Madre mía, la que nos ha caído encima, escuchar y leer de mañana a noche a comentaristas, ensayistas y tertulianos por completo normales, lo que quiere decir que ignoran muchas cosas o que son muy insinceros.
Unos y otros se dedican a defender a una de las partes a base de criticar, desestimar y ridiculizar a la otra desde presupuestos morales, jurídicos o estéticos que la otra no comparte. Y todos fantasean cuando pronuncian las grandes palabras: independencia, libertad, legitimidad, democracia, justicia.
Estas palabras son los ingredientes principales de la mentira sistemática.
En política lo real es el forcejeo por imponer el propio interés. Y en ese forcejeo son siempre los mismos los que tienen mayor fuerza cuando se trata del tema principal, el reparto de la riqueza.
En pleitos secundarios, que eso es la cuestión catalana para los de arriba, victoria y derrota no están asignadas de antemano.
A estas alturas no ofrece dudas que el procés no ha sido sólo una ensoñación propia de devotos fanáticos, sino sobre todo una estrategia mejor o peor calculada de exhibición de fuerza. Puesto que los independentistas sabían que a la República Catalana no podían llegar por la vía unilateral, iban sin duda buscando otra cosa. Dar pasos adelante.
Los dieron el día 1 de octubre: forzado el Estado a intervenir contra el referendum, Europa entera tuvo como noticia de primera plana el comportamiento brutal de guardia civil y policía nacional contra votantes indefensos y pacíficos.
Pero el 8 de octubre gran manifestación en Barcelona de los enemigos del Procés. Y además la baza de las empresas que se van de Cataluña.
En seguida, a fines de octubre, un tanto a favor de los independentistas cuando forzaron al Gobierno a aplicar el artículo 155. Pero Rajoy tuvo el acierto de convocar las elecciones que había estado a punto de convocar Puigdemont.
Parecían relativamente calmadas las aguas, e incluso le llovían a Rajoy plácemes, como si fuera el gran bombero y no hubiera sido antes el pirómano irresponsable, y repentinamente todo patas arriba de nuevo, ahora por la prisión incondicional de miembros del Gobierno catalán, dictada el 2 de noviembre por la jueza Carmen Lamela.
Han seguido las rectificaciones de algunos independentistas para evitar la cárcel, sea aceptando la legalidad constitucional y el 155, sea sugiriendo que cabe una solución para Cataluña que no sea la independencia unilateral. Y luego nueva exhibición de fuerza: una enorme manifestación el día 11 de noviembre pidiendo la libertad de los encarcelados.
Muchos analistas se apresuran a hablar de éxitos y fracasos desde sus preferencias y otros se atreven a calcular cómo influirá todo esto en las próximas elecciones, que es algo para lo que carecemos de datos fiables.
Luego, tras las elecciones oiremos decir que los independentistas han perdido si no consiguen mayoría absoluta en el Parlament, o que han ganado si la consiguen.
Pero la verdad es que los independentistas han ganado la presente batalla, porque lo que era imposible ayer mismo, la modificación de la Constitución, ya está ahí y el propio PP la contempla con resignación. Cierto que el bando contrario ha tenido también una ganancia: que pase lo que pase en las próximas elecciones, los independentistas no volverán por ahora al camino unilateral.
Y luego seguirá la guerra, que no terminará mientras haya nacionalistas capaces de dedicar su vida a la causa. Que sea una guerra más o menos molesta, o incluso violenta, violenta dependerá de si se reduce o aumenta el número de independentistas “laicos”, pues los “religiosos” parece que no llegan al 30%. De manera que lo que sabremos tras las elecciones, y no podemos saberlo antes, es a cuántas personas el citado forcejeo les ha avivado o decaído el deseo de separarse del Reino de España y proclamar una República Catalana.
Pero a lo que iba: las grandes palabras con que cada bando pretende legitimar su posición configuran la gran mentira que ha caído sobre el país (y que sirve, como siempre, para ocultar sus verdaderos problemas). Me refiero concretamente a estas afirmaciones:
-Que ha llegado la hora de la política.
-Que parte del problema independentista se debe a que en la escuela catalana se adoctrina.
-Que España es una democracia y que por tanto es una aberración seguir hablando de franquismo.
-Que, puesto que estamos en una democracia, en España no puede haber presos políticos.
-Que el encarcelamiento de los dirigentes del Procés era inevitable, porque la justicia está obligada a aplicar la ley, sea ello políticamente beneficioso o perjudicial.
