He aquí un problema interesante. Si la izquierda hace propuestas electorales contrarias al sistema capitalista (y por tanto irrealizables a consecuencia de la oposición del sistema, o sólo realizables con más costes que beneficios) es populista. Si quiere no serlo debe limitarse a proponer aquello que será aceptado por el poder económico y, por tanto, realizable. Es decir, debe someterse a ese poder y renunciar a cambiar las cosas. Así que, a partir de la idea de que ofrecer lo que no se puede cumplir es populismo, hay una ofensiva contra cualquier propuesta que pretenda cambiar las bases de la economía de mercado.
En esta ofensiva militan, en periódicos, radios y televisiones, personajes que prefieren el insulto al razonamiento, y hay que dejarlos a su aire. No vale la pena otra cosa. Hay otros, sin embargo, en especial numerosos economistas y politólogos conservadores, cuyos razonamientos condenatorios se basan en el conocimiento que maneja la derecha. En España, de cara al gran público, esas opiniones tienen su principal medio de expresión en El País, en el que últimamente distintos expertos han venido a detectar grandes dosis de populismo en las propuestas de Podemos. Veremos que, de esta forma, aunque no lo mencionan, dejan planteado el problema interesante que señalé al comienzo.
En un editorial de El País de 5 de agosto se nos dice, comentando el Barómetro del CIS correspondiente a julio, que uno de los riesgos de tal sondeo es que el éxito de Podemos (la mitad de cuyos votantes de 2014 lo fueron en 2011 del PSOE o de IU) anime a otros [se supone que al PSOE o a IU] a imitar su radicalismo populista. La existencia de Podemos debe ser motivo de atención, pero no pretexto para el populismo. La renovación que necesita el PSOE debe de mantener un anclaje en la socialdemocracia, a la que El País considera una variable de la política de izquierdas caracterizada por rasgos como la moderación, el reformismo, el respeto a las reglas de la democracia representativa y del Estado de derecho y el rechazo de los extremismos. Si Sánchez precisa de ejemplos a los que imitar –le recomiendan-, los tiene mejores en algunos países de la Europa más próxima que dentro de nuestras fronteras.
En resumen (concluyo por mi parte): el PSOE debe seguir siendo inofensivo.
En un artículo de 4 de agosto (“La convergencia entre tecnocracia y populismo”) Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, hace un ataque indirecto a Podemos al definirnos el populismo como toda actitud que haga al libre mercado responsable único de la crisis y proponga como salida un aumento del control político de la economía. El populista no sólo quiere corregir los fallos del mercado, sino suplantarlo. ¿Y por qué? Arruñada pasa al espacio del análisis psicológico y dictamina: “el populista se limita a cultivar el resentimiento.” ¡Vaya por dios!
Pero Arruñada no se limita a esta descripción del populista, sino que hace una defensa de la desregulación alegando que el regulador político no es mejor ni peor que el empresario. Además, añade, llevamos décadas tratando de mejorar la regulación sin ninguna señal de éxito. Mientras nuestra demostrada incompetencia regulatoria aconsejaría regular menos, ocurre sin embargo que a algunos les interesa insistir en la pretensión de regular mejor. ¿Y por qué? Porque la regulación da poder. El populista quiere cambiar las instituciones para llegar al poder y aplicar políticas que reducirían la competencia y empeorarían la economía. Desafortunadamente, se lamenta Arruñada, esas políticas cuentan con notable respaldo, pues, aunque ruinosas, parecen gratificantes a corto plazo.
Dos ataques directos al programa electoral de Podemos
En artículo publicado el 15 de julio (“Populismo a diestro y siniestro”) J. Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramírez (ambos profesores de economía, uno en la Universidad Complutense y el otro en la de Duke, Estados Unidos) critican por populistas las siguientes propuestas de ese programa electoral: el impago de parte de nuestra deuda soberana, el control público del Banco Central Europeo, la democratización y nacionalización del sistema bancario, una renta básica para todos los ciudadanos, la moratoria de algunas deudas hipotecarias, el abandono de algunos de nuestros tratados de libre comercio y bajar la edad de jubilación a los 60 años.
En artículo publicado el 25 de agosto (“¿Es Podemos una alternativa para la izquierda?”) Antonio Roldán Mones, doctorando en Economía Política en la London School of Economics, concentra sus críticas en las propuestas siguientes: Prohibir los despidos en las empresas con beneficios, dejar de pagar la deuda pública, derogar la reforma de pensiones, derogar las reformas laborales y tomar el control político del BCE.
