Ahí va una relación de asuntos hirientes (de menos a más)
Políticos de profesión que miran por sí mismos
Apenas 48 horas después de comunicar su dimisión como ministro de Justicia y de asegurar que abandonaba definitivamente la política, Alberto Ruiz-Gallardón se incorporó al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (organismo dedicado a deliberar sobre asuntos varios) a cambio de un sueldo de unos 8.500 euros brutos al mes (5.500 netos) y del “apoyo personal y los medios materiales que necesite para el desarrollo de sus funciones representativas”. El cargo tiene carácter vitalicio.
Queda reflejada en este hecho la concepción que de su propia actividad tienen nuestros políticos y de lo bien que legislan en su propio beneficio. (Por ello, perdonen el inciso, es relevante que los cinco eurodiputados y los quince diputados andaluces de Podemos sólo cobren 1900 euros y donen el resto, asunto que no han puesto en primer plano, como merece, los principales medios de comunicación).
Pero volviendo a Gallardón, ¿es su sueldo como consejero vitalicio lo único que ganará? Claro que no, sobre todo si consigue alcanzar alguna puerta giratoria.
Una puerta giratoria impune
Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, fue secretario de Estado de Economía de 1996 al 2000 y ministro de Hacienda del 2000 al 2004. En 2006, siendo eurodiputado por el PP, fundó un despacho de asesoría financiera y fiscal denominado Montoro y Asociados.
A ese despacho se llevó la cúpula del Ministerio de Hacienda al completo (los que fueron sus números 2, 3, 4 y 5, entre ellos el que fue director de la Agencia Tributaria).
Ese fue el camino de ida. El de vuelta (del bufete al Ministerio) tiene, de momento, dos miembros: Pilar Platero, que ha vuelto para ser subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, y el propio Montoro, que desde 2011 es de nuevo ministro. Otros miembros del despacho recuerdan en sus currículos que se encuentran en situación de “excedencia voluntaria”. O sea, que pueden volver al ministerio en cualquier momento.
Este trasiego entre ministerio y despacho es justificado por Montoro diciendo, impávido, que todo es muy normal, que las personas van y vienen.
El ir y venir consiste en este caso en utilizar los conocimientos, relaciones e influencias derivados de los cargos públicos para hacer negocio, por lo general contra los intereses públicos. Los beneficios del despacho (suculentos sin duda) se obtienen asesorando a su alta clientela para que pague menos impuestos (y lo que atrae a esa clientela es precisamente que el asesoramiento proviene de gente que dirigió el ministerio y la Agencia Tributaria).
Por lo demás todo muy de acuerdo con nuestras leyes. Pues en 2008, cuando Montoro fue elegido diputado por Madrid y portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda, vendió a su hermano su participación en ese despacho, que ahora se llama Equipo Económico. Ya Montoro nada tiene que ver con él. ¿No está claro?
Pero no seamos severos con Montoro y sus mesnadas, las que vienen y van, porque los sueldos e incentivos de algunos altos ejecutivos son más escandalosos.
Un ejemplo reciente
El pasado septiembre supimos que, con motivo de la compra de Jazztel por Orange, los dirigentes del grupo francés lograron bonus multimillonarios gracias a dos planes de incentivos por importe de al menos 64 millones de euros, 15 de ellos para el consejero delegado. ¡Viva la vida! Quince milloncitos de nada además del sueldo y otras gabelas. Pero no hay que escandalizarse, todo esto es el chocolate del loro. ¿Qué son quince millones comparados con las decenas de miles de millones que otros han conseguido como por arte de magia y que nadie les discute?
Política fiscal
Si las riquezas de una minoría se ponen en relación con la pobreza y el malvivir de millones de ciudadanos, el contraste es ominoso, pero ¿cómo culpar a los que se enriquecen sin infringir las leyes? Los bonus millonarios no serían posibles si las leyes obligaran a las empresas a pagar más impuestos, de manera que los beneficios no les dieran para tales dispendios, y no habría patrimonios escandalosos si los impuestos progresivos recortaran las fortunas personales a límites razonables. La culpa mayor cae por tanto sobre los que fabrican y ejecutan las leyes que regulan la propiedad y la actividad económica.
