No hay manera de entender la realidad política si se olvida una verdad histórica elemental.
Y es que la inicial democracia censitaria (en la que sólo podían votar los propietarios) pasó a sufragio universal sólo cuando los propietarios se sintieron seguros de que su riqueza no corría peligro si se daban estas condiciones: control sobre partidos políticos y medios de comunicación y una mayoría de la población sumida en la ignorancia respecto a cuestiones políticas y económicas. Algo fácil de conseguir si hay dinero suficiente para financiar a partidos prosistema (incluidos los socialdemócratas), sostener medios de comunicación privados, hundir a partidos y medios que no cooperen y, a través de los testaferros políticos, decidir el tipo y calidad de la educación que se da al pueblo.
Esta ha sido la base firme sobre la que se ha venido asentando el Sistema plutocrático que padecemos, y que ahora se está resquebrajando. Principalmente porque han surgido partidos no controlados y están ahí las redes sociales que disputan, a quienes lo han venido disfrutando en monopolio, el derecho a producir la información y la opinión públicas, con el efecto de que parte de la población empieza a abrir los ojos y a enterarse de qué va.
Que todo esto es muy peligroso para el poder lo demuestra la desproporcionada y feroz campaña de los medios pro-sistema contra Podemos y contra las redes sociales, y también las medidas represivas que el poder ya ha comenzado a tomar.
Los medios al servicio de sus dueños
Nada mejor para situar el caso que recordar tres sucesos recientes que no son excepcionales y que aclaran el papel de los medios privados.
Publicación de informaciones falsas contra quien conviene
Como se sabe, en 2015 el ex jefe de policía Eugenio Pino creó una brigada secreta, una policía política cuyos cometidos ilegales consistían en fabricar chapuceros informes contra políticos de Podemos o ligados al proceso soberanista catalán. Siguiendo la costumbre, un dosier anónimo fue entregado a Eduardo Inda con la instrucción de que no lo publicara en su periódico hasta que le dieran la orden de hacerlo (algo que ocurrió unos meses después, naturalmente en el momento en que podía hacer más daño electoral). En tal informe se afirma que el fin que persiguen los investigados de Podemos no es otro que dar “un golpe de Estado encubierto financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela», cuyo dinero serviría para “hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes…” Y ahí andaba Inda blandiendo un falso documento para afirmar esa necedad en su periódico digital y en los platós amigos.
El chantaje y la amenaza
Son muy didácticas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la policía al presidente de La Razón, Mauricio Casals, al director, Francisco Marhuenda, y a Edmundo Rodríguez, consejero delegado y propietario de un 25% de ese periódico. Rodríguez, como responsable del Canal de Isabel II en América y supuesto testaferro del expresidente de Madrid Ignacio González, compró en Brasil la empresa Emissao, por la que, según indicios suficientes, se abonaron 25 millones más de su valor real, 20 de los cuales acabaron en Suiza.
Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sintió obligada a entregar a la fiscalía documentos comprometedores para Rodríguez, tanto Casals como Marhuenda aseguraron a éste que desde La Razón harían lo que fuera para evitarlo. Y en efecto, que los dos se emplearon sin descanso para salvar a su consejero delegado queda probado por conversaciones telefónicas que comienzan en Julio de 2016 y que contienen pasajes como los siguientes:
Marhuenda a Rodríguez: “Me ha dicho Mauricio, por eso te llamo, que me pongo a tus órdenes… Y yo me voy a ver a esta locuela [a Cifuentes] el lunes o el martes […] Hago lo que tú me digas.”
Casals dice a Rodríguez que ha dicho a Marhuenda que su continuidad en la dirección del periódico depende de cómo se porte en esto.
Rodriguez a Marhuenda: “Dile, oye, [a Cifuentes] que sepas que ese señor maneja el 25 % del periódico.”
Casals dice a Rodríguez que no es solamente La Razón la que se implica en su defensa, sino todo el grupo; es decir, Antena 3, Onda Cero y La Sexta.
Casals intenta calmar a Rodríguez diciéndole: “Y no te preocupes, que las pasará putas esta señora [Cifuentes]”.
Marhuenda a Rodríguez: «Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”. Y también: “Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche a Cifuentes y que tome nota. Le he dicho: ‘tu misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma”.
Marhuenda en otra conversación: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…’. Mañana le damos otro viaje a Cifu [Cifuentes]”.
Y, en fin, en otra conversación Rodríguez llama a Casals para expresar su malestar porque en La Razón se ha publicado una noticia elogiosa sobre el número dos de Cifuentes, y Marhuenda se disculpa : «Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él.”