-Que los jueces y fiscales españoles son independientes.
¿Qué significa que ha llegado la hora de la política?
Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, escribía el pasado 3 noviembre en El País:
Estos días se hacen encendidas apelaciones a la política. No sé muy bien qué significa eso. […] Si es la política como negociación de los propios intereses en base a la fuerza de cada uno, no parece aceptable porque deja siempre fuera al más débil y no sirve por ello para resolver cuestiones de principio.
Pero ¿no sabe nuestro ingenuo catedrático que esto es lo que ha ocurrido siempre y lo que, por ahora, no puede dejar de ocurrir? ¿Acaso cree que en alguna democracia la política ha sido entendida (y uso sus mismas palabras) “como la apuesta profunda por la ordenación racional de las pautas de convivencia y la distribución de los beneficios y las cargas de la vida social”?
¡Cuánta palabrería ocultadora de la verdad simple!
Cuando entre nosotros se habla ahora de que ha llegado la hora de la política unos quieren decir que no hay más remedio que satisfacer de alguna forma los deseos del independentismo catalán, a la vista de la fuerza que ha mostrado.
Los de enfrente, apelando también a su propia fuerza, quieren decir que hay que aprovechar la coyuntura para devolver competencias al Estado central.
Supongo que acabará imponiéndose la solución de un Estado Federal con un nuevo reparto de competencias y dineros. Tenemos una cuestión territorial mal resuelta, sobre todo por el concierto económico vasco, que se concedió apelando a derechos históricos, y por la arbitrariedad en la forma de financiación de las Comunidades.
Apelar a derechos históricos carece de fundamento racional y ético si con ello se quiere mantener un privilegio (es como si los hombres hablaran de derechos históricos sobre las mujeres). Ocurrió que la Constitución inauguró un tiempo nuevo que dio a cada comunidad lo que podía exigir dada su fuerza, no lo que le correspondería por razón y equidad. En los casos vasco y navarro se actuó para aplacar el independentismo en tiempos en que ETA era una fuerza concurrente. Y Andalucía consiguió ser Autonomía de primera sólo tras su demostración de fuerza.
Es posible que mañana otros territorios exijan una forma de financiación más equitativa. Pero hacer política no será en ese momento diferente a lo que siempre ha sido. Serán las fuerzas en litigio, y no la razón o la justicia, las que decidan.
El adoctrinamiento en la escuela
Una de las competencias que algunos quieren que recupere el Estado es la referida a educación, porque entienden que el adoctrinamiento en las escuelas catalanas es una de las causas del auge del independentismo.
Tienen razón al afirmar que en las escuelas catalanas se adoctrina. Pero cuando se rasgan las vestiduras y pretenden que el control de la educación se devuelva al Estado central, parecen creer que en el resto de España no se adoctrina. Recordemos que allí donde el nacionalismo español predomina nuestra historia se enseña conforme a su ideología, a mayor gloria de la patria cristiana que expulsó al infiel, descubrió y evangelizó el Nuevo Mundo y fue un imperio en el que no se ponía el sol. Los crímenes del franquismo no se cuentan en los libros de texto de las escuelas y la Transición se presenta como una luz sin sombras, lo mismo que la democracia que de ella surgió. Puro adoctrinamiento.
En todas las escuelas del mundo se adoctrina respecto a la propia nación y en todas partes se enseña una historia amañada. En otro caso no estaríamos instalados en la mentira sistemática.
Pero es que además el PP es un defensor de las escuelas en que más se adoctrina, las regentadas por órdenes religiosas.
Siendo así las cosas, es lamentable que la izquierda no se plantee como objetivo básico la forma de contrarrestar el adoctrinamiento general que viene configurando la mentalidad de una mayoría de la población.
No estamos ya en una dictadura franquista, pero el franquismo ahí sigue
El franquismo sobrevive en el PP y se muestra en actitudes y declaraciones de sus dirigentes tan pronto se descuidan y se hacen espontáneos. También en las subvenciones públicas que conceden a asociaciones franquistas, en las continuas trabas para el cambio de nombres de calles, en la nula diligencia en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en la oposición a que se declaren nulas las sentencias políticas del franquismo.