Veamos dos ejemplos que muestran hasta qué punto los partidos que se suceden en el poder en los países capitalistas son culpables de una legislación indecente.
a) Pese a que, según informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, un 16% de la población de Estados Unidos no tiene suficientes recursos y 13 millones de niños viven en hogares con bajos ingresos, el Partido Republicano propone reducciones drásticas del gasto federal que, según Paul Krugman, si se llevaran a cabo supondrían recortes despiadados en los cupones para alimentos y en Medicaid (que contrarrestarían con creces su reciente ampliación), y desaparecerían las subvenciones para seguros sanitarios que contempla el Obamacare. El número de estadounidenses sin seguro sanitario se duplicaría.
Pero no se conforman con esto los republicanos. Reclaman además recortes adicionales del gasto obligatorio por importe de un billón de dólares, que tendrían que afectar a Medicaid y a la Seguridad Social. Piden también que se revoque la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, incluidos los impuestos que sirven para subvencionar los seguros. Y parece que se quedan tan convencidos de que están haciendo lo correcto.
b) Por la misma senda va la última reforma tributaria de nuestro Gobierno, que subió los impuestos indiscriminadamente al principio de la legislatura y los baja ahora selectivamente a favor, sobre todo, de las rentas altas y las grandes corporaciones.
Desde el gobierno se afirma que la reforma fiscal favorece a todos, especialmente a los de abajo, pero los cerca de 6 millones de ciudadanos que menos tienen no pueden salir beneficiados, ya que por sus pocos ingresos no pagan el IRPF. Para las clases medias y trabajadoras que sí lo pagan, las proclamadas mejoras serán una limosna (de entre 10 y 300 euros), mientras que las grandes rentas podrán ahorrarse de 4.000 hasta 12.000 euros (el 10% de los ciudadanos con más renta se beneficiará del 60% de la rebaja y, dentro de ellos, el 1% de más renta se beneficiará del 30%).
En cuanto a los 3.000 millones de euros en que cifra el Gobierno la bajada de recaudación en el impuesto de sociedades, la mayor parte beneficia a las grandes empresas.
Vayamos ahora a los perjuicios: las rentas medias y bajas (incluso las que no pagan el IRPF) van a ser penalizadas por copagos y tasas, y por nuevos recortes en educación, sanidad y servicios sociales, de los que son principales beneficiarias, ya que los cambios en IRPF y Sociedades suponen, según cálculos del propio Gobierno, una disminución de 9.000 millones de euros (¡en una recaudación que está en el 37,8 del PIB, 9 puntos por debajo de la media europea!).
Y hay que añadir que esa caída de la recaudación no sólo obligará a recortes, sino también a posteriores subidas de impuestos indirectos, los que se pagan disimulados en el precio de las mercancías, entre ellos el IVA, y que han ido subiendo porque son una maravilla: la gente no es consciente de que los está pagando cuando pide un café o echa gasolina al coche, y son un recurso para llevar dinero a las arcas públicas sin aumentar la presión fiscal sobre los ricos.
Desafortunadamente no hay suficiente conciencia ciudadana de que la imposición indirecta (que sólo debería gravar, y fuertemente, los bienes de verdadero lujo) es un atraco a los millones de ciudadanos cuyos ingresos están por debajo de la media. Volviendo del revés lo que dijo Zapatero en aquel memorable disparate (aquello de que dar la misma cantidad al pobre que al rico es progresista, porque la misma cantidad vale menos para el rico que para el pobre) hay que concluir que quitar al pobre y al rico la misma cantidad por el mismo consumo es muy injusto, porque esa cantidad no es significativa para el rico, pero para el pobre puede ser una condena a la malnutrición, la enfermedad y la pobreza.
Krugman indica que, ya que no se pueden presentar estas propuestas fiscales como lo que son en realidad, enormes transferencias de ingresos de los pobres y la clase trabajadora a los ricos, se venden como si fueran un valiente esfuerzo por suprimir el déficit y pagar lo que se debe. Pura insinceridad.
El Gobierno de Rajoy miente interesadamente cuando calcula que su reforma fiscal supondrá un aumento del PIB del 0,53 por ciento y del empleo del 0,72 por ciento entre los próximos dos años. Ocurrirá lo previsible: que la reducción del gasto público tendrá un efecto negativo, y que un mayor ahorro de las rentas altas y las grandes corporaciones no se traducirá en más consumo e inversión. Pero en todo caso: de poco sirve el aumento del PIB si va a las manos de siempre, y de poco sirve que haya más empleo si es empleo basura.