En el sumario de la Operación Lezo hay otra conversación registrada en la que Casals dice a Ignacio González que Antonio García Ferreras “se ha portado de cine” por no hacerse eco en “Al rojo vivo” de una noticia que perjudicaba al expresidente ahora en prisión. Al enterarse de esto Ferreras se defiende, pero reconociendo que hubo presiones y denunciando que El País censuró algunas de las informaciones que perjudicaban a González.
Y hay una batallita de tuits entre Marhuenda y J.P. Ramírez echándose en cara mutuamente falseamiento de datos y campañas con propósitos ocultos.
Selecciones y vetos
La SER denuncia que Podemos impide a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25 y este partido lo desmiente:
Las rotaciones y la feminización de las portavocías forman parte de nuestra política de comunicación. Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero. La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. […] Están en su derecho de vetar a Podemos en su emisora, pero nosotros estaremos dispuestos y encantados de acudir a sus programas. Estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25. Si la SER no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero. Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER.
Es el momento en que Iñaki Gabilondo afirma en esa radio que le resulta “muy incómodo tener que recordar a catedráticos de políticas algo tan obvio como que la Cadena SER es una empresa privada que invita si quiere y a quien quiere, que naturalmente se puede criticar el mecanismo, sistema o proceso de selección de las personas a las que invita, y a las que confirma o de las que prescinde, pero eso no otorga ninguna atribución especial a ningún partido, ni le arrebata el más mínimo derecho a un medio de comunicación.”
Y concluye: “Repito, creo que Podemos se hace un lío tras otro sobre los medios de comunicación.”
Evidentemente, Gabilondo se podía haber ahorrado la mucha incomodidad de tener que recordar a los demás cómo son las cosas, pues Podemos ha reconocido en su comunicado que los de la SER están en su derecho de vetarlo en su emisora. Pero ese derecho aparte ¿dónde queda la verdad, señor Gabilondo? Pues lo cierto es que en “Hora 25” no se invita a Errejón como persona, sino como representante de un partido, y de la misma manera que la SER tiene el derecho a vetar a Montero, Podemos tiene el derecho a decidir quién lo representa. No es ese el tema. La explicación que debió dar Gabilondo, y que eludió, es por qué la SER veta a Montero, dado que este veto reduce la pluralidad de su tertulia en perjuicio de sus oyentes. La razón es obvia. La SER teme lo que pueda decir Montero y no teme lo que pueda decir Errejón.
En seguida Jorge M. Reverte se lanza a decir en El País:
Hasta ahora, Pablo Iglesias ha tenido mucha habilidad en tratar a esa base social, la ha pastoreado desde el radicalismo asambleario hasta hacerla participar en un partido que tiene todas las trazas de acabar en un modelo leninista, sin excluir el uso más trapacero de la aparente libertad de expresión (Irene Montero designada tertuliana por el dedo del partido).
Está claro que estos periodistas tienen que batallar sin argumentos, obligados así a una falta de pudor que, hay que reconocerlo, llevan con una apariencia de dignidad encomiable.
El impacto de las redes en los medios tradicionales
Con esta realidad presente (la de medios que no están obligados a la objetividad y la verdad y que han mantenido un monopolio sobre la información y la opinión) es fácil evaluar el impacto de las redes.
La web del Ayuntamiento de Madrid y la queja de periodistas acosados
Recuerden lo que ocurrió con la página Versión Original que el Ayuntamiento de Madrid abrió en julio de 2015 para salir al paso de las informaciones erróneas publicadas en los medios privados.
¡Cuántos fervientes demócratas ofendidos por esa web hasta que se enteraron de que la UE tiene una semejante! Los periodistas defendían su monopolio enojadísimos y a lo loco. «La Constitución garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural», alegaba Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sin darse cuenta de que con ese argumento estaba defendiendo la libertad de información del Ayuntamiento y el derecho del ciudadano a recibir información plural (y por tanto también del Ayuntamiento).
Ahora, el pasado 6 de marzo, Victoria Prego, presidenta de Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo pública una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.
«Esta inaceptable campaña -dice la APM-, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura», y recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, «en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica».
Secreto
Antes de nada ¡qué curiosidad! ¿Quiénes son esos periodistas, qué amenazas han recibido, de quiénes, en qué momento? ¡Mira que si entre ellos estuvieran Inda y Marhuenda!
En el texto de la APM no hay pruebas, ni nombres, ni datos, y pese a que han sido exigidos, la APM no los ha dado.