El franquismo sigue instalado en la policía. Ello explica el comportamiento de cierta policía política, explica en parte el exceso de celo con que guardia civil y policía nacional cumplieron órdenes el día 1 de octubre en Barcelona, y también la manifestación de odio sádico que rezuma un chat de la policía municipal de Madrid, con elogios a Hitler incluidos, episodio éste en que lo más preocupante ha sido la actitud de los sindicatos policiales (salvo Comisiones Obreras), justificando lo injustificable y atacando al policía denunciante.
En cuanto a la judicatura, Baltasar Garzón, que tiene muchos elementos de juicio, afirma que el franquismo sigue en ella. Y es natural, porque la judicatura era franquista durante la dictadura, y los jueces de aquella índole se mantuvieron tras la “modélica” Transición y han sido los encargados de controlar las oposiciones a jueces y fiscales. Se ha colado gente progresista, pero en minoría, como se aprecia en las asociaciones profesionales. Y sobre todo, los progresistas son aún menos según se asciende en el escalafón.
Por eso, aunque no es cierto que España siga siendo una dictadura franquista, exageran quienes festejan nuestra democracia y dicen que el franquismo es cosa del pasado. Nuestro régimen es una plutocracia mal disfrazada, y el franquismo es la forma básica de una extrema derecha muy extendida e influyente, y cada día menos reprimida.
¿Presos políticos o políticos presos?
Estamos viendo que en España se lleva a los tribunales, y a veces se acaba encarcelando, a personas que no han hecho otra cosa que decir algo que ha herido los sentimientos de católicos integristas, de franquistas o de víctimas del terrorismo etarra (a muchos de los cuales ofende que se intente explicar ese terrorismo por sus causas).
Siguen siendo represaliados todos los que fueron condenados por sentencias políticas del franquismo que nuestro Parlamento todavía no ha anulado.
Hay represaliados políticos en la misma judicatura. El juez Garzón es un represaliado político.
En todo caso sorprende que los que niegan que en España haya presos políticos y hablan de nuestros “políticos presos” no duden en calificar de “presos políticos” a impresentables golpistas venezolanos.
¿Respeto a la legalidad?
Mientras unos exageran al calificar la reacción del Gobierno español como propia de un Estado dictatorial, o fascista, otros hablan del imperio de la Ley y de la independencia judicial. Podemos preguntarnos si tanto unos como otros hablan en serio.
Veamos:
Los secesionistas catalanes ya sabían en qué juego andaban. Y dentro de ese juego la reacción del Gobierno (si dejamos aparte su negativa a negociar y el brutal ataque policial a pacíficos votantes), no ha sido muy distinta a la que habrían tenido otros Gobiernos europeos ante una declaración unilateral de independencia. A lo que hay que añadir que el comportamiento del bloque independentista no fue muy democrático, al perseverar en su propósito contando sólo con un 48% de votantes, marginar a la oposición, incumplir sus propias leyes y hablar como si sólo los independentistas fueran catalanes y el 52% restante no contara. Ahora parece que entonan un mea culpa.
En todo caso, mientras M. Rajoy iba por ahí, muy digno, apelando a la ley para oponerse a los independentistas, han ocurrido estas tres minucias:
-La Fiscalía Anticorrupción considera «abrumadoramente acreditada la caja B» del Partido Popular, que según ha señalado la fiscal Concepción Sabadell se nutrió de pagos realizados por empresarios como contraprestaciones a cambio de favores del partido.
-El jefe de la UDED ha afirmado en el Congreso que hay suficientes indicios de que M. Rajoy ha cobrado sobres en B.
-Y la juez de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha imputado al PP por la comisión de los delitos de daños informáticos y encubrimiento de pruebas.
Es decir, el partido que ha concurrido a las elecciones fraudulentamente, financiándolas con dinero negro, que ha incumplido leyes y preceptos constitucionales, y que ha sido calificado en los juzgados como asociación para delinquir (una especie de mafia) exige a otros puntillosamente el respeto a la legalidad. ¡Y mientras tanto M. Rajoy sigue siendo Jefe de Gobierno!
Si alguien se pregunta cómo es esto posible, hay que responderle: cuestión de fuerza. El PP tiene la fuerza que le da ser el partido más votado en nuestro triste país y controlar a una parte de la judicatura por la puerta de atrás.
El encarcelamiento de los dirigentes del Procés no era inevitable
Aceptemos que la Ley es a veces sagrada (cuando es violada por los independentistas), y a veces no (cuando es violada por los dirigentes del PP).