Estos ideólogos vienen a argumentar que, aunque todas estas medidas son muy atrayentes para la gran masa de descontentos, analizadas con un poco de sentido común son contraproducentes.
¿Y por qué? ¿Acaso porque no son en sí beneficiosas para la mayoría? ¿Se trata acaso de medidas injustas o atentatorias a la lógica de la economía? Nada de eso, no vale la pena considerar si las medidas son o no razonables en sí. Los argumentos van por otro lado, a saber: que si tales medidas se realizaran, nuestra capacidad, como país, de acceder a los necesarios mercados financieros disminuiría de manera catastrófica. Si de pronto España decidiera ir en dirección opuesta a la de todos sus socios europeos y avanzara por el camino que propone Podemos sería castigada por “los mercados” y en poco tiempo nos quedaríamos sin financiación para mantener los servicios públicos básicos. La economía poco a poco se haría más improductiva, cerrarían empresas y el paro otra vez se volvería a disparar. Pronto la inflación se comería los ahorros de los trabajadores y aumentarían todavía más las desigualdades. De manera que las propuestas “populistas” tendrían el efecto contrario al que proclaman: perjudicarían a los pobres, a los parados y a las pequeñas y medianas empresas.
¡Qué curioso! Nuestros tres economistas pueden estar en lo cierto al afirmar que ciertas medidas traerían perjuicios al país, pero omiten decir que sería como consecuencia de un chantaje, el chantaje del capital a los Estados. En la economía de mercado casi todo lo que habría que hacer para mejorar la sociedad a fondo es algo que no se puede hacer a causa de ese chantaje. Por ejemplo, puesto que si un país aumenta la presión fiscal sobre los ricos sólo consigue que los capitales se vayan fuera, aumentar la presión fiscal sobre los ricos es inconveniente.
Buena razón para cambiar de sistema económico. Pero no, los economistas conservadores no hablan de ese chantaje que convierte lo útil en perjudicial. Prefieren hablar de “los incentivos y las restricciones existentes en la economía”. Para algo ha de servir al conservador andar de profesor de universidad en temas de economía.
¿Es la buena información remedio al populismo?
Arruñada llega a la conclusión de que, si queremos evitar que la mayor competencia política degenere en populismo, debemos mejorar la calidad de la información ciudadana. La solución radical y democrática pasa por que el ciudadano esté mejor informado y sus preferencias sean más consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Según Arruñada, que el ciudadano no pueda evitar enterarse de cuáles son los costes reales de sus deseos y conozca al menos cuántos impuestos paga por persona interpuesta. Pasa, idealmente, porque sienta cuánto paga por la sanidad, las becas, el AVE o las televisiones públicas; porque sepa que la educación pública que reciben sus hijos es mucho peor que la que reciben los de otros ciudadanos. Que tema, en fin, que nunca cobrará esa pensión por la que lleva media vida cotizando mucho más de lo que indica su nómina.
Es cierto que conviene que estemos bien informados. Pero Arruñada parece creer que una buena información nos llevaría a privatizar los servicios sociales, educación, sanidad y pensiones incluidas. ¿Acaso no se le ocurre que la información pertinente nos debería mover en sentido contrario?
Sin ir más lejos, en un artículo del 5 agosto, en el mismo medio (“Tiempos de crispación y antagonismo”), Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, nos ofrece estos datos sobre el auge de la desigualdad confirmada por numerosos informes y estudios:
Según el World Ultra Wealth Report 2013 del banco UBS, 2.170 multibillonarios poseen una riqueza de 6.500 billones de dólares, una cantidad superior al PIB combinado de Alemania y Francia en 2013. Según el Global Wealth Report 2013 del Credit Suisse Group, el 1% de la población posee el 46% de los activos globales y un 10%, el 86%. El 50% inferior apenas tiene el 1% del total. Según la investigación de 2011 de Vitali, Glattfelder y Battiston del Swiss Federal Institute of Technology, 147 firmas controlan, a través de una red de acciones y relaciones de propiedad, 43.060 corporaciones transnacionales.
Tokatlian se refiere además a la falta de reformas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la incompetencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la recurrente tentación de que la OTAN se convierta en un gendarme mundial, la inoperancia del G-7, del G-20 y otras tantas G que se idealizan (por ejemplo, el presunto duopolio entre Washington y Beijing), todo lo cual ha llevado a una arquitectura institucional cada vez menos creíble y más ilegítima, de la que se sigue el fracaso del régimen internacional antidrogas, la frustración extendida frente al principio de la responsabilidad de proteger (R2P), el persistente doble estándar frente a la no proliferación nuclear, la parálisis global respecto a los compromisos efectivos en torno a la cuestión ambiental y el gradual desinterés de las potencias establecidas hacia los asuntos del desarrollo. Añádase que, en distintas naciones, avanza desde hace años un manifiesto desencanto por la democracia liberal al tiempo que aumentan las plutocracias y cleptocracias en democracias más o menos instaladas, que terminan bajo dominio de los ricos, de los pícaros, o de ambos.
