus intereses, por racional y justa que sea desde el punto de vista general.
A esa capacidad de chantaje ayuda el actual modelo de mundialización, que consiste en confiar a los Estados nacionales la defensa a ultranza del derecho de propiedad, mientras se deja desregulado el espacio mundial en que se mueven libremente las grandes multinacionales, los grandes capitales y los grandes especuladores.
La actividad del capital financiero proporciona a sus gerentes unos medios de extorsión, control y decisión que supera el poder de los Estados. Expertos en política internacional aceptan que los movimientos de capital especulativos han arruinado divisas, han puesto de rodillas a las economías asiáticas, atacado a la agricultura tradicional y las industrias artesanales, desestabilizado gobiernos y provocado violencia y convulsiones sociales, siempre en beneficio de unos pocos.
Los conservadores hablan de “los mercados” como si fueran un sujeto que reacciona, castiga o premia, pero los mercados no son más que un espacio en el que actúan personas, que son las que toman decisiones influyentes. Recordemos que en septiembre de 1992 George Soros, apostando a la depreciación de la libra con dinero prestado, puso contra las cuerdas al Banco Central inglés, hizo temblar al sistema monetario internacional y ganó en pocas horas 1.100 millones de dólares. Ahora dirige el Soros Fund Management, que administra más de 70.000 millones de dólares de seis Hedge Funds. Él mismo se dice convencido de que sus especulaciones pueden desatar una reacción en cadena en los mercados de todo el mundo. Añadan a Soros el pequeño grupo de propietarios y controladores del capital financiero mundial. Actúan a su antojo, sin control democrático alguno, y tienen poder para premiar unas políticas y castigar otras.
En conjunto las decisiones concertadas de los dueños y controladores del gran capital forman una maraña de poder fáctico que marca el espacio de juego progresivamente reducido de los Estados, obligados como están a acudir a los mercados en busca de créditos.
Hay otras formas de chantaje de los dueños del capital, ejemplificables en la amenaza de abandonar el país si no se satisfacen sus demandas. Eso hizo la patronal francesa cuando Jospin quiso reducir por ley la jornada laboral a 35 horas y eso hizo la patronal alemana como medida de presión contra la política socialdemócrata que se proponía Lafontaine.
Los políticos no reaccionan
Si esto es así, ¿por qué la nula diligencia y voluntad de los políticos a la hora de acabar, por ejemplo, con los paraísos fiscales, y a la hora de legislar en el ámbito mundial sobre el libre movimiento de capitales, la deslocalización de empresas o las actividades financieras puramente especulativas? ¿Qué fundamento tiene el afán de privatizar que ha distinguido a los gobernantes? ¿Acaso es cierto que funcionan mejor y redundan en mayor beneficio público las empresas privatizadas que las públicas? ¿No es más bien cierto que funcionan mejor las públicas bien administradas? ¿Por qué los políticos han decidido renunciar a su control de los Bancos Centrales? ¿Por qué una medida tan leve como la tasa Tobin parece irrealizable? ¿Por qué los gobiernos del mundo no están interesados en dotarse de mayor poder frente a la extorsión del capital? ¿Tiene todo ello alguna explicación?
Dos ejemplos próximos. En el informe aprobado por unanimidad en 2003 durante el decimotercer congreso de la asociación que agrupa a 1200 de los 1400 Inspectores de Hacienda de España (Apife) se denunciaron 14 coladeros para, al amparo de la normativa vigente, defraudar a Hacienda, coladeros que parecen destinados al beneficio exclusivo de contribuyentes con gran poder económico. El fraude más sofisticado y complejo está organizado en tramas, alrededor de movimientos financieros transfronterizos o ligados a paraísos fiscales. Los inspectores denunciaron que el gobierno promueve normas que dificultan la persecución de estos delitos, o aparentemente destinadas al beneficio de esos mismos contribuyentes.
Pues bien: ni siquiera tras esa denuncia pública han hecho algo los gobernantes para remediar situación tan escandalosa.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha dicho que «tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal pensada para robagallinas», que no permite perseguir con la eficacia debida ni a la gran delincuencia ni a la delincuencia compleja (entre las que se encuentra la delincuencia de guante blanco que caracteriza a los ricos).
¿Es que los políticos no saben esto y por ello no lo remedian? ¿Cómo es posible tan larga connivencia de los gobernantes con los poderosos económicos que delinquen?