Aún así, no es cierto que la actuación de la justicia contra los dirigentes independentistas haya sido autónoma e independiente de la política. Los que se llaman “constitucionalistas” mienten cuando apelan a la independencia judicial. Pues la cosa no comienza cuando la jueza Carmen Lamela toma la decisión de decretar prisión preventiva incondicional. Nuestra justicia es rogada: los jueces no actúan si no hay una petición previa (normalmente del fiscal).
Por otra parte las leyes son interpretables. Y cuando se interpretan contra la equidad, o contra el sentido común, es por la tendencia del juez, no porque sea obligado.
En este caso fue el fallecido Fiscal General, José Manuel Maza (reprobado por el Parlamento pero mantenido en su puesto a toda costa por el Gobierno del PP), el que se reservó este asunto, interponiendo las querellas y solicitando las medidas de prisión, todo ello con una celeridad impresionante teniendo en cuenta lo lenta que es nuestra justicia. ¿Obligaba la Ley a estas actuaciones? Pues no. Sin salir del escrupuloso respeto a la Ley pudo el fiscal muy bien no haber corrido tanto, no haber acusado del delito de rebelión (hay muchos ilustres juristas que creen que no se ha cometido tal delito) y no haber pedido prisión preventiva incondicional. Y la jueza pudo muy bien no haber decretado esa prisión. El magistrado del Supremo Pablo Llarena no ha aceptado la misma solicitud hecha por el mismo fiscal en relación con los mismos delitos. ¿Ha actuado este magistrado fuera de la ley?
En todo caso no ha quedado claro si fue el Gobierno quien impulsó la actuación de Maza o si, por el contrario, al Gobierno le han contrariado los efectos políticos de tal exceso de celo. Si el gobierno ha estado detrás, no cabe mayor torpeza. Si se ha sentido molesto, queda claro que la extrema derecha del PP tiene más fuerza que la aparente y que es ante esa extrema derecha ante la que Maza se quiso significar.
¿Independencia de jueces y fiscales?
Como prueba de la independencia de la justicia española apelan algunos a los altos cargos políticos del PP encarcelados o procesados, concluyendo, con hipócrita unción, que la justicia es igual para todos. Pero, dejando aparte el trato de favor recibido por miembros de la familia real, o por el mismo M. Rajoy, resulta que las actuaciones contra el PP se han iniciado años más tarde de que hubiera las primeras denuncias, y cuando ya las pruebas publicadas eran tan abrumadoras que resultaba imposible seguir mirando a otra parte. Sobre todo teniendo en cuenta que los obscenos enriquecimientos se hacían públicos en momentos de angustia económica de millones de españoles.
Por poner dos ejemplos recientes: El caso Lezo se abrió tras varios años de denuncias, en los que la Fiscalía justificó su inacción con excusas impresentables. Y el comisario José Manuel Villarejo, organizador de un entramado mafioso policial-judicial, sólo ha sido imputado y encarcelado tres años después de que comenzaran los reportajes de Público, que debieron activar a la Fiscalía desde el primer momento.
Como todo el mundo sabe, Villarejo fabricaba pruebas falsas contra políticos y partidos rivales del PP (entre ellos Podemos), al tiempo que pagaba a jueces y fiscales sus intervenciones en una de sus empresas, el instituto de práctica jurídica Schola Juris. Precisamente dos de los fiscales que impartían clases en esa escuela fueron el señor Maza y Manuel Moix, cuyo nombramiento como Fiscal Jefe Anticorrupción causó gozo a Ignacio González porque de él esperaba que fuera un dique para librar a los del PP en los numerosos casos abiertos contra ellos. Moix fue mantenido por Maza contra viento y marea pese a las denuncias de la oposición, hasta que finalmente dimitió cuando se descubrió que tenía una sociedad en Panamá.
Otra prueba de la parcialidad de la fiscalía. El juicio en el que ha sido imputado el PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas se sigue a instancias del Observatorio Desc y de IU, no del fiscal, sino contra su criterio, y el fiscal ha recurrido el procesamiento. Ya antes, en 2013, la jueza Esperanza Collazos se apresuró a seguir al fiscal y sobreseer el caso sin practicar diligencia alguna, y fue lo escandaloso de este hecho lo que ha obligado a la Audiencia Provincial de Madrid a reabrir el caso. Finalmente el PP ha sido imputado ¡cuatro años después de que llegara a los juzgados la denuncia! Y ahí sigue M. Rajoy, el jefe de la banda, todavía ni siquiera imputado.
