Vengo defendiendo en este blog que el conflicto catalán es una cuestión de fuerza que no tiene que ver con derechos, leyes o principios democráticos. Está por una parte la fuerza del nacionalismo español, por otra parte la fuerza del nacionalismo catalán, por ahora equilibradas. Si el derecho a decidir lo exigieran 50.000 catalanes no habría cuestión. El problema para el Estado español es que ese derecho lo exige un 80% de catalanes, y la independencia casi la mitad de la población que vota. Ocurre además que esa parte independentista está mucho más motivada que la que quiere seguir perteneciendo a España, y es mucho más activa.
Han ido pasando los años y sigue el duelo de fuerzas equivalentes, con más razones cada día para un armisticio con cesiones por ambas partes. Pero como ese armisticio, demandado por la razón, es contrario a la pasión, seguimos como al principio, aunque con un deterioro social notable.
Si tratamos en todo caso de entender a los nacionalistas irreductibles, vemos que tanto unos como otros aprendieron desde niños el invento de las burguesías para hacer que los explotados defiendan los intereses de los explotadores incluso con las armas en las manos, invento tan hábilmente ligado a la idea de madre (la patria) y de hermandad (todos sus miembros) que lleva con facilidad al comportamiento fanático. En esta visión romántica la nación es concebida como un territorio animado por un espírito que unifica al pueblo y que se manifiesta sobre todo en la lengua, en la que todos los rasgos culturales han ido dejando su huella a lo largo de siglos. El nacionalista catalán se enorgullece de las tradiciones campesinas, la tendencia asociativa de su sociedad civil (cooperativas, ateneos, orfeones), el seny, las fiestas populares, la sardana, los castellets, la historia de lucha sombilizada en la Diada, los regalos de rosas y libros por San Jordi, las calçotadas, el pan de payés con tomate y butifarra y todo lo que se quiera añadir. No cree este nacionalista en las ventajas de la hibridación, ni se conforma con que las costumbres catalanas no estén amenazadas, en el sentido de que todo el que quiera puede hablar catalán, hacer castellets o bailar la sardana. Pues lo que está en peligro no es el comportamiento individual, sino el espíritu nacional que ha de inspirar a la población entera. Y ese espíritu está en peligro por la inmigración, sobre todo la interior, la que ha llegado de Murcia, Andalucía, Extremadura. No es lo malo que los charnegos hayan llegado para trabajar (que eso ha beneficiado a la economía catalana), sino que se han quedado a vivir en Cataluña y han tenido hijos nacidos en Cataluña, y que todos ellos tienen derecho de voto como si fueran catalanes.
Puesto que lo que pone en peligro a lo más sagrado se convierte en lo más abominable, algunos no han tenido reparos en considerar a los charnegos de inferior calidad genética y cultural para poder así despreciarlos con más razones. A aquellos charnegos que han aprendido a hablar catalán y votan independentista se les puede dar la bienvenida (aunque sin dejar de pensar que no son en puridad catalanes). Pero los que votan contra la independencia son una suerte de cáncer, enemigos de la patria catalana, y no merecen ser tratados como conciudadanos.
Enfrente tenemos el fanatismo españolista, condensado en amor a España como tierra de santos y héroes, de descubrimientos, conquistas y reconquistas, como imperio en el que no se pone el sol, cuya lengua se habla en numerosas naciones hijas de la madre patria, cuyas costumbres reflejan la profunda religiosidad católica del pueblo, con sus procesiones de semana santa y sus romerías de mil vírgenes. ¿Puede alguien en su sano juicio querer romper esta patria común? Pues ahí están esos catalanes que pretenden iniquidad tan grande. Y a ellos sólo cabe decirles que, dado que Cataluña es una parte inseparable de España, si no quieren pertenecer a España sólo tienen la opción de marcharse. Si en cambio pretenden desafiar a la legalidad, caerá sobre ellos toda la fuerza policial y judicial del Estado. Incluso la militar si llega el caso.
Así piensan muchos nacionalistas de un lado y otro, pero ¿son culpables de pensar así? No, así los fabricaron.
