El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una página, “Versión Original”, para salir al paso de las informaciones erróneas que publiquen los medios privados sobre actuaciones de ese Ayuntamiento.
Es conocida la inquina con que algunos de estos medios han encajado la victoria de la izquierda en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y también el comportamiento informativo que esa inquina viene provocando.
Cuando una institución pública se ve agredida por noticias falsas y tergiversaciones puede perder el tiempo reclamando ante los tribunales, que se encogerán de hombros remitiéndose a la libertad de expresión. Puede tratar de conectar con los autores de las noticias falsas para que rectifiquen, pero parece que muchos periodistas no se ponen al teléfono si es para esto. Cabe también enviar a los medios rectificaciones que no se atenderán.
Si se comprueba la ineficacia de estas soluciones vale hacer lo que el Ayuntamiento de Madrid: abrir una página para ir exponiendo con qué informaciones no está de acuerdo y por qué. Dicho de otra forma, para matizar o rectificar informaciones periodísticas que el Ayuntamiento considera incorrectas o incompletas.
Reacciones
Gran revuelo. Al momento Isabel Rosell, protavoz del PP en el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento tildó la página “de digna de George Orwell y su Ministerio de la Verdad” y avanzó que pedirá una moción de urgencia para borrarla. Begoña Villacís, de Ciudadanos, calificó la página de “inaceptable” porque utiliza un dominio público para hacer propaganda de partido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la web tiene “cierto tufo a Regímenes totalitarios”.
Que miembros del PP digan estas insensateces es algo normal. Extraña más el comentario del socialdemócrata Antonio Miguel Carmona, que se apresuró a reclamar que Manuela Carmena elimine la web aduciendo que “la democracia es libertad para equivocarse”.
Pero dejemos a nuestros políticos con sus disquisiciones sobre la libertad de expresión y miremos a otras partes. Nada tan ilustrativo como asistir, en una tertulia de la SER, a una pugna por ver qué tertuliano condenaba esa página con gestos más elocuentes de democratismo ofendido.
¿Puede extrañar que, a su vez, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), haya denunciado que esa página tiene “un halo de censura”? “El papel del periodista -ha dicho- es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implica que el poder usurpa el papel de los medios de comunicación, y no tiene cabida en una sociedad democrática. En un país democrático como España la información tiene que ejercerse “con todas las garantías de libertad en fondo y forma”. “Y en este caso, esta medida atenta contra esos derechos en la forma”. Profunda teoría del fondo y la forma, sacada a saber de dónde.
De manera que hay gente, incluso alguna bienintencionada, que cree que la libertad de expresión existe (¡ya es ingenuidad!) y que esa libertad es atacada si alguien, sea quien sea, decide expresarse para contradecir noticias aparecidas en los medios. “La Constitución -ha alegado Elsa González- garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”. Pues eso, eso mismo. ¡Lástima que la Constitución no lo garantice!
La sorpresa
Y estando en estas he aquí que se conoce un precedente: ¡También la Comisión Europea ha tenido abierta una página semejante desde 2012 para dar su visión sobre noticias que considerase falsas o erróneas! Esta página no ha suscitado reservas ni condenas en Europa (a cuyo conjunto se supone más tradición democrática que la nuestra), y ha sido cerrada el pasado noviembre, pero no porque atentara a la libertad de expresión, sino porque se pensó que carecía de efectividad y que las redes sociales son más rápidas y eficaces.
Naturalmente, este precedente ha descolocado a los críticos que hablaban de totalitarismo y ha dejado claro que el nivel teórico en que se mueven muchas de las personas que fabrican opinión en nuestro país no es alto.
Sentido común
Pues veamos: la página del Ayuntamiento ¿ataca o impide la libertad de expresión de alguien? A los medios privados no se les impide seguir informando como tengan por conveniente. Se trata sólo de que el Ayuntamiento se exprese a su vez, y esto, en puridad, no disminuye, sino que aumenta aquella libertad tanto y tan mal invocada.
La presidenta de la FAPE afirma que el periodista posee un código deontológico que habla de rigor, confirmación, veracidad, de ética en resumidas cuentas. Y la alcaldesa Carmena ha dicho en respuesta a sus críticos que considera a los periodistas “aliados de la transparencia y de la democracia” y que “precisamente por eso se ha hecho la web”.