Último detalle escandaloso: La magistrada Concepción Espejel, que por sus vínculos con el Partido Popular fue recusada para juzgar las piezas de la trama Gúrtel, ha sido ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y desde ese puesto ha conseguido cambiar al tribunal que venía juzgando la primera época de Gürtel, dejando fuera del mismo a dos de los magistrados y acabando así con la mayoría que, pese a la posición contraria del fiscal, obligó a M. Rajoy a declarar como testigo.,
Todo el mundo sabe que los principales partidos políticos controlan la Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial y precisamente para luchar contra esta realidad se creó en 2.002 el Foro Judicial Independiente. Los fiscales, pieza clave en la administración de justicia, están muy controlados por el poder ejecutivo y durante muchos años ha sido el PP, como lo es ahora, el partido controlador.
¿Qué hace ahí la izquierda?
Partidos que se consideran de izquierdas, como Esquerra Republicana y la CUP, se han unido en el procés al partido de la burguesía catalana que se enriqueció con el franquismo, que nadó después en la corrupción y que recientemente ha hecho los mayores recortes en educación, sanidad y gasto social. Para esta izquierda desnortada el fervor patrio lo justifica todo, a él se supedita todo, y claro está, los catalanes que se alinean con una izquierda no independentista son enemigos, no son verdaderos catalanes, mientras que son hermanos los de la derecha independentista.
La posición de ER y de la CUP sólo se puede explicar si se toman en cuenta los sentimientos fabricados por el adoctrinamiento infantil.
Para mayor desconcierto, la independencia que se busca es ficticia.
Los independentistas quieren que, al separarse de España, Cataluña siga en Europa, pero entonces no sería independiente, estaría sometida a las normas europeas, ahora decididas por la derecha neoliberal. Y para oponerse a esa derecha, que junto con la española es el verdadero enemigo, la izquierda catalana tendrá más fuerza unida al resto de la izquierda española que en un pequeño Estado mucho más débil y controlable desde fuera. Un pequeño país que (según se propone en el documento La seguridad de la República Catalana, incautado por la Guardia Civil) tendría, a falta de ejército, que pedir la defensa del país durante diez años a la OTAN y a EEUU ofreciéndose a cambio como plataforma de intervención. ¡Pues qué bien!
El papelón del PSOE en una manifestación plagada de ultras.
Entretanto el PSOE anda alegando que, cuando hay un ataque a la unidad de España y a la Constitución, tiene que cerrar filas con quienes defienden unidad y Constitución.
Palabras que mienten para encubrir la realidad: que el PSOE sigue gobernado, contra sus bases, por esa vieja guardia de oscuros intereses, los Felipe González, Alfonso Guerra y compañía, que supieron tan bien engañar al país cuando parecían héroes del izquierdismo.
Se puede estar a favor de la unidad de España (es el caso de Podemos) sin que ello obligue a alinearse con PP y Ciudadanos, pues no parece sino que el PSOE ha olvidado que el PP es el responsable de que las cosas hayan llegado a este punto, y que dentro de él domina una concepción fascistoide de la unidad de España. Por no hablar de Ciudadanos, que en este asunto se ha situado a la derecha del PP.
En la manifestación “constitucionalista” del 8 de octubre en Barcelona, el PSOE se ha visto, por su mala cabeza, compartiendo pancartas con personajes nada recomendables y con grupos de ultras, y ayudando a que el PP ocultara sus muchas vergüenzas bajo la bandera nacional.
Pareció en su momento que las bases del PSOE habían ganado a la vieja guardia, pero ésta ha debido ser convincente y Pedro Sánchez ya no es el que era tras su resurección. Veremos en qué se convierte pasadas las elecciones catalanas.
La vieja guardia y los medios afines proclaman que sería incalificable que el PSOE se negara a pactar con PP y Ciudadanos tras las elecciones y apoyara un gobierno de izquierdas en el que hubiera independentistas. Pero ¿qué de malo hay en ello si los independentistas renuncian a la vía unilateral y aceptan la vía constitucional?
Sería reconfortante que, dejando en segundo plano el enfrentamiento entre nacionalismos, la izquierda se uniera en Cataluña y en España para impulsar una política económica y social menos lesiva para la mayoría.
La situación de Podemos
Creo que Podemos es el único partido que ha venido defendiendo la única solución razonable a este problema que, si se toma a tiempo, podrá resolverlo con Cataluña dentro de España.