Estas preguntas tienen una respuesta simple: los dirigentes políticos no tienen autonomía para actuar contra los ricos. Son testaferros del capital.
La élite en el poder
Por fin está quedando claro para muchos algo que se sabe desde Marx, que en nuestras “democracias” el verdadero poder no está en el pueblo y en sus representantes, sino en quienes controlan el capital. La élite en el poder está formada por poderosos económicos, y éstos se auxilian de poderosos políticos, poderosos mediáticos y poderosos funcionariales, entre ellos los controladores del conocimiento conservador, bien instalados en las correspondientes cátedras y medios de comunicación. Los poderosos económicos usan como testaferros a los poderosos políticos y controlan, desde la propiedad de los medios, a los profesionales de la comunicación.
Cada una de las élites tiene sus propios criterios para ganar o perder parcelas de poder. Los partidos políticos cumplen la función de facilitar que emerjan las élites políticas y que se alternen en la ocupación del Gobierno y el Parlamento. El criterio es el éxito en las urnas, cuya funcionalidad consiste en que premia la capacidad para ganarse la confianza y la voluntad de los votantes. Y ¿para qué han de ganársela? Para presentar como razonable la política que están de antemano obligados a hacer. Como testaferros del poder económico, los políticos actúan para, teniendo en cuenta las mil situaciones y circunstancias que componen la vida de una nación, ir llevando la nave de forma que no encalle… desde el punto de vista de quienes tienen poder suficiente para hacer valer sus intereses.
Les queda luego un pequeño margen para ir en una u otra dirección respecto a cuestiones que a los poderes económicos les son secundarias o indiferentes, como los derechos del inmigrante, la violencia machista, la homosexualidad o el aborto (y sólo en eso y en el estilo acaban diferenciándose derecha e izquierda en el poder).
Los servidores políticos, intelectuales y mediáticos son remunerados en proporción a sus servicios, y los más destacados pueden terminar formando parte de la élite económica (aunque la mayor parte de esa élite lo es por herencia o por “éxito” en los negocios).
Control inevitable
He aquí los rasgos del capitalismo que lo hacen por completo incompatible con la democracia. Esos rasgos se han agudizado, pero antes, cuando el capitalismo se disfrazaba bajo la careta socialdemócrata, las cosas no eran muy diferentes. Siempre ha sido inevitable que la oligaraquía que dispone de una proporción desmesurada de la riqueza social la defienda o amplíe comprando secretamente voluntades (de intelectuales, periodistas, legisladores, políticos, jueces y policías), financiando investigaciones sobre vidas privadas para incidir con amenazas o chantajes en la vida pública, o para destruir competidores, financiando partidos y aportando fondos a campañas electorales (a cambio siempre de una sumisión que implica un torcimiento de los supuestos democráticos) y, en definitiva, contribuyendo a un entramado no público, ni controlable democráticamente, en el que se toman numerosas decisiones importantes que luego se visten de apariencia democrática.
La vida secreta del capital compone una realidad subterránea que determina la aparente. Emerge en escándalos reveladores, pero que no son precisamente todas las corrupciones existentes, sino sólo aquella pequeña parte con la que se producen ataques o venganzas controladas. Muchos watergates esperan en los cajones y son utilizados como elementos de disuasión, de presión, chantaje o negociación.
Plutocracias demagógicas
Lo que vengo exponiendo avala la afirmación inicial de que nuestras aparentes democracias son en realidad plutocracias demagógicas. Plutocracias porque gobierna la oligarquía del dinero, y demagógicas porque necesitan convencer al pueblo de que él es quien manda y de que son en su beneficio las medidas procapitalistas que adoptan sus representantes. Todos los políticos en el poder que conocemos actúan al servicio del capital, pero han de fingir que actúan en beneficio del pueblo. Son, por tanto, necesariamente demagogos.
Si miramos a lo que ha ocurrido en unos y otros lugares, puede entenderse nuestra democracia como un pacto social que ha sido arrancado a las élites y que éstas aceptan en la seguridad de que no pondrá en peligro sus privilegios y sólo bajo condición de que no los ponga en peligro. La ventaja que saca el de abajo es una cierta salvaguarda frente a la arbitrariedad del poder. La ventaja que saca el de arriba es una aparente legitimación ética de su dominio. Dicho de otra forma, nuestras democracias son una concesión condicional que la oligarquía económica hace a las masas y que es revocada en el momento en que ese método de funcionamiento político pone en peligro los intereses a cuyo servicio opera subrepticiamente. Disponemos de muchos ejemplos de esta revocación.