¿Qué puede pensar un ciudadano que esté informado de esta situación y que no tenga en ella intereses, directos o indirectos? Pensará, supongo, que hay que salir de ella cuanto antes.
Tenemos, pues, dos clases de información: de una se sigue que cualquier reforma no autorizada por los mercados lleva a un empeoramiento de las condiciones de aquellos a quienes se pretende beneficiar. Se sigue de otra que la democracia capitalista debe ser radicalmente reformada, entre otras cosas para que no sea posible el permanente chantaje del capital a los Estados.
El problema de la izquierda
Dado el barullo que producen los distintos sentidos del término “izquierda”, es imprescindible al usarlo que precisemos a qué nos referimos. Son muchos los que ahora dicen que no hay límites precisos entre derecha e izquierda, o los que sitúan esos límites allí donde no hacen daño. El rasgo que los conservadores quieren borrar a toda costa es la actitud ante el capitalismo, esto es, su aceptación o su condena. Pero la distinción entre derecha e izquierda no tiene mucha utilidad si se borra ese rasgo. La tiene en cambio si aceptamos que son de derechas las organizaciones o personas que aceptan el capitalismo (socialdemocracia incluida) y de izquierdas las que se oponen a él desde una concepción igualitarista. La socialdemocracia puede ser considerada como la mejor defensora del capitalismo, pues su política disminuye las tensiones que produce una derecha dura como la neoliberal. Cierto que el PSOE se distingue del PP en algunos aspectos de la política social, pero todo cuanto hace en política económica (que es la básica) pretende no molestar al poder de los que controlan el capital mundial. Ese poder no teme que el PSOE incurra en propuestas populistas.
IU está a la izquierda del PSOE, pero sus deudas a la banca, que la banca le prorroga a condición de que se porte bien, la tienen pillada, y por nada del mundo incurriría en populismos.
Por ello lo que planteo es qué debería hacer un partido de izquierda anticapitalista sin hipotecas cuando se encuentra ante la disyuntiva de eliminar o incluir en su programa propuestas imprescindibles para el progreso social, pero o bien irrelizables o bien perjudiciales para aquellos a los que se pretende beneficiar.
Evidentemente, apañados estamos si la solución consiste en limitarse a aquellas propuestas cuya realización no incomode al poder económico. Pero, por otra parte, ¿no es un engaño a los electores andar prometiendo, como si fueran realizables y útiles, medidas que se sabe que no se podrán realizar, o que serían perjudiciales si se realizaran?
El problema tiene solución
La solución está, a mi juicio, en conciliar en las propuestas electorales la crítica al sistema con el realismo.
La primera parte de esa crítica debería consistir en exponer al electorado qué medidas son imprescindibles para acceder a una vida democrática en la que una gran mayoría social tenga buenas razones para sentirse integrada. Esto es, hacer las propuestas que, de ejecutarse, nos sacarían de este tipo opresivo de sociedad, no ocultar ninguna de ellas y explicar el porqué de su necesidad.
No se insistirá nunca lo suficiente en que la medida principal (sin la cual las demás pierden casi todo su valor) es poner un límite razonable a la riqueza privada.
Limitarse a hablar de impuestos progresivos es el recurso de la socialdemocracia, pero la izquierda debe explicar por qué poderosas razones un impuesto del 100% sobre todo ingreso que sobrepase cierto límite es una condición necesaria para que haya justicia y democracia. Hacer comprensible que sin ello toda pretensión de democracia es una ficción (la ficción, cada día menos soportable, en que ahora vivimos).
La segunda parte de la crítica debería consistir en ir explicando cuáles de esas medidas necesarias son inviables y por qué. Describir con detalle de qué armas se vale el capital dentro de la economía globalizada para oponer obstáculos insalvables a esas medidas razonables, impidiendo que los Estados realicen una política ventajosa para la mayoría. Proclamar que esto es un chantaje del capital, un chantaje sobre los Estados, al que sólo se puede poner remedio mediante una legislación mundial. Denunciar al mismo tiempo que tal legislación no se acomete porque los Estados, al servicio del poder económico, no moverán un dedo a menos que se vean obligados por una presión mundial irresistible. Sólo cuando en el mundo exista una mayoría capaz de percibir los rasgos de la dominación y explotación que padecemos será posible torcer el brazo del poder económico.