Una confesión que debería indignarnos
Añadamos otro motivo a esta pintura negra que podría repetir título, dado que su motivo es, como vamos viendo, un verdadero aquelarre.
Jean-Claude Juncker, actual Presidente de la Comisión Europea, confiesa en entrevista a El País que al perder las elecciones en Luxemburgo pensó dedicarse a escribir sus memorias, pero que luego comprendió que “había que contar interioridades inconfesables”, y que de lo que no se puede hablar, hay que callar. ¡Si sabrá él lo de las interioridades inconfesables! Y sin embargo, impávidos, son muchos los que siguen afirmando que vivimos en democracia. ¿Democracia con interioridades inconfesables?
Puesto a confesar algunos pecadillos (de los gordos ya ha dicho que no se puede hablar), Juncker reconoce que la troika fue un error, pues no se respetó la dignidad de los países rescatados al obligarlos a negociar con funcionarios y no con la Comisión o el Eurogrupo. Y añade la impresionante confesión de que cuando se lanzaron los programas de ajuste para varios países europeos no se hizo algo imprescindible: evaluar su impacto social. Hoy vemos, reconoce Juncker, que el 25% de los griegos ha sido expulsado del sistema de seguridad social. Y dice contrito: “Debimos prever este tipo de consecuencias”. Uno se pregunta cómo es que no se sigue un procedimiento criminal contra los que cometieron tamaño “error”. ¿Acaso no son criminales, como mínimo por imprudencia temeraria? Pues ahí siguen tan panchos y amenazantes.
De los nuevos partidos como Syriza y Podemos dice Juncker que a menudo analizan la situación con realismo y señalan los enormes desafíos sociales con agudeza, pero que sus propuestas no son compatibles con las reglas europeas: llevarían a una situación de total bloqueo. Dicho en cristiano: las reglas europeas (esto es, las de la derecha europea) son la causa de los enormes desafíos sociales actuales y al mismo tiempo impiden hacerles frente, puesto que son incompatibles con las propuestas de solución. ¿No habría que cambiar esas reglas? Por lo visto no. Por el contrario, se nos repite continuamente que hay que respetarlas.
Cuando se pregunta a Juncker por qué la flexibilidad llega justo cuando los problemas alcanzan a Francia (a la que se han concedido dos años más para reducir su déficit) responde con evasivas, diciendo que a cambio Francia está obligada a modificar su presupuesto y a cumplir sus compromisos. ¡Pues claro, como los demás! Pero se le ha dado una prórroga de dos años que no se dio a Grecia, Portugal o España. Cierto que España se plegó a todo lo que le exigieron, pero la Grecia salida de las últimas elecciones se ha resistido y con ella se emplea el chantaje y se regatea la concesión de unos meses. ¡Viva esta Europa insensible, gobernada por la codicia de los más ricos, la que nos quieren hacer pasar por Europa maternal!
Es todavía peor el silencio de algunos personajes públicos
Lo dicho hasta aquí es tan malo, tan contradictorio con la continua invocación a los derechos humanos y a la democracia, que resulta sumamente enigmático el hábito de no aludir a su causa y, con frecuencia, de ni siquiera mencionarlo, hábito instalado tanto en los foros políticos como en los medios de comunicación.
Tomemos como ejemplo las entrevistas hechas en la SER al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y al nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ambos, uno como representante de un partido que se llama socialista, el otro como dirigente de una iglesia cristiana ¿acaso no deberían hacer una crítica convincente de un sistema social tan profundamente injusto? Pues se limitan a decir lo esperable, lo máximamente probable, que en estos personajes consiste en echar balones fuera.
Gabilondo nos dice que “es indispensable que el proyecto de un partido que se llama socialista esté vinculado profunda y radicalmente con la sociedad y con un proyecto de mayorías. Si al PSOE se le cae la ese de socialista tendrá un futuro muy difícil”. Por lo visto el señor Gabilondo no sabe que hace mucho tiempo que al PSOE se la cayó la ese de socialista.