Comparación con las dictaduras
En todo caso, de este tipo de régimen se dice que es la forma política ideal porque elude los vicios típicos de los regímenes totalitarios, caracterizados por el control gubernamental de los medios de comunicación, el partido único y el poder sin contrapesos ni réplica.
Cierto que esta “democracia” es preferible a las dictaduras, en dos sentidos: hay más libertad individual y menor nivel de violencia física interna. En los términos de la llamada Ley de Rummel, a menor nivel de democracia hay más probabilidades de que los gobernantes asesinen a sus propios ciudadanos. Estamos, pues, en un sistema político en el que corremos menos riesgos de ser asesinados por nuestros gobernantes, sobre todo si pertenecemos a las capas de población integradas. En Estados Unidos un negro tiene 21 veces más probabilidades que un blanco de morir tiroteado por la policía.
Otra ventaja que se puede alegar es que nuestras plutocracias están dulcificadas por el compromiso de respeto a los derechos fundamentales del ciudadano. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos no resuelve los problemas expuestos: es un progreso respecto a barbaries previas, pero no es la declaración de un ideal político, como prueba la mera lista de los derechos humanos incluidos y los que en ella faltan, así como las consecuencias que se siguen de algunos de los derechos proclamados y de la ausencia de otros que deberían ser básicos. Me remito a la entrada de este blog del pasado abril dedicada a la crítica de la citada Declaración (ver aquí).
Baste decir que, cumpliendo formalmente con lo dispuesto en ella, se pueden desconocer derechos fundamentales y se pueden violar los reconocidos. En España el derecho a una vivienda o al trabajo se están negando a las personas desahuciadas y a los parados. Y no pasa nada. Y alguien puede ganar decenas de miles de millones de euros y estar legalmente eximido de pagar impuestos. Y no pasa nada. Millones de personas no se libran de violencias como la pobreza extrema, la malnutrición infantil, la falta de oportunidades educativas y el sometimiento a procesos de adoctrinamiento que los esclaviza. Hay muchas formas de violencia y no todas pueden identificarse con el daño físico o el asesinato.
Por lo demás, dentro de cada país los principios del Estado de Derecho se violan tan pronto la situación lo requiere. La prisión de Guantánamo es un ejemplo significativo y otro ejemplo es la limitación de las libertades de la ciudadanía estadounidense autorizada por la Ley Patriótica con que Bush ha respondido a atentado del 11S, siendo también buen ejemplo el intento de evitar informaciones y acallar críticas so pretexto de que ayudan al enemigo.
Dicho todo lo cual, podemos, sí, aceptar que nuestra “democracia” es preferible a una dictadura para la parte de población sensible al ejercicio de la libertad cívica.
¿Por qué no hay gobernantes independientes?
Parece muy duro afirmar que todos los gobernantes en nuestras democracias son testaferros del poder. ¿No puede haber gobernantes honrados?
Se necesita mucho dinero para poner en marcha un partido que pueda ganar elecciones y ese dinero, sea de créditos bancarios que se prorrogan indefinidamente, sea de donaciones públicas o secretas, sólo va a partidos conformes con el sistema, o tan descuidados (caso de IU) que quedan amordazados por el crédito que adeudan.
Si las cosas no fueran así, ¿no sería inexplicable que en Estados Unidos no haya más que dos partidos capaces de disputar las elecciones, uno de derecha y otro de extrema derecha?
Recordemos que Felipe González llegó al poder tras pasar el examen de la CIA y del capital alemán, y que recibió ayuda económica y mediática porque se había comprometido a pasar del No al Sí en el referendum sobre la OTAN y a abandonar el marxismo. Consiguió el gobierno, pero sólo después de haber aprendido dónde estaban sus límites.
Nuestros gobernantes, sean del PSOE o del PP, saben quién manda y saben en que dirección deben legislar. Precisamente han llegado al gobierno porque a su disposición a traicionar al pueblo votante unen su habilidad para que la gente no llegue a notarlo. Todo esto forma parte de la lógica del sistema.
¿Puede un gobernante independizarse del capital?
