En nuestro sistema de pensiones los contribuyentes no capitalizan sus aportaciones para cobrar sus futuras pensiones, sino que pagan con ellas las jubilaciones de las generaciones precedentes, con la expectativa de que las suyas serán pagadas con las cotizaciones de las generaciones futuras. Por ello la sostenibilidad se basa en la ratio entre trabajadores y pensionistas, conocida como “índice de soporte”.
El semanario británico The Economist llegaba a la conclusión, hace ya tres años, de que, sin grandes reformas, la gente de los países ricos no podrá retirarse en buenas condiciones. Pues, por una parte, la gente vive más. Los trabajadores se retiran hoy por lo general a la misma edad que hace medio siglo, pero cobran su pensión casi el doble de tiempo, pensión además revalorizada según inflación. Y por otra parte, la generación nacida durante la posguerra se está acercando a la jubilación y deja a las siguientes generaciones, menos numerosas, una enorme carga.
Se calcula que a mediados de este siglo el índice de soporte habrá descendido en España a 1,5%, es decir, que cada tres trabajadores tendrán que soportar a dos jubilados, lo cual es inviable.
Se puede decir, para empezar, que los hechos y las previsiones que se utilizan en análisis como éste son falsos o inexactos, como bien demuestra Vicenç Navarro al cuestionar ideas comunes sobre las pensiones en un artículo publicado en PÚBLICO el 4 de junio pasado.
Pero me quiero referir a otro aspecto del asunto. Y es que casi todo lo que se lee y oye sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones parte del axioma de que las pensiones están vinculadas a las cotizaciones de empresas y trabajadores y al Fondo de Reserva, de lo que se sigue que, si las cotizaciones y el Fondo no son suficientes para mantener el sistema, éste se hunde irremisiblemente.
Este axioma de partida se ha afirmado tantas veces que incluso muchos defensores del sistema de pensiones público lo dan por bueno y argumentan a partir de él. Por eso interesa poner de manifiesto que estamos ante un axioma falso.
Supongamos que el actual sistema de pensiones quiebra. ¿Deberían por ello sufrir las pensiones? En absoluto. El pago de pensiones es una obligación de nuestro Estado (arts. 41 y 50 de la Constitución) para la que necesita recursos, que puede extraer de diversas fuentes. Su obligación no está condicionada a que haya fondos en la caja de la Seguridad Social vía cotizaciones, así que en el caso de que las cotizaciones lleguen en algún momento a ser insuficientes, el Estado debe sacar recursos de otras fuentes para cumplir esa obligación.
La obtención de recursos por la vía de las cotizaciones es solamente una de las opciones posibles, y no la más razonable. En realidad es una opción injusta, pues obliga al trabajador a pagar sus impuestos y además a pagar una cotización a la Seguridad Social. Lo justo es que no se pague cotización alguna y que el Estado obtenga de los impuestos directos los recursos necesarios para una Seguridad Social eficiente.
Ir por esta vía obligaría, claro está, a aumentar significativamente la carga impositiva de los que más tienen. De las grandes fortunas y de los beneficios de las grandes empresas se puede recuperar dinero más que suficiente para el cumplimiento de las obligaciones estatales, de manera que las pensiones podrían aumentar sin ningún riesgo a partir de unos mínimos que garanticen una vida digna según el estándar social vigente.
Claro que esto es algo a lo que nuestros gobernantes no están dispuestos (véase el reciente informe de la FAES sobre reforma fiscal). Quieren hacer de las pensiones un negocio privado y siguen afirmando, con una cara tan dura que causa pasmo, que es demagógico exigir más impuestos a las rentas altas.
La solución que la derecha propone es acudir a los planes privados de pensiones, espacio de un suculento negocio que los tiburones del mercado no quieren perder. Lo que no dicen es que muchos planes privados de pensiones no van bien. Y que cuando van bien dependen de los mercados y por tanto pueden dejar de ir bien en cualquier momento.
Los que estamos en frente debemos denunciar la estrategia de agitar el fantasma de la insuficiencia de las cotizaciones para asustar a la gente y encauzarla hacia los seguros privados. Debemos exigir pensiones públicas mejoradas a partir de impuestos justos que graven razonablemente la riqueza privada. No es el mercado (un mecanismo irracional) quien debe decidir a qué bolsillos va la riqueza producida con el trabajo de la población, sino la misma sociedad a través de una adecuada política fiscal que acabe con las brutales e insoportables diferencias que el mercado produce. Entonces no habrá problema para garantizar las pensiones, y además pensiones superiores a las actuales. Suban o bajen las cotizaciones.