Tenemos aquí dos nacionalismos esencialistas que se realimentan. El españolista es tan torpemente pasional que no percibe hasta qué punto favorece el crecimiento del independentismo catalán. Se diría que la derecha española está ahí con sus excesos para favorecer al independentismo al que pretende combatir, al tiempo que excesos del nacionalismo catalán, como el camino unilateral a la independencia, alimentan al nacionalismo español.
No es esta la única paradoja. La CUP se presenta como anticapitalista y republicana, y propone tanto la salida de la UE como de la OTAN. Pero al mismo tiempo ha cambiado el internacionalismo por el nacionalismo y se siente más cercana a los explotadores catalanes que a los explotados catalanes no independentistas y a los explotados del resto de España. Esa izquierda parece abducida por el misticismo de la patria y es la más uraña defensora de la acción unilateral incluso después de haberse demostrado que la fuerza de los independentistas no da para tanto.
La mayor dificultad es que las partes implicadas no pueden reconocer que sus ensueños sólo tienen como fundamento la fuerza. Por el contrario, analizan el caso dando por supuesto que hay valores del más alto nivel que legitiman la posición propia y deslegitiman la contraria. De manera que el conflicto produce una cansina repetición de argumentos que implican como existente lo inexistente.
La parte independentista justifica sus pretensiones alegando que Cataluña es una nación y que por tanto necesita un Estado independiente; que además la independencia es la única forma de evitar que España robe a Cataluña, como ha venido haciendo; y que, por si todo eso no bastara, España es poco acogedora, tiene muchos residuos franquistas y un fuerte nacionalismo españolista desde el que se considera que los catalanes son los peores enemigos de la patria española y se los odia por eso. La cara agria del Estado se ha hecho visible en la sentencia del Tribunal Constitucional modificando en 2008 el Estatuto de Autonomía aprobado por el pueblo catalán en 2006; y ahora en la sentencia del Tribunal Supremo condenando por sedición a líderes políticos catalanes. Si a esto se añade el ascenso de Vox, influyente ya en las instituciones de varias Comunidades, el aspecto desagradable y poco acogedor del Estado español se acrecienta.
Así justificada la pretensión independentista, se fundamenta en el espacio legal argumentando que dentro de la Constitución está previsto el cambio de la Constitución; que la desobediencia civil es la única forma en que los independentistas pueden ejercer el derecho democrático a la autodeterminación mediante un referendum, porque el Estado español les ha venido negando ese derecho; y que son presos políticos quienes han sido condenados por sedición cuando sólo se limitaron a desobedecer. La única solución es la amnistia y la discusión entre los Gobiernos español y catalán para arbitrar una forma en que la sociedad catalana pueda ejercer el derecho democrático de autodeterminación.
La parte unionista acepta que todo es discutible, pero sólo dentro del respeto a la ley; que nuestra Constitución no contempla la posibilidad de un referendum secesionista; que una de las razones del independentismo es el egoísmo típico de las regiones más ricas (el “España nos roba” sólo significa la negativa a que algo de la riqueza catalana se emplee para ayudar a Comunidades más pobres); que el independentismo ha tomado una deriva muy peligrosa al alentar la violencia; y que los líderes del independentismo son políticos presos, no presos políticos, ya que no se les ha condenado por sus ideas sino por su comportamiento delictivo.
Todos apelan, pues, a la democracia, a sus leyes y a sus valores, entendiendo cada bando que los principios democráticos legitiman su posición.
Pero ¿es cierto que estamos ante una cuestión de principios democráticos o, como vengo defendiendo, que estamos ante una cuestión de mera fuerza?
¿A qué se refieren los que hablan de democracia?
Me parece triste que la izquierda anticapitalista, aquejada de un electoralismo que la hace asustadiza, no se atreva a proclamar que esto que se llama democracia es una forma sin contenido democrático. Todavía no se ha conocido en el mundo una democracia reconocible como tal desde estándares racionales, porque las que se presentan como democracias son plutocracias bien disfrazadas en el mejor de los casos, mal disfrazadas en el peor, que es el caso de España.