Si un político en el poder decide apartarse de su papel y actuar contra los intereses patrocinadores puede acabar como Kennedy o como Nixon. Si ha llegado al poder por su cuenta, caso de Allende o de Chávez, o mediante una lucha armada como Fidel, tendrá en frente todo el poderío capitalista, que hará lo posible por asfixiar al país y reconducirlo mediante una dictadura, o aislarlo al menos. Habrá campañas de descrédito muy efectivas, como la que sufrió Lafontaine por haberse atrevido a plantear algunas reformas modestas. Lafontaine se proponía regular los mercados internacionales, reducir el peso de Estados Unidos en el FMI, someter al Banco Central Europeo a algún control político, bajar los tipos de interés, reducir el impuesto de la renta para los ingresos bajos, aumentar el de los beneficios de las grandes empresas y los grandes capitales y patrimonios, y expandir la demanda mediante aumentos salariales. Naturalmente, las empresas alemanas más grandes amenazaron con marcharse de Alemania al extranjero. El capital alemán (con sus portavoces instalados en cátedras o en despachos de editorialistas, como en cualquier país capitalista) decidió acabar con Lafontaine y éste tuvo que dimitir.
Su sucesor Schröder abandonó las propuestas de Lafontaine y se prestó a hacer la reforma que el capital exigía. ¿Qué reforma? Ya sabemos que cuando la derecha habla de reforma está en realidad hablando de puro darwinismo social sistemático: reducción de las ayudas sociales, jornadas y vidas laborales más largas, disminución de la inversión en infraestructuras públicas y menor protección laboral. Todo esto implicaba una destrucción del consenso social establecido cuando la URSS era un contrapoder, y respondía al designio del capital de recuperar sus antiguas ventajas. Schöder presentó en junio del 99 un plan de austeridad para ahorrar el equivalente de 30.000 millones de marcos en el 2.000 («el más importante proyecto de reforma de la historia de Alemania» en palabras del canciller) que supuso una poda selectiva del Estado Social y el comienzo del desmantelamiento de los derechos adquiridos por los de abajo. Un símbolo de esta «reforma» es la generalización de los “minijobs” como forma típica de inserción laboral.
Conclusión
Si lo que antecede tiene fundamento, si democracia y capitalismo son incompatibles, ello quiere decir que el camino que aproxima a la democracia es el mismo camino que aleja del capitalismo, un camino repleto de obstáculos.
Un primer paso es saber dónde se está. Saber que, contra lo que casi todos dicen o suponen (ellos sabrán por qué), no existe hoy democracia en el mundo, y que sólo podrá haberla cuando:
(a) la riqueza privada no pueda pasar de un límite razonable (¿cinco millones de euros para cada patrimonio personal?), a fin de evitar tramas ocultas de poder, control de los mercados y extrema desigualdad de oportunidades, y a fin de lograr que quede en manos públicas, y para fines sociales, la inmensa riqueza que ahora acumulan manos privadas. ¿Quién ha dicho que cada uno es dueño de lo que le da el mercado? ¿Quién ha dicho que es el mercado el que debe dar y quitar? El mercado es un mecanismo irracional que, dejado a su aire, va haciendo a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres, y que no recompensa en atención al mérito y valor de la actividad desarrollada. Da poco al investigador, al maestro, al médico, y mucho al especulador o al que tiene ya mucho, y sólo por el hecho de tenerlo.
(b) se prohíba la propiedad privada de los medios de comunicación masivos, que deberán ser sustituidos por medios de propiedad pública bajo control social. La llamada libertad de expresión no es otra cosa que un eufemisno con el que se alude al monopolio del capital para informar, aleccionar y fabricar la opinión pública.
(c) se generalice una educación que dé a todo ciudadano la competencia necesaria para entender las implicaciones de su voto y las repercusiones de cada medida política, lo que exige elevar el nivel cultural de la población muy por encima de lo que ahora se considera excelente en pruebas como los informes PISA. Hay que romper con la inercia milenaria del elitismo que fabrica a las poblaciones intelectualmente inermes, inercia que no ha sido alterada por el actual tipo de educación obligatoria.
La limitación a la riqueza privada es condición no sólo para evitar que el dinero sea el que gobierne y que los políticos no sean más que sus testaferros, sino también para que una distribución racional y justa de la riqueza social cree el ambiente necesario para una buena educación pública. De otra forma ni hay base moral para ella, ni el Estado puede disponer de los enormes recursos necesarios. Pero recuperar el dinero de los que ahora lo poseen y manejan indebidamente es una tarea a la que ellos y sus ayudantes (una legión de comunicadores, economistas, politólogos y otros «intelectuales») se opondrán con todas sus fuerzas.