Pablo Iglesias ha invitado a que se haga la denuncia ante un tribunal para que sea un juez el que dictamine si se ha cometido o no algún delito. Ningún periodista ha denunciado en los juzgados el supuesto acoso de Pablo Iglesias y su gente.
Dos pájaros de un tiro: las redes y Podemos
Pese al secreto en seguida los medios conservadores han caído sobre Podemos sin intentar antes verificar los hechos denunciados.
El País colocó el comunicado de la APM en primera a tres columnas bajo el título “El método de intimidación de Podemos a la prensa”, añadiendo un editorial titulado “El acoso de Podemos”, dando por hecho que intimidación y acoso existen. Y es que El País dice haber constatado la existencia de mensajes en los que alguna persona de la confianza de Pablo Iglesias llama “tonto” a un periodista o le dice “de donde no hay no se puede sacar”. ¡Madre mía, no es posible tamaña crueldad! “El problema de fondo -dice ese editorial- es que Podemos, y muy concretamente su líder, considera a los medios de comunicación un poder no electo”. Pues claro. ¿Es que acaso son un poder electo?
En el mismo periódico Jorge M. Reverte dice que “El uso de las redes sociales, en las que son auténticos especialistas algunos militantes de Podemos, puede convertir la vida de cualquiera en un infierno”.
Por cambiar de medio, en El imparcial su fundador, Federico Jiménez Losantos, ha escrito: “Si Podemos llega a la Moncloa, no solo nos despedirá cerrando los medios privados. Nos hará un ramoverde, como a Leopoldo López, o nos ahorrará este Valle de Lágrimas”.
Y ese mismo periódico digital decía el 9 de marzo:
Desde el matonismo que practican en “sus” redes sociales -el manejo en Facebook y Twitter es de manual- hasta las “discretas” amenazas, los radicales procuran llevar a cabo un férreo control de lo que ellos consideran que debe publicarse. No en vano, el propio Pablo Iglesias se ha mostrado partidario de legislar para cercenar a la carta la libertad de expresión.
En seguida han saltado a la palestra otros atacantes de mayor empaque, pero igualmente irreflexivos.
Mario Vargas Llosa dice en una entrevista en ABC: “No había amenazas así contra periodistas desde la Transición”, como si conociera realmente la clase de amenazas no publicadas. Y añade: “salvo quizá los crímenes de ETA”. ¡Hala!
También se ha sumado Iñaqui Gabilondo en un videoblog del 7 de marzo dedicado a los presuntos coaccionadores, en el que comienza reconociendo “Yo ignoro los hechos; no sé por tanto si hay razón suficiente para un documento público [el de la APM] de esa naturaleza”, para a continuación, como si lo tuviera todo claro, cargar contra Podemos, que de ello se trata, con estas tres cínicas razones: “Si Podemos quiere actuar contra el Sistema, debe esperar que el Sistema se defienda”. “Los medios, en su mayoría, formamos parte del Sistema y por tanto Podemos debe dar por supuesto que las líneas editoriales no le van a ser favorables. Esto es elemental”. Para concluir con cierta incoherencia que “También Podemos forma parte del Sistema y juega en esta liga”. Conclusión: son unos pardillos los cuadros de Podemos, con “uñas de acero” para unas cosas y “piel de mantequilla” para asumir “la ferocidad de la política democrática”.
Pero señor Gabilondo, quienes han mostrado piel de mantequilla son los periodistas denunciantes, no los cuadros de Podemos, que parecen tenerla de elefante. Y por otra parte ¿qué significa eso de la ferocidad de la política democrática? Si leemos entre renglones significa esto: si atacas al sistema prepárate, porque el sistema se va a defender de una manera feroz a través de sus medios privados, y no te quejes, que tú te lo has buscado.
Movidos por la misma ofuscación el PP, el PSOE y Ciudadanos cometieron la insensatez de solidarizarse en el Ayuntamiento de Madrid con los periodistas denunciantes y “manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y con la libertad de información en Madrid”. ¡Y ello sin saber quiénes son esos periodistas y sin prueba alguna de que su queja sea razonable! Con buen criterio la alcaldesa, Manuela Carmena, y los 20 concejales del grupo de Ahora Madrid rechazaron hacerlo, precisamente porque ni la denuncia ni las pruebas se han hecho públicas.
La verdadera presión sobre los periodistas
Mientras la APM considera insoportable que Podemos pretenda influir en los medios, sabe sin duda que todos los partidos lo hacen, como reconocen en El Imparcial: “Es un hecho que todos los partidos, sin excepción, presionan en mayor o menor medida a la prensa.”