La torpeza de nuestro disfraz se delata por todas partes, no importa que teóricos, tertulianos, periodistas, políticos (a saber si aquejados de ignorancia o de cinismo) afirmen una y otra vez solemnemente, y con un punto de agresividad contra quien lo ponga en duda, que tenemos una democracia consolidada, homologable con cualquiera otra de nuestro entorno. ¡Incluso citan a supervisores internacionales que lo avalan, como si en nuestro entorno hubiera una sola democracia con la que comparar!
Pero luego llega Pedro Sánchez y dice que con la exhumación del dictador hemos llegado por fin a la plena democracia. ¿Qué era entonces nuestra democracia antes de esa exhumación? Pues también entonces se afirmaba que era una democracia plena. ¿Y que se dirá si algún día se saca de las cunetas y se homenajea a quienes fueron asesinados por defender la República, si se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a familiares de Franco, si se retiran medallas y condecoraciones a los torturadores al servicio de la dictadura franquista, si se somete a referendum la forma monárquica del Estado? Todavía no ha cambiado la situación fabricada por nuestra “modélica” Transición, que garantizó al franquismo seguir controlando la vida económica y funcionarial. Ni Felipe González ni Zapatero se atrevieron a desmontar ese tinglado.
Hilando más fino, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, concreta que tres elementos decisivos en la Constitución de 1978 (la Restauración de la Monarquía, la composición de las Cortes como representación del pueblo español y el sistema electoral), no han sido resultado de un proceso constituyente democrático, sino una herencia del Régimen franquista que se introdujo en el texto constitucional sin debate constituyente de ningún tipo.
Por fijarnos en el último de esos tres elementos, como consecuencia de un sistema electoral que busca primar a las grandes formaciones políticas en perjuicio de cualquier fuerza incontrolada que intente influir en la política, a IU le ha venido costando cada diputado diez veces más votos que al PP. Y en Cataluña los independentistas controlan los poderes legislativo y ejecutivo (que ponen al servicio de su causa) sin haber conseguido el 50% de los votos. Hay que tener cara dura para hablar de democracia.
A todo esto hay que añadir que los Acuerdos entre el Estado y el Vaticano se incorporaron también de forma espuria al sistema de poder del 78, pues se negociaron por el Gobierno de Adolfo Suárez antes de que estuviera aprobada la Constitución, pero fueron publicados el 4 de enero de 1979, unos días después de que la Constitución hubiera entrado en vigor. Y es que, dice Pérez Royo, “tanto la Iglesia como el Gobierno de Adolfo Suárez sabían que esos acuerdos no hubieran podido ser aprobados en democracia, pero que para la democracia sería muy difícil, por no decir imposible, revisarlos. Y así ha sido.” Pero si a nuestra democracia le resulta imposible revisar esos acuerdos, ¿qué clase de democracia es, de qué males profundos está aquejada?
Añadamos que la división de poderes en España es ficticia, y así lo ha reconocido el presidente del gobierno en funciones cuando, queriendo justificar por qué el gobierno puede meter en la carcel a los separatistas fugados, pregunta a quien le entrevista : “¿De quién depende el ministerio fiscal?… ¿De quién depende?”… Cuando tras dos largas pausas el periodista acaba respondiendo “Del gobierno”, Sánchez añade “Pues ya está”. Tenemos por tanto dos mundos, el teórico, en el que el Ministerio fiscal es independiente, y el de los hechos, en el que el Fiscal General del Estado cuenta con la potestad de impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio. Pero resulta que el Fiscal General es nombrado por el gobierno y que ese nombramiento da capacidad de control, capacidad que no se reduce a la fiscalía, sino que se extiende a aquellos magistrados a los que se ha colocado en puestos clave precisamente para que, si llega el caso, sirvan al interés político de quienes los han promocionado.
Esto por lo que concierne a la poco presentable democracia española. Si la dejamos aparte y vamos a las democracias que más brillan encontraremos lo antes dicho: que no son otra cosa que plutocracias mejor disfrazadas. ¿Puede alguien bien informado y honesto afirmar que es democrático el sistema que controla la vida política en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania?