Aparte de hablar de sí mismo para asegurarnos que es persona de principios, y advertirnos de que él no es ninguna salvación, ni panacea, ni ningún milagro, ni un ser especial (¡ah, no lo sabíamos!), habla también de la situación para decirnos que, sin recursos, la igualdad de oportunidades y la equidad se resienten y que por ello hay que afrontar la fiscalidad de Madrid, pero sin alarmas. De manera que el señor Gabilondo cree que la igualdad de oportunidades y la equidad existen (sólo se puede resentir lo que existe) y también parece creer que, si se revisa la fiscalidad madrileña sin alarmar a nadie, la igualdad de oportunidades y la equidad estarán a salvo. Dice también que la educación y la sanidad van a ser sus prioridades absolutas, pero habla de la educación como si tuviera remedio sin cambiar de sistema social. Naturalmente, la palabra “Capitalismo” no aparece a lo largo de toda la entrevista.
Con la que está cayendo, intelectuales que se consideran progresistas practican, ellos sabrán por qué, el arte de hablar sin decir nada, tan caro a los políticos conservadores.
La entrevista a Carlos Osoro nos muestra a un dirigente de la iglesia católica, la de las mil caras, ofreciendo una amable (al menos si se la compara con la del obispo de Granada, el que se ha mostrado pasivo con los curas pederastas y ha llegado a decir que el aborto es más repugnante que el genocidio nazi y que la mujer que aborta da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su cuerpo). Carlos Osoro viene a sustituir en Madrid, con formas conciliadoras, a Rouco Varela, otro duro de los que ocasionalmente la iglesia utiliza para contentar a sus fieles de extrema derecha.
El arzobispo nos dice que ha visitado algunos comedores sociales y que allí ha encontrado “realidades humanas que impresionan tremendamente”. Y añade esta declaración indecisa: “desahuciar no creo que sea cristiano.” ¿Acaso menciona la causa de estos males y propone un remedio que no sea la caridad? No, claro. Ni una palabra sobre el capitalismo. En lugar de eso afirma que el hombre es amor, porque dios lo creó a su imagen y semejanza y dios se define a sí mismo como amor. Pues muy bien: el ser humano es amor, pero resulta que algunos humanos se dedican a dominar y explotar a otros. ¿Qué hacer ante eso? Ni media palabra. El arzobismo prefiere hablar de otras cosas: defensa del concordato y de los contenidos de la asignatura de religión diseñada en la reforma educativa del PP, negativa a que las mujeres lleguen al sacerdocio, defensa de los papas que antecedieron al actual, y también de Rouco Varela. De la asignatura de religión dice que no es adoctrinar, sino posibilitar que un ser humano, si lo elige, pueda vivir la religión (como si no pudiera vivirla si esa asignatura desaparece).
¿Cabe algo peor? Pues sí: que no haya un rechazo general
Dice Krugman, comentando la política neoliberal, que nos encontramos ante una estafa enorme y destructiva, y que deberíamos estar muy, muy enfadados.
Es triste, pero no se percibe un enfado suficiente en población tan grandemente estafada y tan destruida. Ahí está el resultado de las elecciones andaluzas y de las francesas. Una mayoría de la población ha votado en Andalucía al PP y al PSOE, que son responsables directos de lo que está ocurriendo, y en Francia a la extrema derecha y a la derecha.
Conocemos la causa del conformismo: la formidable batería de medios de comunicación, privados y públicos, en los que comunicadores, intelectuales, economistas y otros expertos que se presentan como científicos cierran filas en defensa de lo que hay.
Si unimos esto a unos métodos de educación que dejan a la mayoría de la población mentalmente inerme, queda explicado que la indignación de la gente ni sea suficiente, ni vaya dirigida a conseguir un cambio radical.
De la defensa indirecta a la directa
Naturalmente, casi nadie del ejército pro sistema se atreve a defender directamente la racionalidad y justicia de lo que hay, empresa ardua, dado que el capitalismo se caracteriza básicamente por su irracionalidad e injusticia.