Sin duda la presión depende del poder que se tenga, y hay otros partidos que tienen más poder que Podemos, y que por tanto presionan con más eficacia. Ha ocurrido en RTVE, donde la retirada de los trabajadores habituales de los puestos más importantes de la redacción, y la contratación de periodistas afines, ha sido una constante desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero, denunció recientemente que dos de cada tres periodistas que en 2012 trabajaban en los telediarios de TVE hoy ya no lo hacen.
Esa presión ha ocurrido también cuando el ministro Fernández Díaz mandó a la policía a ‘Público’ sin orden judicial.
¿Ha protestado la APM contra el Gobierno por esas y otras cosas semejantes? Pues no.
Pero la presión principal sobre los periodistas no viene de los partidos, sino, como es natural, de los dueños y de los jefes de los medios.
Según el último Informe de la propia APM sobre la Profesión Periodística, el 75% de los periodistas en este país sienten miedo a sus jefes y se autocorrigen para evitar el despido. Irene Montero, entrevistada por Pepa Bueno en la SER, dijo que lo verdaderamente grave es que ocurra esto, lo dijo tres veces y la periodista hizo por tres veces oídos sordos. No, lo importante era seguir insistiendo sobre la denuncia de la APM.
El propio Gabilondo admite que los periodistas se aplican la autocensura por culpa del paro, que acobarda. “Está en el comportamiento humano una especie de tendencia hacia la precaución, hacia la supervivencia”.
¿Y cuál es la relación entre autocensura y paro? Ahí ya no entra Gabilondo, porque tendría que admitir que los dueños de los medios echarán a quienes no se apliquen la autocensura, esto es, a los que escriban o digan algo que a los dueños les pueda molestar. Esta autocensura es la que practica el propio Gabilondo.
Por citar un ejemplo, el señor Cebrián, presidente de PRISA, vetó a los periodistas Ignacio Escolar y Fernando Berlín porque informaron de sus intereses en Panamá. Y ningún periodista de los que trabajan en PRISA, Gabilondo incluido, dijo esta boca es mía.
La ideología que subyace
Pero voy a lo que me parece más interesante. Y es que por debajo de todo este ruido hay dos ideas que los medios no se cansan de difundir.
Uno es que los periodistas son un sólido y necesario pilar de la democracia. Otro es que para cumplir con su papel han de tener el monopolio de la libertad de expresión, negándosela a cualquier crítico.
Lo expuesto en la primera parte de este artículo, con ser una minucia, bastaría para sospechar que ambas ideas son dos viejas mentiras interesadas.
¿Son los medios privados un pilar de la democracia?
Elsa González achacó a la página del Ayuntamiento de Madrid un “halo de censura” y añadió la doctrina de que “El papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implicaba que el poder usurpaba el papel de los medios de comunicación, y no tenía cabida en una sociedad democrática.
Ahora la APM “considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia. La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española».
En el editorial de El País antes citado se dice que “la libertad de información forma parte de los principios básicos de las democracias cuando funcionan realmente como tales y no como autocracias disfrazadas.” Y en El Imparcial se dice: “Quien no cree en la democracia tiende a atacar a sus pilares, y el derecho a la información es uno de los más sólidos y necesarios.”
Martin Schulz, que aspira a ser el próximo canciller alemán, se ha atrevido a decir: “Quien habla de prensa mentirosa golpea a la democracia. Da igual si se trata de Donald Trump o de Pegida”.
Pero resulta que, sean cuales sean las motivaciones de Trump o de Pegida, está claro que quien habla de prensa mentirosa no puede golpear a la democracia por dos razones: una es que no hay democracia, y por tanto mal se la puede golpear; otra es que no sólo hay prensa mentirosa, sino que todos los medios conservadores han de instalarse en la mentira sistemática que exige la defensa del capitalismo y la demonización de sus enemigos. Teniendo en cuenta que esos medios (los que aparecen en los kioskos y muchos de los digitales) no responden a una intención filantrópica, sino al interés de sus dueños, por lo general bancos y fondos de inversión, ¿será acaso el poder que reside en esos bancos y fondos de inversión el que ha dado a sus periodistas el papel de contrapeso del poder? El País nos ilustra: en las sociedades avanzadas los medios son un contrapoder de la sociedad civil cuya legitimidad se la da o se la niega su audiencia cotidianamente. Pero claro, la audiencia ha tenido que elegir entre medios todos ellos al servicio de los intereses de sus propietarios. ¿No es excesivo llamar pilares de la democracia a periodistas que no se pueden permitir el lujo de denunciar, en nombre de la transparencia y la democracia, las diversas formas en que los propietarios de sus medios hacen imposible la transparencia y la democracia?