Ya sé que afirmar que en estos países no hay democracia se toma como una boutade ridícula. Pero por mucho que sea ensordecedor el griterio con que los conservadores afirman sus mentiras y atacan a la verdad allí donde se manifieste, las cosas son como son. Me remito sobre este asunto a No cabe democracia en el capitalismo; Capitalismo, democracia y Estado del bienestar; Una crítica a la Declaración Universal de Derechos humanos.
Ahora bien, y volviendo al conflicto catalán, si la democracia es ilusoria, también lo es apelar a derechos y deberes democráticos, sea el derecho a un referendum secesionista, sea el deber de respetar la ley y las sentencias judiciales, sea el repudio a toda violencia que no sea la estatal prevista en la ley.
¿Hay obligación moral de respetar las leyes y acatar las sentencias judiciales?
Las leyes de una dictadura se imponen a la población, pero no son respetables. ¿Y las que rigen nuestra sociedad?
De acuerdo con la ley vigente en España no cabe un referendum secesionista. Se puede cambiar la Constitución, pero el cambio requiere tales mayorías que son inalcanzables para el propósito independentista. ¿Qué significa esto?
Si vamos a lo que es generalizable a todas las “democracias” del mundo, encontramos que algunas de sus leyes pueden considerarse legítimas, entre ellas las que garantizan la integridad física y moral de las personas y el respeto a las propiedades o posesiones básicas (las necesarias para una integración digna en la colectividad). Y son legítimas porque serían promulgadas por cualquier sociedad imaginaria cuyos miembros, libres de ignorancia y engaño, actuaran al servicio del interés colectivo.
Fuera de éstas, las normas básicas de todo sistema capitalista giran en torno a la propiedad privada y a la distribución de la riqueza generada por la sociedad. Y, como bien demuestran sus efectos en todo el mundo, esas normas están ideadas para garantizar la propiedad privada de los ricos, por grande que sea, y para defender una forma de distribución de la riqueza que da más a quienes más tienen y menos a quienes tienen menos, con el resultado de una desigualdad que va agrandando la brecha entre la minoría que goza de una riqueza obscena y grandes capas de la sociedad sumidas en la pobreza, incluida necesariamente una parte de la población infantil. Son al mismo tiempo leyes que han garantizado una actividad industrial que tiene a la tierra en grave peligro que puede ser irreversible. Y esas leyes se nos imponen de otra forma que en una dictadura, pero al final con una violencia suficiente. Están respaldadas por la fuerza estatal. Policías, jueces y cárceles cumplen una misión básica: que los ricos puedan vivir tranquilos aunque a su alrededor su capacidad depredadora vaya fabricando anillos de progresiva e inhumana pobreza y vaya acabando con el equilibrio medioambiental. ¿En virtud de qué argumento se puede afirmar que esas leyes son legítimas? Son democráticas, se nos dice, porque han sido promulgadas por los representantes del pueblo. Pero precisamente esto, que los representantes del pueblo hayan promulgado leyes tan en perjuicio del pueblo y tan en beneficio de una pequeña minoría, pese a sus terribles consecuencias sociales y medioambientales, viene a demostrar que la llamada democracia tiene trampa. Que los representantes del pueblo son en realidad gestores de los intereses de las oligarquías.
Apelar al respeto a la ley sólo tiene sentido para quien defiende este sistema cuyos efectos son criminales, carece de sentido para las personas ilustradas y suficientemente empáticas (y por tanto antisistema). ¿Acatar las sentencias judiciales que se dictan en cumplimiento de leyes ilegitimables? Nadie está moralmente obligado a ello. Otra cosa es que, aunque no las acates, no tengas fuerza para enfrentarte a ellas.
El derecho a la desobediencia civil
Los teóricos del sistema consideran que la desobediencia civil es un último y excepcional recurso, legítimo en aquellos casos en que la persona pretende algún avance social impulsada por consideraciones políticas o morales jurídicamente ilícitas, pero que guardan una mínima lealtad constitucional. Se añade que el desobediente debe aceptar el castigo que la ley establece.