Así que lo habitual es que la defensa sea indirecta, a base de arremeter contra cualquier propuesta de cambio. Cada día ese formidable ejército defensivo renueva en los medios la convicción de que cualquier alternativa al sistema es un desvarío muy peligroso y, en consecuencia, la condena de cualquier intento de cambio radical. En esta estrategia vemos que ilustres contertulios y articulistas no tienen inconveniente en tachar de chavismo, estalinismo, populismo, utopía peligrosa, antidemocracia, etc., a cualquier propuesta de cambio que vaya más allá de los límites de la cosmética. Esta estrategia es hábil, porque permite reconocer que hay desajustes en la democracia, e injusticias en el sistema económico, algunas sangrantes, pero sin apearse de la idea de que son el mal menor, porque si se pasa la raya no hay más que injusticias mayores, mayor pobreza y falta de libertad. ¿Pruebas? No hacen falta, esto quedó demostrado con la caída de la URSS, el asunto no está en discusión. Llamar a alguien antisistema ya lo descalifica sin necesidad de argumentar a favor del sistema.
No obstante los hay que, carentes de vergüenza, se atreven a una defensa directa. Sin cortarse un pelo afirman que ayudar a los pobres es malo, porque los hace conformistas, mientras que reducir la presión fiscal sobre los ricos haciéndolos más ricos es bueno: se traduce, aseguran, en una enorme expansión económica y en un aumento de los ingresos de todos. Desafortunadamente, esta doctrina es adecuada para satisfacer a los amos, que la pagan bien, pero está reiteradamente falsada por los hechos, tanto en América como en Europa.
Ni los pobres son pobres por su culpa o desidia, sino por un sistema económico que no les da opciones, ni es cierto que el dinero en mano de los ricos produzca más riqueza que si estuviera bien empleado en manos de los Estados. Los ricos que no pagan impuestos no crean riqueza para todos. Dedican gran parte de su fortuna a la especulación.
La prueba es que estamos como estamos: según informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social correspondiente a 2013, un 27% de la población española (12,8 millones de ciudadanos) está en riesgo de pobreza o exclusión, entre ellos 9,6 millones bajo el umbral de la pobreza y 2,8 millones con una severa falta de recursos. Y según Cáritas, sólo el 34,3 % de los españoles vive sin carestías esenciales.
Hay que insistir en que riqueza y pobreza mantienen una relación de causalidad. La riqueza de un país es la que es: si el mercado entrega a unos pocos el 80% sólo queda un 20% para repartir entre la mayoría restante. Quiere esto decir que muchos son pobres porque unos pocos son ricos. “¡Qué demagogia!”, dirán los portavoces de los ricos. O también “¡Cuanto resentimiento!”
El comportamiento de la izquierda anticapitalista
¿Qué ha hecho la izquierda que tiene presencia en las instituciones para cambiar este estado de cosas? ¿Ha puesto en marcha medios de comunicación interesantes y prestigiosos, que atraigan a una mayoría de la población y que sepan mostrar de manera comprensible lo que hay por debajo de las apariencias? No. ¿Ha puesto en pie centros de enseñanza para demostrar hasta donde se puede llegar con un diseño de educación adecuado? No. ¿Ha fundado un centro de investigaciones sociales capaz de atraer a los científicos sociales de izquierdas? No. ¿Ha aprovechado su presencia en los medios durante las campañas electorales para denunciar con datos y buenos argumentos el crimen capitalista (llamemos a las cosas por su nombre: el crimen capitalista)? No. Pues ¿qué ha hecho? Plegarse a la concepción pedestre de la política, la que sólo valora el éxito electoral, y endeudarse para conseguir votos. Perder así la libertad como deudora de la banca, gastar toda su energía en la inútil actividad institucional y callar, callar…, ¡para al final ir perdiendo votos y quedar con las manos vacías!
La izquierda no ha tenido en cuenta que la lucha política se ventila en el espacio ideológico, y que la victoria electoral es interesante si vale para paliar el sufrimiento de una gran parte de la población, pero sobre todo para promover una nueva educación que otorgue a los ciudadanos un conocimiento (de la ciencia en general, de la ciencia social en particular), a cuya luz acaben sabiendo dónde están y qué se juegan. Esto es, que conozcan las dimensiones del desafuero que se está perpetrando (contra ellos y contra la salud de la tierra) y que tengan una idea clara de lo diferente que podría ser el mundo si se legislara y gobernara de otro modo. La batalla ideológica se desarrolla en un espacio-tiempo alejado de las urnas y requiere armas diferentes a la propaganda.