Por paradójico que resulte, para cumplir funcionalmente el papel de “voz de su amo”, los periodistas amaestrados tienen que presentarse una y otra vez como libres e independientes, e incluso, viniéndose arriba, como contrapoderes imprescindibles y pilares de la democracia.
El confortable monopolio de la libertad de expresión
Hasta hace muy poco los medios privados influyentes han dispuesto del monopolio de la información, la opinión, la ocultación, la crítica, el insulto, la tergiversación, y los perjudicados debían tener piel dura y aguantar, o en otro caso acudir a los tribunales. Rectificar o replicar, sólo si el medio se lo permitía. Enjuiciar al que los enjuiciaba, ¿dónde hacerlo? ¿Conseguir la necesaria satisfacción de los tribunales? Los jueces tienen miedo a enfrentarse a los medios y suelen justificar sus desmanes apelando a la libertad de expresión.
O sea, que en realidad el derecho constitucional a la libertad de expresión no pertenecía a cualquiera, sino sólo a los dueños de los medios y a los periodistas contratados, obligados por ello a “autocensurarse”. Acostumbrada a esto, la directora de la APM no acepta de buen grado que ahora se ataque a periodistas en sus propias tribunas, o en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter. Es decir, esta señora sigue creyendo que los periodistas son intocables, y sólo los periodistas, incluso aunque ellos ataquen a otros con mentiras e insidias.
No cabe duda de que el monopolio es una situación muy cómoda. Pero precisamente ese monopolio ha sido una de las causas, y no menor, de la tradicional sustitución de democracia por plutocracia.
Me remito a la entrada de este blog “Medios privados y democracia” y reitero, para evitar malinterpretaciones, que la solución democrática consiste en que los medios privados sean sustituidos por medios públicos libres de todo control que no sea social, y a los que tengan acceso equitativo todos los partidos, ideologías e instituciones.
El comienzo del fin del monopolio y la reacción del chiringuito amenazado
Por todo lo que vengo diciendo es un suceso nuevo, de gran importancia, que el monopolio sobre información y opinión se empiece a romper con las redes sociales, que conceden libertad de expresión a todo el mundo, y no sólo a los periodistas que actúan en los medios conservadores. Ahora también tiene libertad de expresión cualquier ciudadano para escribir un blog o para decir en Twiter lo que piensa, por ejemplo lo que piensa de un periodista. Se ha invertido la situación: es ahora el periodista el que tiene que acudir a los tribunales si ha habido en las redes una actividad delictiva contra él.
Claro está, este mazazo al monopolio de la información y la opinión no se puede tolerar, porque pone al Sistema en grave aprieto.
Flemming Rose, periodista danés investigador en el Cato Institute de Washington y autor de La tiranía del silencio (Oberon 2016) denuncia que las leyes contra los delitos de odio, concebidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo, se aplican hoy a las palabras polémicas pero no violentas de los cómicos, los detractores de la inmigración y el islam y los musulmanes contrarios a la democracia y a Occidente, y que los Gobiernos de Europa occidental defienden esas restricciones con un lenguaje inquietantemente similar al de los dictadores. Con distintos pretextos lo hacen el Gobierno británico, el Gobierno alemán (que propone multas de hasta 50 millones de euros y penas de prisión por difundir noticias falsas) y el español (ley mordaza).
Ahora bien, si lo que se quiere eliminar es la mentira, la desinformación, la incitación al odio ¿por qué los Gobiernos no toman contra los medios establecidos y “corruptos” las mismas medidas que contra las webs, los blogs y las redes sociales?
Es una pregunta retórica, el lector informado conoce perfectamente la respuesta. Esos medios son prosistema y por tanto tienen licencia para mentir y para incitar al odio (por ejemplo, odio a los antisistema). Y lo que molesta de las redes no es la mentira (a ella el Sistema está muy acostumbrado), sino que se difundan verdades que antes no salían a la luz.
Oigan todo ese cuento en torno a la posverdad, desafortunado término tan vacuo como se requiere para un éxito inmediato. Hace referencia a las mentiras que pasan por verdades en las redes. ¿Y cómo llamar entonces a las mentiras que han venido pasando y pasan por verdades en los medios tradicionales? Ah, esas mentiras no son posverdades, sino las verdades del Sistema.