Es natural que así conciban el caso la mayoría de los independentistas para justificar su desobediencia a las leyes del Estado español.
En cambio desde un pensamiento antisistema la desobediencia está justificada en todo caso si pretende el avance social básico y prioritario: una distribución justa de la riqueza que acabe con el malvivir de millones de personas y que permita organizar la producción de manera no peligrosa para el medio ambiente.
Ello quiere decir que la desobediencia civil está justificada tanto respecto a las leyes del Estado español como a las de una futura república catalana, dado que la mayoría de los independentistas pretende fabricar una falsa democracia semejante a las demás que en el mundo existen, procapitalista e inserta en la política neoliberal europea, dotada por tanto de leyes igualmente ilegítimas. Eso sí, independiente de España, que es lo único que les interesa.
Desde este punto de vista el desobediente no tiene por qué aceptar como legítimo el castigo previsto por la ley. Simplemente, sabe que se arriesga al castigo que le proporcionarán las instituciones defensoras de un Sistema injusto.
La sentencia del TS como ejemplo de violencia institucional
Para acabar con la tentación de la secesión unilateral, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que tiene más fundamento político que jurídico (incluso visto el caso desde una óptima prosistema).
Catedráticos de Derecho Penal ven razones para sospechar que la imputación del delito de rebelión fue una treta para conseguir dos cosas: facilitar la prisión preventiva de los líderes no fugados y llevar el asunto al Supremo, privando a los imputados de su juez natural en Cataluña. Por lo demás, si en la sentencia se afirma que no hubo la violencia que caracteriza a la rebelión, el delito de sedición parece perder su fundamento, salvo que se considere sediciosos (y condenables con duras penas de cárcel) a quienes, por ejemplo, tratan de impedir sin violencia el desahucio de una familia pobre con niños pequeños. Se están enfrentando a la sagrada ley en cuya virtud esa familia pobre con niños pequeños ha de ser privada de vivienda. Están impidiendo su trabajo a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la sentencia de desahucio, dictada en cumplimiento de esa sagrada ley. Son sediciosos.
¿Hay que condenar inequívocamente la violencia no estatal?
Nos impresiona la violencia que consiste en incendiar barricadas y enfrentarse a las fuerzas policiales a la manera de guerrillas urbanas adiestradas. Pero convendría que tuviéramos en cuenta dos cosas:
a) La violencia vivida en las calles de ciudades catalanas no es tanto una reacción a una agresión previa (la condena a los líderes del independentismo) como un síntoma de una sociedad en descomposición. Estamos viendo el mismo síntoma en las revueltas de Chile, Ecuador y Líbano por motivos aparentemente nimios, y lo vimos en la revuelta de los chalecos amarillos franceses. A los jóvenes excluidos, sin futuro, sólo con cinismo se les puede pedir contención. Y sólo con ignorancia o cinismo se pueden hacer comentarios horrorizados ante las barricadas ardientes cuando no se hacen comentarios aún más horrorizados ante los efectos sociales de nuestras leyes sagradas. En una sociedad organizada según normas legítimas no habría motivos para la violencia, ni siquiera la machista, eliminados esos motivos mediante una buena educación (que en el capitalismo es imposible) y mediante una integración armónica de cada cual en el tejido social.
b) La segunda cuestión es que la violencia que está enfrente, la institucional, es tan ilegítima pero más responsable, porque es la defensora del sistema que produce una frustración sin esperanza.
Por ello cabe destacar como prueba de la mala educación de la juventud que la violencia callejera vivida en Cataluña haya tomado como pretexto una frustrada aspiración independentista, y no la irracionalidad e injusticia del sistema responsable de la mayor parte de los males que padecemos. Hay grandes manifestaciones feministas, ecologistas e independentistas, pero no anticapitalistas. Claro que la mayoría social no es culpable de su ignorancia, en la que ha sido fabricada precisamente para garantizar la supervivencia del sistema. ¿Qué hace la izquierda para sacar a la gente de esa ignorancia? Actúa más bien como si quisiera consolidarla.