De manera que la primera obligación de un partido de izquierdas consiste en exponer una crítica al capitalismo con explicaciones que sean comprensibles por una mayoría. Y una forma de conseguir que más personas se vayan haciendo conscientes de la situación consiste en aprovechar la ocasión electoral para poner de manifiesto el chantaje del capital, y para indicar que los partidos que no lo denuncian están de parte del chantajista.
Nadie podrá acusar de falta de realismo a quien hace propuestas razonables y viables si al mismo tiempo denuncia a quienes impiden su realización.
Tras esta crítica se deberían incluir en el programa electoral aquellas propuestas realizables que mejoren la vida de los ciudadanos, en especial de los de menos recursos.
Algo hay que añadir a la crítica para que sea efectiva
En sus campañas electorales Izquierda Unida ha sido cuidadosa de no criticar al capitalismo, se ha limitado a hacer propuestas poco distinguibles de las de la socialdemocracia. Pero, de haberlo intentado, tampoco hubiera podido criticar al capitalismo con efectividad.
Porque para que la crítica sea efectiva no basta que sea racionalmente impecable (algo que se puede conseguir con facilidad si se tiene el conocimiento teórico y la información suficientes). Hay que añadir además dos condiciones.
Una de ellas es dar con las formas adecuadas de expresión a tenor de los distintos códigos que manejan los diferentes grupos sociales. No se puede hablar a todos con un único estilo, y menos si es el propio de una hoja parroquial. La teoría y la información que la izquierda debe promover y divulgar exige grupos especializados de estudio y de comunicación que la izquierda oficial nunca ha tenido (ni ha echado de menos, limitada a su particular catecismo). La tarea no es simple, porque la falta de información adecuada hace que una gran parte de la población esté conforme con ese eslogan publicitario que dice: atrévete a ser millonario.
Pero hay que añadir que el valor de un mensaje no radica sólo en la verdad y claridad de sus términos, sino en la confianza que inspira el emisor. IU ha dilapidado la confianza que el Partido Comunista logró como opositor al franquismo y por ello es necesario un partido de izquierdas de nueva creación, consciente de que toda medida que aumente esa confianza es imprescindible, y que es desastroso todo comportamiento que la disminuya. La primera necesidad de un partido de izquierdas es dejar patente en cada situación la superioridad de su conocimiento, de su coherencia y de su honradez, que ha de quedar siempre a salvo de cualquier suspicacia.
Por descontado, la derecha seguiría erre que erre
Si todo esto se hiciera así, los conservadores seguirían sin duda diciendo que es populismo denunciar al poder económico responsable de que lo imprescindible no sea posible, pues casi todos los medios de comunicación y casi todos los expertos con acceso a ellos no son otra cosa que medios de ese poder. Pero esto no sería un problema. La tarea que se echan encima (defender la economía de mercado) es tan irrealizable desde la decencia ilustrada, que están obligados a tomar el camino del lugar común, la mentira o las afirmaciones cargadas de ignorancia. ¿No han llegado a decir, y siguen diciendo, que la mejor manera de que las cosas funcionen es hacer leyes que dejen en la estacada al pobre y beneficien al rico? El espectáculo de los economistas conservadores, llenos de méritos académicos y al mismo tiempo ignorantes de conceptos básicos de la ciencia social y de la filosofía de la ciencia, es muy ilustrativo. ¡Fingen creer, o creen, que lo que dicen tiene fundamento científico! Engañan a mucha gente, sobre todo a los asustadizos políticos, pero quien sabe lo suficiente no puede por menos de extrañarse (como un clásico romano respecto a los auríspices) de que, cuando dos economistas conservadores se cruzan, no se provoquen la risa mutuamente.
Valgan algunos ejemplos tomados de los artículos antes citados, en los que la chapuza intelectual coincide con alguna dosis de mala fe. Digo esto último porque Roldán achaca a Podemos el propósito de no pagar la deuda soberana, cuando lo que propone Podemos es una auditoría de las deudas pública y privada que delimite qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas, a fin de declarar su impago y tomar medidas contra los responsables, todo ello en coordinación con otros países de la UE. De la misma manera Conde y Rubio achacan a Podemos la propuesta de nacionalizar el sistema bancario, cuando Podemos sólo propone medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y la creación de una banca pública a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.