Supongo que estas frases obedecen en un caso a autopropaganda y en otro a diplomacia. Pues ¿de verdad creen González y Carmena que los periodistas que trabajan en medios privados controlados por el capital, o en medios públicos controlados por las mafias políticas, se pueden permitir el lujo de poseer un código deontológico que habla de rigor, confirmación y veracidad, o de ser aliados de la transparencia y la democracia? Seguramente muchos querrían serlo, pero entonces tendrían que caminar por sendas prohibidas y sufrir las consecuencias. Y hay muchos que no quieren serlo, de ninguna forma.
Para empezar, ningún periodista puede dedicarse, en nombre de la transparencia y la democracia, a denunciar las diversas formas en que los propietarios de su medio hacen imposible la transparencia y la democracia. La razón es muy simple: si alguno lo hiciera tendría que cambiar de profesión.
A vueltas con la libertad de expresión
Valga repetir que la llamada libertad de expresión tiene dos aspectos, uno negativo (que nadie sea perseguido por expresar sus opiniones) y otro positivo que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación y requiere matizaciones: dado que no todo el mundo tiene calidad intelectual suficiente como para que sus ideas merezcan ser acogidas en tales medios, ni habría espacio para todo aspirante, se puede convenir en que hay libertad de expresión si todos los grupos socialmente relevantes (científicos, políticos, ideológicos, artísticos, etc.) tienen un acceso equitativo a los medios a través de las personas elegidas por ellos.
Se sigue de esto que, cuando los medios son de propiedad privada, la libertad de expresión no existe en el segundo sentido: o sólo existe la que permitan sus dueños, no obligados, por otra parte, a explicar y justificar sus decisiones. Ellos fijan la línea editorial y los intereses generales a los que hay que servir, de qué hay que hablar, con cuánta insistencia, qué hay que callar, quiénes y cómo colaboran en esta tarea, quiénes tienen acceso a sus medios y a quienes les están vedados, etc.
Hábitos que engañan y verdades censuradas
Estamos muy acostumbrados a considerar que algunas cosas están ahí porque no puede ser de otra forma, como si obedecieran a leyes naturales, y así damos por supuesto que los medios de comunicación de propiedad privada pertenecen al conjunto de cosas indiscutibles, incluso que son una condición de democracia por el trabajo de fiscalización y denuncia que llevan a cabo, idea que se refuerza por el mucho despliegue con que estos medios hacen su promoción.
Pero para ver hasta qué punto los medios censuran la libertad de expresión basta reparar en que están ausentes en ellos los principales temas que afectan a las condiciones de vida de la población.
No podemos encontrar una crítica persistente y bien razonada a la libre economía de mercado, ni una insistente y razonada petición de que se ponga un límite a la riqueza privada, ni siquiera de que aumenten los impuestos a los ricos, ni podemos esperar más que adhesión a la pomposa Declaración Universal de Derechos Humanos que en su día redactaron los sicarios de la plutocracia mundial. El control de noticias y opiniones llega al punto de que, ahora que se cumple el 70 aniversario de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre poblaciones civiles, ningún periodista se atreverá a decir que Estados Unidos cometió uno de los más crueles y cobardes genocidios de la historia (seguido luego de otros muchos perpetrados por el mismo país).
Peor aún: si alguien incontrolado osa atacar alguno de los dogmas oficiales del conservadurismo, los propios medios se apresurarán a dictaminar que es un populista, un radical y lo que quieran añadir. Esta es la libertad de expresión de las sociedades capitalistas.
Evidentemente la solución no son los medios públicos controlados por mafias políticas. Así que hay que insistir en que una condición necesaria para la libertad de expresión y la democracia es que desaparezcan los medios privados y sean sustituidos por medios públicos bajo control social. La persistencia de los medios privados supone dar a los dueños del dinero (y sólo a ellos) la capacidad de controlar la información y la opinión que llega a las mentes de la población. (Me remito a lo escrito en este blog sobre Medios de comunicación privados y democracia).
De manera que poco sentido tiene el alboroto por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya abierto una página para defenderse de noticias falsas. Ni que decir tiene que, mientras la propiedad privada de los medios se mantenga, la izquierda hará bien en proporcionarse sus propios medios de comunicación, para que también sus argumentos se hagan públicos.