Puede que ello le cueste votos dada la polarización azuzada por los dos bandos extremos. Algo que no deja de ser sorprendente dado que en las encuestas es mayoritaria la idea de que un referendum pactado es la solución.
Es cierto que Podemos tiene un problema a la hora de explicar su posición y que con frecuencia sus portavoces no encuentran las palabras más convincentes.
Tiene además otro problema. Concebido como alternativa a la forma de funcionamiento de los partidos tradicionales, en él todos sus miembros son libres de opinar, pero el ego o la torpeza de algunos les empuja a manifestar en medios hostiles su disconformidad con las decisiones que no les gustan. Deberían pensar que esos medios aprovecharán para proclamar que Podemos es una jaula de grillos.
Hay además otros comportamientos menos justificables, como el de Dante Fachín, que compara a Pablo Iglesias con Rajoy por haber dado, de conformidad con casi todos los dirigentes territoriales, la voz a los inscritos en Cataluña para que decidan las alianzas electorales. El resultado de la votación demuestra que Dante Fachín estaba actuando por su cuenta contra la mayoría de inscritos.
Pero estas situaciones son inevitables y la ventaja de Podemos es que acaban resolviéndose por decisión de los inscritos.
En todo caso la ofensiva contra este partido es permanente y exacerbada en los medios conservadores, que se quejan de la polarización y luego atacan a Podemos porque no cae en ella. Le acusan de ambigüedad, y no hay ambigüedad cuando dice “ni una cosa ni otra, sino esta tercera”. Comentan además con satisfacción esas encuestas en las que Pablo Iglesias es el líder peor valorado, sin comprender que eso no va en desdoro de Pablo Iglesias, sino de nuestra querida España, que valora por encima de Iglesias a M. Rajoy o a Albert Ribera.
Esto nos remite al punto básico: no es muy visible, ni muy efectiva la estrategia de Podemos para ir transformando, con la vista puesta en el plazo medio y largo, la ideología de la mayoría de la población, tan extraviada que valora en más a los que la esquilman y esclavizan que a los que intentan beneficiarla.
Cuatro notas para concluir
-La juez Lamela ha recibido la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil en agradecimiento a que consideró que la agresión a un teniente y a un sargento fuera de servicio, y a sus respectivas parejas, constituye un delito de terrorismo en concurso ideal con lesiones, atentado y delito de odio. Por estos delitos viene manteniendo en prisión preventiva desde hace más de un año a tres de los siete detenidos. La misma jueza ha recibido este año la medalla al mérito policial. Si se da por hecho que los jueces se limitan a aplicar la ley, parece que esto no debería ser un mérito premiado con medallas.
-Maza no veía ilegal que el señor Moix, Fiscal Jefe Anticorrupción, tuviera una sociedad en Panamá. Pero si eso no es ilegal, quiere decir que tenemos leyes nada respetables. Llevar una sociedad a un lejano paraíso fiscal sólo puede tener una finalidad: opacidad y evasión fiscal. ¿Quiénes han elaborado leyes que no lo persiguen y que además establecen artificios que favorecen la evasión de impuestos? Pues ya saben. Respeto a la ley.
-Naturalmente, los medios conservadores no han dado la primera página a las graves acusaciones de jueces y fiscales contra el PP, pero sí la comparecencia de Juan Carlos Monedero en el Senado, acusado por el PP de corrupción en virtud de hechos que varias veces han sido rechazados por el Tribunal Supremo. Entretanto por ahí anda Juan Luis Cebrián anunciando una Fundación de PRISA presidida por él para garantizar la autonomía de la redacción de El País y la no ingerencia en esa autonomía. Acto seguido ha añadido que esa Fundación tendrá poder de intervención tanto en el nombramiento y cese del director como respecto a la línea editorial. O sea, que Cebrián controlará para impedir que controlen otros. Llama autonomía a la falta de autonomía y garantía de no ingerencia a la ingerencia.
Lo que les digo, mentira sistemática.
-Y para terminar un detalle que revela el desconcierto ideológico que nos envuelve: Puigdemont ve repentinamente la luz y describe a la Unión Europea como “un Club de países decadentes y obsolescentes, en el que mandan unos pocos ligados a intereses económicos cuestionables”. Al momento todos los biempensantes se le echan encima acusándole de coincidir con la extrema derecha. Como si la extrema derecha no pudiera decir verdad alguna. El problema de Puigdemont no es coincidir con la extrema derecha en esto, sino haber obedecido, cuando fue Presidente, a esos “intereses económicos cuestionables”.