Esto aparte, vean el argumento con que se desestima esa propuesta: que fueron las instituciones financieras controladas por el sector público las más afectadas por la crisis. Aceptemos que las Cajas no tuvieron un comportamiento modélico, y que el control de sus decisiones fue insuficiente. Pero si por ello estuviera justificado que se privaticen, el pésimo comportamiento de los grandes bancos privados, causa de la presente crisis y del expolio de millones de ciudadanos, así como su condición de empresas “sistémicas” (a las que no se puede dejar caer y hay que auxiliar con dinero público si se ven en apuros), ¿no deberían justificar su completa nacionalización? Si se nacionalizara la banca y se la dotara de una buena forma de funcionamiento que impidiera los pasados excesos de algunas Cajas, ¿qué habría que criticar? Esta medida (que Podemos no ha propuesto, no ha llegado a tanto) sentaría muy mal a los banqueros, simplemente, pero precisamente por ello debería sentarnos bien a los demás.
Más endeble es la razón para desestimar la democratización del Banco Central Europeo: Conde y Rubio se limitan a decir que esa democratización traería consigo la ya casi olvidada inflación. Y Roldán explica por qué: si los políticos interesados en ganar elecciones pudieran imprimir dinero, lo primero que harían sería imprimirlo en cuanto los problemas aparecieran: pronto la inflación se dispararía y con ella se dilapidarían los ahorros de los trabajadores. Esto es todo lo que se les ocurre a los tres.
Pero ¿quién ha dicho que un BCE democráticamente gestionado no puede tomar las mismas medidas anti-inflacionistas que si está gestionado antidemocráticamente? Los políticos no podrían imprimir dinero a su gusto si les estuviera prohibido hacerlo. Tendrían que cumplir las condiciones fijadas en la ley. De manera que, con una ley adecuada, sería perfectamente conciliable el funcionamiento democrático y la contención de una inflación excesiva.
Respecto a las restantes propuestas nuestros economistas conservadores andan propensos a hilvanar lugares comunes basados en un axioma implícito: que no se puede aumentar la presión fiscal sobre los que más tienen. Parecen creer que la única forma de aumentar los ingresos estatales es reducir las deducciones y aumentar los impuestos indirectos. En cuyo caso, claro está, se imponen los recortes. Conde y Rubio nos dicen al respecto:
“Creer que con suficientes votos se puede gobernar sin una restricción presupuestaria es equivalente a pensar que podemos eliminar la ley de la gravedad con suficiente apoyo popular.”
¿Están queriendo decir que la restricción presupuestaria, tal y como ellos la entienden, es una ley natural contra la que nada se puede hacer? Pues sí, así argumentan estos teóricos. Y añaden:
“No queremos entrar en valorar si más recortes del gasto público son o no deseables, eso es un problema entre el Gobierno y sus votantes. Sin embargo, no reconocer que es probable que esta reforma implique recortes adicionales en el gasto público es tergiversar la realidad. Otra forma de populismo. El coste de la reforma (según se recoge en el programa de estabilidad enviado a Bruselas hace pocas semanas) es de unos siete mil millones. Si queremos cumplir con el déficit y (como todo parece indicar) no hay otros aumentos impositivos suficientes para compensar la bajada de tipos impositivos sobre la renta y beneficios empresariales, habrá que recortar el gasto. Si volvemos a saltarnos el déficit, la deuda aumentará más de lo previsto con las consecuencias que eso conlleva. Esa es la impopular realidad y negarla es de lo más popular.”
Es decir: si queremos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, entonces no cabe que las hagamos de otra forma. Impecable razonamiento. Estos señores no consideran siquiera la posibilidad de otros aumentos impositivos que los previstos en la reforma fiscal del PP, la cual no sólo no toca los bolsillos de los que más tienen, sino que mete más dinero dentro de ellos.
Recordemos, para terminar, la forma en que Arruñada defiende el más desacreditado neoliberalismo: ¡diciendo que el regulador político no es ni mejor ni peor que el empresario! Es como si condenara el arbitraje en el fútbol alegando que el árbitro no es ni mejor ni peor que el jugador. Y además dice que llevamos décadas tratando de mejorar la regulación de la economía, cuando lo cierto es que llevamos décadas de desregulación con el efecto conocido: la tremenda crisis actual. Al señor Arruñada hemos de suponerle conocimientos de organización de empresas, que es su tema, pero no ha estado fino en el artículo citado.
¡Que lamentable que la izquierda no haya sido capaz de poner en su sitio a esta tropa de arúspices! Esperemos que surja una nueva izquierda capaz de hacerlo, que tanto no cuesta.
